Hace unos días la administración saliente del Ayuntamiento de La Paz, en una sesión privada de cabildo, concedió irregularmente la autorización de cambio de uso de suelo al proyecto minero Los Cardones. Ante ello el gobierno del estado de BCS detuvo su publicación para que no tuviera efectos, pero ¿qué significa este permiso, puede el proyecto comenzar a operar ya?
Para que el proyecto minero pueda iniciar se requieren varios permisos de los 3 niveles de gobierno, pero ninguno es vinculante a otro, es decir, que el gobierno federal otorgue un permiso, no significa que el ayuntamiento tenga que autorizar lo correspondiente a sus atribuciones. Lo menciono porque en ocasiones, los ayuntamientos a través de los regidores otorgan licencias dentro y fuera de sus facultades con el pretexto de que estos ya cuentan con los permisos federales y/o estatales y dicen estar obligados a otorgarlos.
En el caso de los proyectos de minería, como Los Cardones, lo primero que obtienen es la concesión minera. Trámite que otorga la dirección de minas de la Secretaría de Economía y es muy fácil de obtener, no es necesario tener la propiedad de los terrenos, y se paga menos de 150 pesos por hectárea al año. Debido a esta facilidad y lo barato que resulta, una cuarta parte del país está concesionado a actividades mineras.
Otras autorizaciones que dependen del gobierno federal son: el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF) y la Autorización en Impacto Ambiental (AIA). El primero, se refiere al hecho de que alguien pretenda remover total o parcialmente la vegetación en terrenos forestales con la finalidad de utilizarlos para actividades no forestales, como en el caso de la minería. Éste lo otorga la Semarnat, y es obligatorio pedir la opinión del Consejo Forestal, donde interviene la ciudadanía. A diferencia de la concesión minera, para el CUSTF si es obligatorio tener propiedad legal de los terrenos.
El segundo, la AIA otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), es quizás el trámite más conocido y el que obtuvo Los Cardones positivamente pero de forma condicionada, es decir, “te autorizo pero antes debes hacer más estudios y conseguir más permisos previo a iniciar actividades”. De hecho se indica en el resolutivo de Los Cardones: la autorización no obligará en forma alguna a las autoridades locales para expedir las autorizaciones que les corresponda en el ámbito de sus competencias.
Si el área en que se pretende iniciar una actividad minera se encuentra donde un Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) lo prohíbe, porque esa área es de protección o conservación, ni la Conafor ni la Semarnat podrán autorizar el CUSTF y la AIA. Tema que dejó pendiente el ayuntamiento de Esthela Ponce y Francisco Monroy.
Los municipios son los responsables de promulgar y hacer cumplir este instrumento, así como el Programa de Desarrollo Urbano (PDU). La diferencia entre los dos, es que el POEL regula el uso de suelo en todo el municipio, y el PDU los centros urbanos, es decir, el PDU norma la zona urbana de la ciudad capital y el POEL el resto del municipio. Ambos instrumentos pueden ser modificados por el ayuntamiento, previa participación y consulta pública, y no de forma unilateral mediante un plumazo.
El PDU es vinculante en la emisión de permisos municipales como la “autorización de de uso de suelo” y licencias de construcción. En materia federal, debe ser considerado obligatorio para la evaluación de impacto ambiental de proyectos. ¿Pero qué tienen que ver estos trámites con los proyectos mineros planteados en el municipio de La Paz? Actualmente, la minera Pitalla cuenta con un resolutivo negativo en materia de impacto ambiental debido a su incompatibilidad con el PDU de La Paz, tanto ejidatarios de San Antonio como la empresa promovente interpusieron demandas de amparo en contra del resolutivo y el PDU, sin embargo no han procedido.
Si bien, el proyecto Los Cardones cuenta con un resolutivo a favor por parte de Semarnat, se puede cancelar por diversas irregularidades legales, además, el contar con esta autorización, no significa que puedan empezar a operar. Aún si el reciente y polémico cambio de uso de suelo fuera válido, su permiso está condicionado todavía a múltiples acciones.
Entre las condicionantes destacan que la empresa debe obtener autorizaciones de distintas dependencias: por parte del ayuntamiento, además del dictamen de uso de suelo (si fuera válido), necesitan la licencia de construcción. Por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) requieren la autorización -que no se ha dado- para operar en Área Natural Protegida, de hecho, este trámite queda señalado como condicionante dentro del resolutivo de la AIA; de Semarnat todavía falta el cambio de uso de suelo forestal, para lo cual deben acreditar la propiedad de los terrenos, que todavía no hacen; de la Conagua, también señalado en el resolutivo de la AIA, solicitan los permisos para exploración de pozos playeros, que ya fueron negados por el pasado delegado federal, y la empresa está litigando esta negativa. Lo mismo por el Instituto Nacional de Antropología e Historia ya que la zona del Carrizal es un yacimiento con fósiles de mamíferos terrestres del Pleistoceno.
Por ello es falso que la empresa promovente de “Los Cardones” solo requiere la anuencia del ayuntamiento para iniciar. Aún así, aunque les falten más autorizaciones, el rechazo del sector empresarial, organizaciones no gubernamentales, académicos y ciudadanía en general, es evidente y la presión social ha sido muy fuerte.
Si bien, el gobierno estatal se pronunció en contra de la minería tóxica y manifestó en el Boletín Oficial que no se publicaría el cambio de uso de suelo, aún le quedan asuntos por resolver. De acuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur, (artículo 12) la Secretaría de Planeación Urbana e Infraestructura, debe otorgar un “Dictamen Técnico” y decidir sobre la conveniencia de las obras proyectadas en el estado, proveyendo las medidas necesarias a las que deban sujetarse las áreas y predios no urbanizados.
Así pues, esperamos que el gobierno entrante de Carlos Mendoza Davis no solo rechace a la minería tóxica, sino que responda a la democracia asentando su discurso en un papel, y que el nuevo ayuntamiento trabaje en un POEL donde se prohíba esta actividad.
@alejandrolivera
http://www.bcsnoticias.mx/el-
