El delegado en Michoacán de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Agrario (Sedatu), Alfredo Fernández Peri, comentó que no existe aún la certeza legal sobre el destino de las minas que fueron decomisadas al crimen organizado en la Costa michoacana.
De acuerdo con el funcionario federal, la instancia a su cargo sólo cuenta con el reporte de dos espacios autorizados por el Gobierno de la República para la explotación de minerales que son de la empresa ArcelorMittal en Lázaro Cárdenas y Ternium que se encuentra en el municipio de Aquila.
En este sentido, comentó que en días recientes se instaló el Comité Minero que está constituido por un representante de los municipios que cuenta con el reconocimiento del Fondo Minero; un representante de núcleos agrarios del Gobierno de la República; así como una persona representante de los trabajadores mineros y el delegado de la Sedatu.
Dentro de los trabajos que realizó este organismo, destacó la entrega de recursos económicos etiquetados en el 2014, cuyo monto fue de 73 millones de pesos y que se invirtió en generar infraestructura para el sector.
Para el siguiente año «he recibido algunos proyectos mineros de algunos ayuntamientos para ver el tema de las minas, para comenzar a estudiarlos y someterlos al comité y ver definitivamente que puedan permear en la sociedad».
En lo que respecta a las 16 minas y once patios de maniobra que fueron cerradas por sustraer de manera irregular 998 mil 742 toneladas de material ferroso con un valor de «millones de dólares», según reportó en su momento el Gobierno de la República en Michoacán, esos espacios siguen su cauce legal, resaltando que en las oficinas centrales de la Sedatu el personal de la secretaría lleva la carpeta de seguimiento a este tema. «Están caminando en ello pero no sé ahora en qué van, pero te puedo asegurar que están trabajando para recuperarlas».
Otro tema que abordó el funcionario federal fue sobre los predios que el crimen organizado arrebató a sus legítimos dueños. En este sentido, indicó que no cuenta con noticia alguna sobre este tema, salvo una denuncia que le hizo de manera personal un grupo de personas de Queréndaro.
«Pero de ahí en fuera no tengo más conocimiento formal del tema». Aun así, Fernández Peri indicó que se sentará con el procurador agrario en el Estado y con integrantes del Registro Nacional Agrario para ver esta problemática y subsanarla de la mejor manera.
Cabe recordar que, en esta problemática, el procurador agrario, Cruz López Aguilar y el delegado de la Procuraduría Agraria en Michoacán, José Jorge Campos Murillo, coincidieron que el crimen organizado arrebató parcelas a ejidatarios michoacanos. Pero sólo contaban con el registro de 8 casos documentados en 5 municipios de diferentes regiones de la entidad, especialmente en la zona de Tierra Caliente y la Costa.
Dejando la posibilidad abierta de que podrían existir más situaciones, pero aun persiste el temor de los ejidatarios de acercarse a las autoridades para denunciar la situación y reclamar los predios que les fueron arrebatados. (J)
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