Las autoridades agrarias, municipales y tradicionales de la Comunidad Indígena Me’phaa (Tlapaneca) San Del Progreso – Júba Wajiín dieron a conocer en 2013 la obtención de un amparo contra una concesión minera entregada en su territorio, al tiempo que denunciaron que el Gobierno Federal pretende revertir esa inédita resolución.
Las autoridades comunitarias de la comunidad de La Montaña de Guerrero anunciaron que han solicitado formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se avoque al conocimiento del caso para que analice por primera vez si la Ley Minera en vigor es compatible con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos. Aun con la concesión minera que otorgó el gobierno federal, a la fecha la vida de los habitantes de la comunidad es placentera. “No queremos estar como aquellos pueblos que se están enfermando, que cambiaron sus tierras y se están muriendo”, advierte Anastacio Basurto, ex presidente del Comisariado de los Bienes Ejidales de San Miguel. Leer la entrevista:
San Miguel del Progreso, un pueblo que paró a las mineras. Leer también: La minería no es un buen negocio, por Raúl Zibechi y De mineras, cocodrilos y racionamiento de agua, por Iván Restrepo
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