Eso no es establecer el estado de derecho, sino proteger una empresa extranjera denuncia Camilo Torres Mejía
10/05/2016
Camilo Torres Mejía insistió en que no se justificó el uso de la fuerza pública para resolver el conflicto entre la empresa “Metalurgia y Minería el Boleo” y los trabajadores mineros.
La Paz, Baja California Sur.- Para el diputado local Camilo Torres Mejía, no se justificó el uso de la fuerza pública para resolver el conflicto entre la empresa “Metalurgia y Minería el Boleo” y los trabajadores mineros, pues además de que la compañía proveniente de Corea del Sur, tiene un adeudo con el municipio, no respeta los derechos laborales.
“Es querer usar la fuerza pública para resolver conflictos sociales, lo cual no deben de ser, ¿cómo es posible que quieras resolver cada problema social con la policía? ¿estado de derecho? ¿Estado de derecho de los patrones, cuando ellos lo violan , y les avientan a la policía a los trabajadores? ” enfatizó el legislador por el Partido del Trabajo (P.T.)
“No es parejo. Porque no es cierto, se han estado violando y violentando a los trabajadores, tengo una lista de todos los trabajadores que han despedido injustificadamente con nombre y apellido”, aseveró el representante petista.
Torres Mejía indicó que no es establecer el estado de derecho, sino proteger una empresa extranjera, porque supuestamente es el bastión económico de allí y si se detiene afecta la economía, lo cual no es cierto, pues no se observa algún tipo de progreso, pero ni siquiera hay respeto a los derechos ni a las condiciones de trabajo.
“Están mal, mientras sigan actuando de esa manera yo les auguro, así como les auguré que iba a tronar la fracción del PAN, yo les aseguro que en 2018 no sacan ni la mitad, la gente se está disgustando mucho y pareciera que no se están dando cuenta” advirtió.
Ya en tribuna, Torres Mejía, recordó que la empresa estuvo clausurada por la pasada administración municipal por un adeudo de de más de 600 millones de pesos, pero llega la nueva administración, levanta la clausura vuelva a operar y sigue sin pagar. Algo que reconoce la propia alcaldesa Cecilia López.
“Si en aquel entonces se hablaba de más de 600 millones de pesos –que representan casi el 80% del presupuesto de tres años de administración municipal– que la empresa no paga al ayuntamiento y le regatean los derechos a los trabajadores pues no entiendo cuáles son los grandes beneficios que tiene el Estado y los muleginos de esa empresa o para quienes son los beneficios” expuso, el presidente de la Comisión legislativa de Derechos Humanos.
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