Las mineras transnacionales se han lanzado a la colonización del territorio nacional provocando un impacto social y ambiental. Casi el 70% de las concesiones para explotación están en manos extranjeras
Las mineras de Slim, Larrea y Bailleres, favorecidas desmedidamente en los últimos 12 años, de acuerdo a publicaciones especializadas, son las más rentables de todo el país, principalmente por los bajos salarios a los mineros y la condonación de impuestos federales y locales con que se les privilegia.
Solo la condonación en impuesto predial, servicio de energía eléctrica, suministro de agua potable y otros servicios locales, además de derechos federales no declarados, como el pago de cuotas de Seguro Social, hace que las utilidades de las empresas vayan a la alza bajo la complacencia de las autoridades federales.
Almaden Mineral, un caso aparte
La minera canadiense Almaden Mineral inició ya la exploración de más de 2 mil hectáreas de suelo comunal de Ixtacamaxtitlán, Puebla, el que era utilizado por los pobladores locales para el pastoreo, la siembra agrícola y la explotación forestal; en ese sitio se inició ya la barrenación –con el consecuente daño ecológico- para detectar las vetas de oro que abundan en la zona.
Con las 2 mil hectáreas más que se le han entregado a Almaden Mineral ya suman 16 hectáreas de suelo sobre las que tiene derecho preponderante de explotación la empresa canadiense, aun cuando en realidad viene teniendo dominio sobre casi 20 mil hectáreas de suelo, de donde decenas de pobladores indígenas ya han sido desplazados.
Almaden Mineral tiene presencia en la industria minera de Canadá, Estados Unidos y México, pero es aquí en donde ha logrado sus mayores utilidades al crecer exponencialmente en los último seis años, al obtener concesiones para explotación de suelo con yacimientos minerales para los próximos 50 años.
Las concesiones más importantes entregadas a la minera canadiense se lograron en el año 2008, cuando desde la federación le otorgaron los permisos para la exploración y explotación de 55 mil 990 hectáreas en la zona de Ixtacamaxtitlán, principalmente en la comunidad Tulgtic, en la sierra norte del estado de Puebla, donde lleva a cabo el llamado proyecto Ixtaca, el más ambicioso a nivel nacional para la extracción de oro.
Justicia por un tubo
Al ver que la comunidad indígena de Puebla no publicó un amparo por cuya inserción se cobraban 40 mil pesos, un juez federal determinó finalizar anticipadamente el juicio de garantías iniciado por los indígenas como única esperanza para no permitir el proyecto de muerte en su comunidad.
Con la decisión del juez de no atender la demanda de violación de garantías de la comunidad Nahua de Cuacuila, en el municipio de Huauchinango, Puebla, se benefició a las empresas Gasoductos del Altiplano Termigas S.A. de C.V. y Gasoductos Mexicanos S.A. de C.V.
Estas dos empresas son las que abanderan el proyecto del gasoducto de Gasomex, que consiste en el transporte por ducto de gas propano comercial, que va de la terminal de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, a la terminal de Atotonilco de Tula, en Hidalgo, con una extensión de 300 kilómetros lineales.
El proyecto del gasoducto que no quiso ser frenado por la justicia federal cruza por los estados de Hidalgo, México, Puebla y Veracruz, en donde afecta al entorno ecológico y las condiciones de seguridad de 24 municipios, mil 500 pequeños propietarios y 70 ejidos.
De todos los núcleos poblacionales que afecta el paso del gasoducto, solo el de la comunidad indígena de Cuacuila fue el que optó por la vía legal para frenarlo, pero el propio sistema les negó la posibilidad de defenderse.
Sin embargo, en una rueda de prensa, la abogada Patricia Montaño Flores explicó que en el Artículo 1 constitucional y los tratados internacionales amparan a la comunidad indígena para que decidan sobre los proyectos que se harán en sus territorios.
Este no es el primer caso en donde el sistema judicial se pone del lado de las empresas. Solo en lo que va del 2015, se estima que al menos 18 comunidades indígenas de la sierra norte de Puebla han buscado la protección de la justicia federal para tratar de frenar los proyectos de explotación del subsuelo, sin que a la fecha se haya concretado el amparo a favor de las comunidades demandantes.
En la mayoría de los casos los proyectos de amparo ni siquiera son admitidos en los juzgados al no cumplir con requerimientos técnicos, principalmente en su estructura de petición, lo que hace más cuestionable la aplicación de la justicia federal, dijo el maestro Juan Romero, especialista en derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Aseguró que en el país la negativa de los amparos para las comunidades indígenas es casi general, sobre todo cuando se trata de proyectos de explotación del subsuelo, porque los jueces buscan fallas técnicas en la demanda de amparo, en lugar de ver las razones que les asisten a los demandantes. Por eso se dan casos en donde se suspende el juicio porque no se cumplió con la publicación de un edicto, que es algo técnico.
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