El fallo emitido por un órgano de arbitraje del Banco Mundial (BM) a favor de El Salvador y en contra de la minera canadiense Pacific Rim abre el camino para que este país prohíba la minería metálica, aseguraron hoy representes de diversas organizaciones ambientalistas.

“Con este laudo arbitral se abre un nuevo escenario para que las autoridades del Ejecutivo y Legislativo creen la normativa jurídica que permita la prohibición de la minería metálica”, aseguró el miembro de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica Saúl Baños en conferencia de prensa.

El activista de la organización antiminería, compuesta por 9 organizaciones de la sociedad civil, advirtió de que si El Salvador no prohíbe la explotación minera mediante una ley, “van a venir más demandas millonarias similares a las de Pacific Rim”.

Explicó que la primera medida que se puede aplicar, mientras el Congreso discute y aprueba una ley, es que el Gobierno emita un decreto ejecutivo que permita limitar cualquier acción de las empresas mineras.

Por su parte, Héctor Berrios, activista de la misma organización, explicó que el fallo a favor de El Salvador “es un triunfo para las comunidades” y exigió a los representantes de Pacific Rim que “se retiren” del central departamento de Cabañas, donde la empresa pretendía extraer oro y plata.

“Es un triunfo para la población salvadoreña, pero sobre todo para la región (centroamericana), y es necesario continuar con la defensa del territorio y del agua”, acotó.

Berrios hizo un llamado a los diputados del Congreso, con mayoría en la derecha, para que “busquen un consenso para una ley que prohíba la minería” para que el país “no se exponga a demandas internacionales”.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), órgano dependiente del Banco Mundial, falló a favor de El Salvador y determinó que la empresa minera, que pedía una indemnización de 250 millones de dólares, deberá compensar al país centroamericano con 8 millones de dólares para cubrir los costos procesales de un litigio de siete años y medio.

A pesar de la victoria, el Gobierno de El Salvador ha gastado 13 millones de dólares en el proceso judicial, por lo que el fallo de la Ciadi supone una pérdida de cinco millones de dólares.

El caso se remonta a 2009, cuando la minera canadiense Pacific Rim, adquirida en 2013 por Oceana Gold, interpuso una demanda contra El Salvador ante la Ciadi porque el país centroamericano le negó unos permisos para explotar la mina de oro El Dorado, en el departamento de Cabañas.

La empresa Pacific Rim comenzó en 2002 a operar en El Salvador con unos permisos oficiales de exploración, pero llegado el momento, el Gobierno salvadoreño le denegó los permisos de explotación.

Ese rechazo a Pacific Rim se produjo en un contexto en el que el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) anunció su negativa a conceder permisos a compañías mineras y suspendió los otorgados alegando que la explotación minera podía contaminar los escasos recursos acuíferos de que dispone la nación.