En 2014, el pequeño empresario local Rigoberto Verduzco Rodríguez —propietario de un autolavado en Colima—, apareció públicamente como representante de la empresa Gabfer S.A. de C.V., interesada en el proyecto de explotación de una mina en Zacualpan, pero no dio a conocer los nombres de los socios inversionistas.
Para ese entonces, ya se encontraba en su apogeo el movimiento de un sector importante de la población de Zacualpan en contra de la mina, pues desde finales de 2013 el empresario había tratado de convencer a los comuneros de otorgar su aprobación, primero a cambio de beneficios a la comunidad y después con el ofrecimiento de dinero en efectivo a cada comunero.
Cuando estallaron las protestas, funcionarios estatales y federales habían negado conocer la existencia de un proyecto minero para esa comunidad, sin embargo existen evidencias de que desde noviembre de 2011 una empresa canadiense ya tenía listos dos estudios de impacto ambiental en materia de minería, uno específicamente en Zacualpan y el otro indeterminado pero dentro del municipio de Comala.
La empresa Consultores en Ecología con Visión Integral S.A. de C.V. (Corevi) concluyó una Manifestación de Impacto Ambiental, en su modalidad general, del proyecto Heliotropo, ubicado en el territorio de Zacualpan, y otro estudio similar fue realizado en torno al proyecto Tigrilla, amparado por la concesión 227572, otorgada en 2006 también en el municipio de Comala.
La empresa que encargó estos estudios, según lo informa Corevi en su sitio web, es la Minera Teck S.A. de C.V., con sede en Guadalajara, y subsidiaria de la compañía canadiense Teck Resources Limited, con oficinas centrales en la ciudad de Vancouver.
Aunque en el discurso gubernamental el tema de la mina se considera superado, los integrantes de la Misión Internacional y Nacional de Observación del caso Zacualpan, que visitaron la entidad del 1 al 4 de marzo pasado, estimaron que el asunto se mantiene latente.
Otorgado en octubre de 1995 a nombre del fallecido Adolfo Pineda Martínez, el título de concesión 211872, que afecta el lote minero denominado Heliotropo, abarca un periodo de 50 años.
Después de entrevistarse con funcionarios estatales, federales y municipales, los miembros de la Misión se mostraron sorprendidos debido a que todos ellos “repitieron de muchas formas y maneras que no hay conflicto minero en Zacualpan porque no hay un proyecto minero operando”.
Según los activistas, el 18 de julio de 2014 la Secretaría de Economía recibió para su inscripción un contrato de asociación para la exploración y explotación por parte de la empresa Gabfer S.A. de C.V., “lo que implica que hay un proyecto minero y un promovente, y aunque haya sido improcedente en su inscripción, como se cita en el expediente 626/2014 de la Secretaría de Economía, ello significa que sí hay recurrentes intentos para la implementación de un proyecto minero”.
Existen varias evidencias, señalaron los observadores, de que dos concesiones siguen activas en el territorio de Zacualpan, como el hecho de que “cada año alguien está pagando los derechos para que no se les dé de baja”.
CONFLICTO “ADMINISTRADO, DOSIFICADO, MANIPULADO Y FINANCIADO POR EL GOBIERNO ESTATAL”
En relación con la crisis que ha vivido Zacualpan desde hace casi año y medio, primero con la mina en el centro del conflicto y ahora la posesión del parque ecoturístico Ojo de Agua, el antropólogo Gilberto López y Rivas, miembro de la Misión, responsabiliza al gobierno de Colima de haber introducido en esa población “un supuesto conflicto intercomunitario” con la finalidad de romper el tejido social de la resistencia a través de la actuación de “un grupúsculo” ligado al PRI que no deja trabajar a las autoridades comunales electas en asamblea.
Se trata, dice, de “un conflicto administrado, dosificado, manipulado y financiado por el gobierno del estado en el que ocultan quién está detrás de las minas, quién está detrás de mantener el Ojo de Agua para los priístas, pero lo que se ve es una alianza de las autoridades con ese grupo para mantener el statu quo”.
Desde el punto de vista de López y Rivas el objetivo es dejar el territorio libre a las trasnacionales para convertir a Colima en el paraíso de las corporaciones, “como el lugar donde el capital puede hacer y deshacer como quiera”.
A juicio del grupo de observadores, provenientes de 18 organizaciones de Canadá, Estados Unidos y México, el conflicto de Zacualpan fue originado también por una política implementada por el gobierno federal, que “de forma indiscriminada y sin respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ha entregado infinidad de concesiones mineras”, sin que los pueblos de todo el país, y del estado de Colima, estén enterados y mucho menos consultados en forma previa, libre e informada.
“Esta política entreguista y de despojo —añadieron en su informe final— genera que el 44 por ciento del estado de Colima haya sido entregado en concesión a diferentes promoventes de empresas privadas de capital nacional y extranjero, lo cual hace que Colima ocupe el deshonroso primer lugar a nivel nacional en territorio concesionado”.
Datos del Sistema de Administración Minera, de la Secretaría de Economía, muestran que en el periodo de 2002 a 2014 casi se triplicó el número de concesiones mineras en la entidad, de 113 a 297.
La misma dependencia reporta que en la actualidad una decena de compañías mineras trasnacionales, originarias de Estados Unidos, China, Canadá, Reino Unido, Argentina, Italia e India, están en territorio colimense realizando labores de exploración, desarrollo o en plena producción.
La mayor parte de estas empresas se dedica a la extracción de hierro, en tanto que otras buscan oro y plata. Entre ellas destacan las estadounidenses Tara Minerals Corp. Subsidiary of Tara Gold, Jaguar Mining Enterprises Inc. y Cotton & Western Mining Inc, la china Tianjin Binhai Harbor Port Int. Trade, la canadiense Macmillan Gold Corp., la inglesa London Mining Plc y Ternium, de capital italo-argentino.
El antropólogo López y Rivas dice que Colima —uno de los estados más pequeños del país— “es un caso paradigmático en cuanto a la entrega de los territorios a la ocupación integral que sufre el país a partir de las llamadas reformas estructurales y el modelo neoliberal, es decir, esta entidad no es más que el espejo de lo que ocurre en toda la República en el tratamiento racista y subordinante contra los pueblos indígenas para que dejen de resistir”.
Con una población de poco más de 2 mil habitantes, Zacualpan es una de las comunidades indígenas más grandes de Colima y, según las mediciones de pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se encuentra en el tercer lugar de las localidades con mayor rezago social en el estado.
La Misión estuvo integrada, entre otros, por Jennifer Moore, de MiningWatch; María Colín, de Greenpeace; Mario Gálvez, de Peace Action; Miguel Ángel Mijangos, del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero; Gustavo Castro, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería; Alison Wright, de Environmental Defender Law Center; María González, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario; Claudia Gómez, del Colectivo de Abogados de Jalisco; y personajes como la cineasta Dana Rotberg y Gilberto López y Rivas.
A finales de 2013, un amplio grupo de comuneros de este lugar, encabezados por Epitacia Zamora (fallecida recientemente), Jesús Santos, Dilva Peña y Rosalío Martínez, entre otros, se inconformaron contra la directiva de Bienes Comunales que encabezaba Carlos Guzmán Teodoro, a quien acusaron de tratar de imponer un proyecto minero pese al rechazo de la asamblea.
Agrupados en el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, pidieron el respaldo y asesoría del grupo ambientalista Bios Iguana, con la preocupación por el riesgo que implicaría la actividad minera para el manantial Ojo de Agua, que además de dar vida a un balneario ecoturístico de la comunidad, la abastece de agua potable a ella y a cerca de 300 mil habitantes de la capital del estado. (Proceso 1939)
El movimiento contra la mina logró en febrero de 2014 la destitución de los representantes comunales y el nombramiento de otra mesa directiva, que estuvo en funciones provisionalmente hasta diciembre de ese año, cuando un tribunal ordenó otra elección en la que triunfó de nuevo la corriente cercana al CIDTZ, con Taurino Rincón Lorenzo como presidente de Bienes Comunales.
A lo largo de este periodo se ha vivido un ambiente caldeado al interior de la comunidad, con conatos de violencia, luego de que los seguidores del depuesto dirigente comunal Carlos Guzmán —identificados con el PRI— han mantenido tomado por la fuerza durante varios meses el balneario ecoturístico Ojo de Agua, que representa ingresos de alrededor de 100 mil pesos mensuales, a pesar de que el TUA 38 determinó que su administración corresponde a las autoridades comunales legalmente constituidas.
De acuerdo con denuncias realizadas por el CIDTZ y por Bios Iguana, el conflicto de Zacualpan ha arrojado un saldo de detenciones temporales, hostigamiento y amenazas de muerte en contra de integrantes y activistas de estas organizaciones, particularmente Esperanza Salazar Zenil, Jesús Santos Quirino, Dilva Peña Velázquez, Giovanna Ramírez Pimentel, Montserrat Cárdenas Rojas, Misael Andrade Simental, Gabriel Martínez Campos, Víctor Andrés Cruz Chi y Alejandro Bueno Salazar. Los tres últimos se vieron obligados a salir del estado para resguardar su integridad física.
En el informe de su visita, la Misión Internacional denunció que en Colima prevalece un clima de “criminalización, persecución y amenazas” contra defensores de derechos humanos, y exigió al gobierno estatal implementar medidas cautelares para la protección de los habitantes de la comunidad y los activistas que se encuentran en riesgo, de manera especial atender en forma inmediata los casos de quienes tuvieron que emigrar del estado.
Los observadores, en su informe final, llegaron a la conclusión de que en Colima “prevalece el contubernio, la impunidad, la falta de procuración de justicia, la violación a los derechos humanos y la discriminación a los pueblos indígenas por parte del gobierno del estado y del federal”.
(Una versión de este texto fue publicada originalmente en la agencia Apro y en el sitio web de la revista Proceso, en la liga http://www.proceso.com.mx/?p=398831)
http://colimatrespuntocero.com/minera-canadiense-tenia-listo-desde-2011-estudio-de-impacto-ambiental-para-zacualpan-especial/
