La empresa de origen canadiense Almaden Minerals tiene el 72 por ciento de las concesiones a mineras en la Sierra Norte del estado de Puebla, lo cual representa una superficie del 13 por ciento del territorio, reveló este jueves Patricia Legarreta, de la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder).

Esto fue declarado durante el primer Encuentro de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA-México), que se desarrolla en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP).

Además de Legarreta, en el Foro “Minería, proyectos energéticos y conflictos sociales” participaron Leonardo Durán Olguín, del Consejo Tiyat Tlati de la Sierra Norte de Puebla; y Miguel Márquez Ríos, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

La investigadora acusó que la transnacional, dedicada a la especulación en zonas mineras, ha intentado bajo represión, violencia, la compra de voluntades y la falta de consulta imponer proyectos extractivistas.

La representante de la ONG Poder señaló que el gobierno federal y estatal no regula la actividad de explosivos ni los barrenación en los acuíferos de la Sierra Norte de Puebla.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Semarnat y la Profepa no están vigilando la actividad minera en Puebla, y permiten que la empresa Almaden Minerals viole las leyes mexicanas, al facilitar extracciones que dificultan la actividad primaria en las comunidades, sostuvo.

En el ámbito general, expuso que el Estado Mexicano ha concesionado 331 mil 729 hectáreas a empresas privadas sin informar previamente, ni respetar el derecho al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades.

Esto –dijo- en complicidad con las empresas, reprime a las comunidades que se organizan paradefender su territorio.

La organización Poder documentó la existencia de 440 concesiones mineras, además de 15 proyectos hidroeléctricos privados, así como la exploración y explotación de hidrocarburos en campos petroleros operados por Halliburton y Diavaz en el estado de Puebla.

La evaluación dada a conocer por Patricia Legarreta no sólo fue una decisión aleatoria sino que dijo surgió a partir de la preocupación de las comunidades ante el ingreso de la empresa canadiense con el mayor número de concesiones en Puebla.