2 de enero de 2016
Reportaje Especial
La minera San Xavier. Foto: afectadosambientales.org |
El tajo a cielo abierto de la Minera San Xavier, a un costado de este pueblo, es lo que queda del cerro que da nombre al municipio Cerro de San Pedro y que puede verse en el escudo oficial del estado, con San Luis Rey de Francia, con dos barras doradas y plateadas a cada costado, y al fondo un campo dorado y otro azul.
Dos décadas han transcurrido desde que Minera San Xavier, subsidiaria de New Gold Inc., anunció su instalación, consiguió las primeras autorizaciones por encima de un decreto de preservación de la zona y dividió a los pobladores de la cabecera sanpedrense y comunidades vecinas.
Generó además un movimiento social contra el proyecto por sus consecuencias sociales, ambientales y sobre el patrimonio histórico.
El anuncio de que la Minera San Xavier (MSX) cerrará sus operaciones en un proceso que se inició el 1 de enero de 2016 fue recibido con desconfianza por los activistas y organizaciones ciudadanas del Frente Amplio Opositor (FAO), que lucharon contra la concesión a la empresa.
Los activistas suponen que se trata sólo de un cambio de estrategia de la minera para retomar otros proyectos de explotación en la misma zona, pues a la concesión le quedan décadas de vigencia.
Este escenario, advierten los activistas, incluye el riesgo de que la minera reactive su pretensión original de extraer el mineral de la reserva ubicada bajo el centro de Cerro de San Pedro. Así lo planteaba el proyecto inicial, que debió modificarse ante la resistencia ciudadana apoyada por algunos propietarios y ejidatarios (Proceso 1245).
«Hay muchas contradicciones en torno de este anuncio —dice el ingeniero minero Mario Martínez Ramos, originario de Cerro de San Pedro e iniciador del movimiento ciudadano—. Hay señales para creer que lo que se va es la razón social, que ya está muy quemada y está perjudicando mucho a la empresa, no nada más en imagen, sino económicamente. De unos años para acá les ha costado millonadas de dinero mantenerla operando en su ilegalidad».
Martínez Ramos fue uno de los pobladores que asistió a la misa que ofició el padre Margarito Sánchez en el templo de San Nicolás el 10 de septiembre de 1996, al final de la cual directivos de MSX informaron a la gente del proyecto que afectaría 360 hectáreas.
Todo sonaba muy bien: reactivación de la economía local, creación de empleos… hasta que los presentes escucharon que la minera pretendía reubicar el pueblo y algunas comunidades vecinas a varios kilómetros de su lugar original. Surgieron las primeras resistencias.
MSX es una filial de New Gold que se constituyó en San Luis en marzo de 1994 a fin de obtener un total de 1.2 millones de onzas de oro y 47 millones de onzas de plata en poco más de ocho años de explotación. Lo haría mediante el tajo a cielo abierto por lixiviación a base de cianuro de sodio de toneladas de piedras: el resultado de deshacer el cerro con explosivos.
«Este es un guión de una novela sobre la nueva delincuencia industrial organizada», les dijo el escritor Carlos Montemayor a los activistas que lo invitaron a Cerro de San Pedro a finales de septiembre de 2004 y le expusieron los pormenores del proyecto, del cual se convirtió en un férreo opositor y sobre el que escribió varios artículos en Proceso.
HISTORIA NEGRA
El cierre de operaciones de la minera fue confirmado oficialmente a mediados de diciembre por el delegado de la Secretaría del Trabajo en San Luis, Édgar Durón Puente. Dijo a medios locales que MSX había notificado de manera formal que iniciaría el cierre en los primeros tres meses de 2016, incluyendo la liquidación de los 300 trabajadores.
En agosto, la Secretaría de Desarrollo Económico del estado (Sedeco) ya había anticipado que la primera etapa del cierre correspondería al tajo a cielo abierto, donde la operación se reduciría gradualmente.
De acuerdo con los plazos señalados por esa dependencia, la minera concluiría con la explotación de oro y plata en 2018, para continuar con las acciones de remediación en un plazo que se extendería hasta 2023.
Sin embargo, Martínez Ramos mantiene su escepticismo: «Puede ser un cambio de look, pero será la misma. Porque si ya se va, ¿por qué se han estado promoviendo diligencias judiciales a través del despacho de abogados que siempre le ha prestado servicios para reclamar propiedades en Cerro de San Pedro?».
Se refiere a la reciente publicación, en periódicos locales, de varios edictos en los que se formalizan diligencias de jurisdicción voluntaria, denominadas «información ad perpetuam», en relación con dos propiedades en la zona urbana del municipio.
Estos edictos se publicaron a finales de noviembre con el propósito de probar que se está en posesión de estos inmuebles y que los propietarios son desconocidos o no existen constancias de propiedad en el Registro Público a favor de algún propietario, con lo que posteriormente se puede recurrir al reconocimiento en favor de quien los ocupa.
Según la descripción en esos edictos, uno de los predios urbanos colinda con terrenos municipales. «Bajo este método, MSX se apropió de decenas de predios entre 1997 y 1999», comenta al respecto Carlos Covarrubias, otro integrante del FAO.
Entonces, la adquisición de 26 fincas y terrenos con 14 presuntos propietarios ocasionó que el presidente municipal priísta, Baltazar Loredo, pidiera en noviembre de 1997 que el Congreso del estado realizara una investigación ante «demasiadas irregularidades en la venta de estos predios» durante la gestión de su antecesor, Juan Carlos Escalante.
Cuatro meses después Loredo apareció muerto. La explicación oficial de que se suicidó con un tiro en la nuca no satisfizo a sus familiares. Loredo sólo había cumplido seis meses como presidente municipal.
http://www.proceso.com.mx/?p=425060