Movimiento ciudadano en Sonora irá a instancias internacionales por daño de Grupo México

por | Ene 11, 2016 | 0 Comentarios

 

Por Shaila Rosagel

enero 11, 2016 – 00:03h

La mina Buenavista del Cobre. Foto: Antonio Cruz, SinEmbargo.

Debido a que existen nuevos casos de enfermedades, surgidas a raíz del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en el Río Sonora y de la falta de remediación del afluente, el Sindicato Minero Sección 65 y activistas buscarán ayuda internacional. Este lunes se prevé que presenten resultados de exámenes en peces y agua de Hermosillo.

PROMO-SONORA

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).– A casi un año y medio del derrame de 700 toneladas de metales pesados en el Río Sonora y Bacanuchi, el Sindicato Minero Sección 65 y activistas del movimiento Todos Unidos Contra Grupo México, buscan ayuda de otros sindicatos internaciones y de instancias en Estados Unidos, dijo Antonio Navarrete Aguirre.

El minero miembro del Sindicato Minero Sección 65 de Cananea indicó que los más de 24 mil afectados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico el 6 de agosto de 2014, no han recibido el resarcimiento completo de sus pérdidas ni económicas ni de salud.

El Fideicomiso Río Sonora, constituido con una bolsa de 2 mil millones de pesos, ha sido insuficiente, dijo, pues continúan apareciendo casos de enfermos con lesiones en la piel a lo largo de la ruta afectada.

“Hay daños a la salud, a los ecosistemas, a la flora, fauna, agua contaminada por parte de este suceso que ha estado provocando varias enfermedades en la gente y deteriorando la salud de más de 24 mil personas”, dijo en entrevista Antonio Navarrete.

El minero acusó al Gobierno federal de “ocultar información precisa, clara, sobre la realidad que sucede en el Río Sonora”, agregó.

Por ello los mineros, activistas y algunos ejidatarios costearon exámenes al agua de Hermosillo y de los peces de la presa Abelardo L. Rodríguez que recibió en junio del año pasado, agua de la presa El Molinito, proveniente del Río Sonora.

De acuerdo con Navarrete la preocupación por el agua que están bebiendo no sólo los habitantes de los siete municipios afectados, sino también los hermosillenses, es real y por ello darán a conocer tentativamente el lunes los resultados de los estudios de laboratorio.

“Vemos que a diario las enfermedades van creciendo y los pacientes que han estado contaminados, salud se está deteriorando. Grupo México es responsable y ha dejado abandonada a esta población en un acto inhumano”, dijo.

Navarrete Aguirre lamentó que la compañía de Germán Larrea Mota-Velazco, continúe con sus planes de expansión hacia el Sur, rumbo el Río Bacanuchi, con el respaldo de las autoridades mexicanas, a pesar del derrame del 6 de agosto.

“Si Germán Larrea pudiera llevarse el cobre de Cananea en un día, lo haría, pero el Todos Unidos Contra Grupo México sigue activo: estamos haciendo campañas con la gente para seguir organizándonos por todos los pueblos, y se está llevando el caso a nivel de denuncia internacional”, dijo.

Algunas de las organizaciones son la Fundación Rosa de Luxemburgo. La necesidad principal para los afectados es la ayuda médica para las personas que presentan síntomas de intoxicación.

“Vamos a buscar la solidaridad internacional porque la gente requiere médicos especialistas, toxicólogos. Ojalá el gobierno federal reconociera a estas personas y les diera la atención. Ellos manejan que son 300 afectados en salud, pero no les están ayudando, ni dando seguimiento ni siquiera a los que ellos reconocen”, dijo.

SUPERVISIÓN OBSOLETA DEL GOBIERNO MEXICANO

La mina Buenavista del Cobre. Foto: Antonio Cruz, SinEmbargo.

La mina Buenavista del Cobre. Foto: Especial, SinEmbargo.

En diciembre el diario estadounidense Arizona Daily Star publicó el caso de los enfermos por el derrame de la mina Buenavista del Cobre y dijo que el gobierno mexicano, se tardó en reconocer.

La nota titulada “Derrame masivo deja en evidencia la supervisión obsoleta del gobierno”, recogió la historia de Jonathan Cosillos , un joven de 18 años, originario de Ures, Sonora, reconocido en los más de 300 casos, que finalmente el 4 de agosto Rodolfo Lacy Tamayo, presidente del Fideicomiso Río Sonora, reconoció como los enfermos por el derrame del 6 de agosto de 2014.

El diario destacó las fallas del gobierno mexicano en la detección y realización de los exámenes médicos por parte de la Cofepris, en los habitantes del río Sonora que presentaron síntomas, casi inmediatamente después del derrame de 11 millones de galones de químicos tóxicos.

Así le ocurrió a Cosillo, dice el rotativo, a quien después de nueve meses de tocar puertas y de insistir con sus síntomas, le practicaron exámenes y salió contaminado por Manganeso.

“Han pasado más de un año y los nuevos casos médicos siguen apareciendo . Los investigadores y expertos en medio ambiente en México están advirtiendo que la lenta respuesta del gobierno , junto con las normas de calidad del agua anticuados , han colocado a la población bajo riesgo innecesario”, publicó el diario.

La madre de Cosillo, Blanca Ruiz, confesó al rotativo que el sufrimiento de su hijo antes de empezar con tratamiento, fue tal, que “quería hacer compras para los ataúdes”.

El Gobierno mexicano, aseguró la madre, le realizó unos primeros exámenes que nunca entregó.

“Todavía me pregunto por qué (el gobierno) no me dio los primeros resultados de la prueba”, dijo Ruiz. “Tal vez él dio positivo por otros metales pesados y que no quería decirme.”

Ruiz dijo que presentó una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de Sonora, la cual fue trasladada a los funcionarios federales de la Cofepris.

“Después del derrame, muchas personas fueron a su centro de salud y no fue posible detectarlos”, dijo al diario Joel López Villagómez, el director de un centro de tratamiento temporal que abrió sus puertas en marzo de 2015.

El rotativo enfatizó en que la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), es un consultorio improvisado en una casa habitación en donde se atienden los enfermos, intoxicados, por el derrame de Grupo México.

“Si el gobierno sabía lo que estaba pasando, ¿por qué no tomar acciones de inmediato – de inmediato”, dijo Ruiz al diario.

Adolfo García Morales, delegado de Sonora a la Secretaría de Gobernación de México, dijo al rotativo que las autoridades buscaron activamente a los pacientes a lo largo de la cuenca del Río Sonora.

García Morales indicó que no había una sola persona que se realizó las pruebas, que no recibió los resultados.

“La unidad de epidemiología abrió hace poco, pero eso no significa que no hemos estado proporcionando atención a la población “, dijo .

Al cumplirse un año del derrame, en agosto de este año, Lacy Tamayo anunció que el nuevo centro de tratamiento UVEAS abriría el proceso de licitación para su construcción y que estará listo en 2016.

El centro dará atención a la población afectada en un máximo de 15 años.

EL CASO EN LA SCJN

Profepa confirma un nuevo derrame en Cananea Foto: Cuartoscuro

La contaminación en el Río Sonora. Foto: Cuartoscuro

En octubre, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), dio a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en sus manos el llevar el caso del derrame de 40 mil metros cúbicos de la mina Buenavista del Cobre en el Río Sonora, al terreno de la violación de los derechos humanos.

Lo puede hacer si dictamina que la compañía, subsidiaria de Grupo México, es considerada una autoridad y por lo tanto, tiene la obligación de velar por el medio ambiente de la región que explota.

“El pasado 18 de septiembre dimos a conocer diversas irregularidades en las que incurrió la mina y que fueron obtenidas a través de solicitudes de información. Irregularidades que hacen pensar que no se tienen los permisos necesarios para medir la contaminación a la atmósfera”, dijo Luis Miguel Cano, abogado de PODER.

El caso está a consideración de la ponencia del Ministro Alberto Pérez Dayán en la Segunda Sala de la Suprema Corte por interés y trascendencia.

“El precedente que pueda fijar la Suprema Corte potencialmente podría impactar todo asunto que se cuestione si ciertas empresas son responsables de violaciones a los derechos humanos”, explicó el abogado.

La resolución podría marcar el rumbo del juicio de amparo 1144/2015 que los Comités de Cuenca del Río Sonora interpusieron ante la falta del Plan de Manejo de Residuos Peligrosos de la minera.

La mina está demandada como autoridad en el juicio. En un principio la decisión fue del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, pero el tribunal consideró que “se trata de un caso de interés y trascendencia a nivel nacional”, por lo que envió el caso a la SCJN, para que decida si lo atrae o no.

La demanda de los pobladores se sustenta en la nueva Ley de Amparo de 2013, la cual considera que no sólo al Estado, cuando se violenta a los derechos humanos, sino en ciertas circunstancias también a particulares, a los que, se les podría atribuir el carácter de autoridad responsable según el artículo 5, fracción II.

El antecedente similar a un caso en la Corte con las características del Río Sonora, ocurrió con Teléfonos de México (Telmex), de acuerdo con el director de PODER Benjamín Cokelet.

Sin embargo la Corte decidió no atraer en esa ocasión el caso. De acuerdo con el abogado de la organización para Buenavista del Cobre no hay un plazo para conocer la respuesta.

La decisión podría tomarse este año, si la SCJN decide atraer el tema de Buenavista del Cobre, el dictamen final podría llevar otros cuatro meses más.

Si la minera es considerada como autoridad violadora de los derechos humanos de los habitantes del Río Sonora, el caso marcará un precedente importante a nivel nacional para temas que involucren a empresas concesionarias y medio ambiente.

Movimiento ciudadano en Sonora irá a instancias internacionales por daño de Grupo México

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