El Consejo de Autoridades Agrarias de la Montaña/Costa Chica en Defensa del Territorio y en Contra de la Minería y de la Reserva de la Biosfera y la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) rechazan los acuerdos políticos, financieros, de regulación y leyes que el gobierno mexicano establezca con los empresarios mineros dentro de la 31 Convención Internacional de Minería que se desarrolla desde este día y hasta el 10 de octubre en Acapulco.

Mediante y comunicado enviado a esta redacción las organizaciones manifiestan que su rechazo se basa en las vivencias que han sufrido por la entrega de los bienes naturales empresas privadas de capital nacional y extranjero, quienes “a través de las más devastadoras tecnologías, destruyen nuestros territorios, dejan daños irreversibles a la salud y al ambiente, promueven la división y la confrontación social y fomentan y acuerdan condiciones ideales para la implantación de territorios plagados de inseguridad, impunidad y sin procuración de justicia”.

Reprochan que técnicas nocivas de explotación como la de cielo abierto y de tumbe y relleno son posibles gracias a que los gobernantes han establecido un marco regulatorio que facilita y legaliza el despojo de las tierras y el territorio de los pueblos. “Es un marco legal totalmente violatorio de los derechos humanos y colectivos”

En el comunicado firmado por Comisariados que conforman las organizaciones aseguran que su movimiento es cada vez más fuerte y grande y conminan a los empresarios que le pusieron a esta convención “el vergonzante eslogan de Minería, desarrollo y responsabilidad social” a que visiten lo que les ha dado por llamar el “Cinturón dorado de Guerrero”.

“El reto es ver si son capaces de ingresar a esta zona sin escoltas, sin el ejército y sin la policía federal. Ahí observarán claramente las mentiras de su eslogan y se darán cuenta que no es más que una burla y afrenta directa para la población de una vasta región, en donde cada día hay más comunidades despojadas de su territorio y son cientos de familias quienes han iniciado el desplazamiento”, añaden.

Retan a que vayan “a pagar los tributos fruto de la extorsión y de los secuestros que se han vuelto una causa común, la cual está oculto por nuestro corrupto sistema de procuración de justicia y de seguridad nacional; vayan a atestiguar cómo los desaparecidos y asesinados ni siquiera pueden ser contabilizados porque han desbordado ya cualquier imaginación; aprovechen su visita para respirar un poco de los polvos con metales pesados arrojados por la explotación de minerales por parte de las empresas Goldcorp; Torex Gold Resources Inc.; Newtrike; Nystar o de Minaurum Gold”.

El comunicado añade que si se animan y van tendrán que verificar “si existe alguna comunidad a la cual antes de la entrega de la concesión minera, les hayan consultado o le hayan solicitado el consentimiento previo, libre e informado, tal como lo señala la constitución y los tratados internacionales que el propio gobierno ha firmado”.