Estaban rodeados por gente armada con palos y piedras. Los activistas de “Bios Iguana” y los funcionarios del gobierno federal temían por sus vidas. La gente les gritaba que se bajaran de sus automóviles y de pronto golpeaban los vidrios para amenazarlos.

En uno de los vehículos estaba Esperanza Salazar Zenil, coordinadora de la ONG medioambiental “Bios Iguana”, esta ONG tiene casi tres décadas de historias de defensa del medio ambiente colimense. La de Zacualpan fue su última lucha. Durante dos años asesoraron y empoderaron al pueblo para que una mina de oro, plata, cobre y manganeso no entrara.

Esperanza es alta, delgada y siempre lleva el cabello abultado y suelto. Ha estado en Bios Iguana desde su fundación. Esta ONG es su vida.

Hace tres meses que Bios Iguana no iba a Zacualpan. Ese 17 de junio del 2015 los activistas regresaron a petición de la Secretaría de Gobernación, una dependencia de la Presidencia de la República.

Desde el año anterior, el 2014, por las constantes amenazas y agresiones en su contra solicitaron el apoyo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que depende de la Secretaría de Gobernación,les dijeron que para darle trámite a su solicitud, debían ir y evaluar el riesgo con todas las personas implicadas, en el lugar donde se desarrolló el conflicto.

Así volvieron a la localidad de Zacualpan en Colima, un Estado ubicado en la orilla del mapa de la república mexicana, uno de los más pequeños y más violentos del país. Este año —como el pasado— ocupó el primer lugar en altas cifras de homicidios dolosos; además, de acuerdo con el informe 2016 del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Colima es el cuarto Estado más peligroso para defender el medioambiente.

Desde el 2014, el gobierno del Estado de Colima envió las 24 horas, los siete días de la semana dos radiopatrullas con cuatro agentes policiales a Zacualpan, no precisamente para salvaguardar la integridad de la población en conflicto, sino con finalidad de amedrentar: en el informe previo de la Unidad de Evaluación de Riesgos del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas quedó por sentado que uno de los actores que ponían en riesgo a quienes estaban en contra de la instalación de la mina en la comunidad, era la autoridad estatal.

Hace un año Esperanza Salazar Zenil se fue de Colima por temor a ser asesinada y Bios Iguana se tuvo que borrar del mapa.

Los inicios de Bios Iguana

La historia de Bios Iguana comienza en 1990, en la feria de Todos los Santos de Colima, más de dos décadas atrás del conflicto en Zacualpan. Esperanza tenía veintitantos años y se dedicaba al comercio de artesanías —todavía lo hace—; su modo de vida implicaba constantes viajes. En la feria de Colima conoció a un grupo de amigos que tenían un campamento de rescate de tortugas golfina, laúd y prieta, en el Chupadero, Tecomán, municipio de la costa colimense. Se sumó como voluntaria en repetidas ocasiones.

—Haciendo recorrido en la playa nos encontramos una tortuga completamente abierta. Las tortugas tardan a veces hasta dos horas en ovipositar; los hueveros, los que se roban los huevos, puede ser que no estén dispuestos a esperar tanto —me cuenta Esperanza.

Los amigos del campamento decidieron formar un grupo de educación ambiental, principalmente dedicado a la protección de tortugas. Para 1992 Esperanza mudó permanentemente su residencia a Colima.

Poco tiempo pasó para que el grupo ampliara su defensa: ya no sólo tortugas sino iguanas, negras y verdes, ambas con categoría especial, en peligro de extinción. El maltrato hacia ellas y el hecho de que fueran parte de la dieta de las personas en la costa, motivó al grupo a pensar un nuevo proyecto: “No hay problema con que se las coman, pero no las tomen del medio silvestre; reprodúzcanlas como a sus pollos”.

El grupo elaboró un proyecto de reproducción de iguanas, y ahí ya estaba el nombre: Bios Iguana.

A finales de los noventas, en el museo que habían instalado en la capital colimense, les llegó una denuncia vecinal de que una empresa constructora había rellenado un cuerpo de agua en Villas Providencia, una colonia en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. La empresa estaba por rellenar un segundo cuerpo de agua. Esta fue la primera gran misión de Bios Iguana.

Movilización, marcha, prensa, listas de firmas de los vecinos. Bios Iguana logró rescatar la laguna grande del fraccionamiento. Aún existe, es el parque ecológico Topocharco.

Entre 2004 y 2008 el grupo de ambientalistas se enfrentó al gobierno estatal y federal para detener tres proyectos: la ampliación del Puerto de Manzanillo que destruiría a la laguna de San Pedrito, la construcción de un complejo turístico que planeaba la edificación de hoteles, condominios, y hasta una marina para yates que afectarían a la laguna de Jululuapan, y la instalación de una Terminal de Gas Natural Licuado porque sus obras serían una amenaza para la laguna de Cuyutlán.

El grupo hubiera peleado un cuarto proyecto para detenerlo, el de la Planta de Suministro de Zeta Gas, pero se dieron cuenta de él muy tarde. Lo único que les quedó por hacer fue denunciar penalmente a los responsables por pasar por alto las leyes de protección vigentes.

Bios Iguana ganó tiempo con sus luchas ambientales en Manzanillo, sin embargo cada uno de los proyectos acabó por impactar seriamente los ecosistemas. Desgastados anímica y físicamente los integrantes de Bios Iguana, aún no se perfilaban para dar su batalla más extenuante, la de Zacualpan.

La ruta a Zacualpan

Zacualpan es uno de los 2393 núcleos comunales del país, según el catálogo del Registro Agrario Nacional. Sólo existen dos comunidades de esta naturaleza en el Estado de Colima.

Si bien hay dos autoridades administrativas importantes: el Comisariado de Bienes Comunales y la presidencia de la Junta Municipal; el máximo órgano de gobierno es la Asamblea, integrada por los comuneros.

—El problema aquí se hizo por una mina, pero hubo un tiempo en que ya estaba apaciguado todo, entonces entró una asociación: Bios Iguana; ellos avivaron todos los conflictos, dividieron familias y empezó la guerra. No sé qué tipo de activistas sean; yo andaba con ellos pero no me gustó. Si tú eres de mente débil, ahí te agarran —dice José Guadalupe Laureano, secretario de la Junta Municipal de Zacualpan en ausencia del presidente.

A decir de José Guadalupe Laureano, el conflicto creció porque Bios Iguana quiso adueñarse del Ojo de agua para construir unos hoteles. El Ojo de agua es el manantial que usan los comuneros como balneario turístico, éste debería ser administrado por el Comisariado de Bienes Comunales, pero desde agosto del 2014 el grupo que simpatizaba con la instalación de la mina —el mismo al que pertenecen los representantes de esta Junta municipal—, lo tomó con violencia. Actualmente hay personas en la entrada bloqueando el paso.

Pese a la presencia permanente de policías, el Ojo de agua no ha sido desocupado para que sea administrado de acuerdo con la ley. El grupo simpatizante con Bios Iguana —que se ha mostrado en contra de la mina desde el inicio del conflicto—, tiene un fallo del Tribunal Agrario para operarlo. En el último enfrentamiento que hubo por el Ojo de agua, el grupo a favor de la mina, les lanzó piedras desde un cerro cuando trataron de recuperarlo, hubo decenas de heridos, ensangrentados, hospitalizados. Esto pasó frente a la policía estatal y no hubo un solo detenido.

El caso de Zacualpan inició para Bios Iguana en octubre del 2013. Dilva, una joven de esta localidad coincidió con Vanessa, integrante de la asociación civil medioambientalista. Le contó que en su comunidad el comisario de Bienes Comunales insistía con que la Asamblea diera permiso para que entrara una mina de extracción de oro, plata, cobre y manganeso.

Esperanza ya había trabajado con problemáticas alrededor de la minería con la Red de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), así que investigó sobre Zacualpan y vio un escenario bastante optimista: no había ningún permiso concedido y Zacualpan, al ser un núcleo de propiedad comunal y un pueblo indígena, podía ganar.

Bios Iguana subió al pueblo: repartieron volantes y proyectaron videos sobre las consecuencias de la minería.

—En la zona hay un manantial de agua que abastece no sólo a Zacualpan sino también a Villa de Álvarez y Colima, y es casi la mitad de la población de toda la entidad. Es una mina de oro, plata, cobre y manganeso, la concesión minera está a 800 metros del manantial, prácticamente nada, ni siquiera un kilómetro. Ellos decían que no iba a pasar nada —Esperanza ríe al decir la última frase.

Al principio eran reuniones pequeñas pero el 18 de noviembre se hicieron escuchar en el jardín principal.Esperanza dice que el hecho molestó tanto al comisario de Bienes Comunales de ese entonces, Carlos Guzmán, hasta el punto de presentarse en el evento y acusar de mentirosos a los activistas: “Sólo quieren dividir al pueblo”.

Cerca de esa fecha, policías municipales levantaron a Gabriel Martínez, integrante del consejo de Bios Iguana, lo esposaron y lo subieron a una camioneta blanca, sin placas. Lo soltaron luego de pasearlo por varias calles de la comunidad.

El pueblo sí se dividió: unos en contra de la mina y otros a favor, los Iguanos y los cocodrilos, como se llaman internamente. Como los que estaban en contra eran más, acordaron formalizar su negativa a la minería en la próxima Asamblea que celebraran.

Rigoberto Verduzco es el nombre del empresario de Gabfer S. A. de C.V., una empresa minera sin antecedentes en el rubro y titular de la concesión 201872, la de Zacualpan, la empresa Gabfer está ligada a la canadiense teck resources limited, pues fue ésta la que hizo el Estudio de Impacto Ambiental en Zacualpan, aunque posteriormente lo desconoció.

Bios Iguana ha denunciado en repetidas ocasiones que Verduzco ofreció a través de Carlos Guzmán la cantidad de 17 000 pesos (cerca de 900 dólares) a cada comunero para que aceptaran el proyecto minero dentro de la Asamblea.

La Asamblea estaba planeada para el 1 de diciembre del 2013.

—Ese día en la mañana, por megáfono, el presidente de bienes comunales dijo: se suspende la Asamblea. La gente se enojó y en ese momento decide hacer una Asamblea, ya no comunal sino una en donde participaron hasta los avecindados —narra Esperanza.

Los avecindados son todos los que viven en la comunidad pero no tienen voto en la Asamblea. Sólo hay un comunero por familia.

En esa Asamblea general, pasaron ciertos eventos importantes: conformaron el “Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan” integrado por todas las personas de la comunidad en contra de la mina; y también destituyeron al comisario de Bienes Comunales.

Esa acta no pudo ser registrada ante la Procuraduría Agraria, pues la delegada, María Elena Díaz Rivera no lo permitió. Argumentó que no eran comuneros los que habían tomado la decisión. Hace años que no se actualizaba la lista de comuneros del pueblo.

En el expediente que Bios Iguana envió al Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, exhiben un centenar de actos violentos y de abuso de autoridad de los que fueron víctimas tanto Bios Iguana como el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio en Zacualpan: amenazas, agresiones, detenciones arbitrarias, intimidación policial, persecuciones, golpes, insultos, hostigamiento y difamación.

Del 2013 al 2016, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima acumuló nueve quejas que se desprenden de los hechos en Zacualpan: contra la Secretaría de Seguridad, la Procuraduría General de Justicia y el Ayuntamiento de Comala, el municipio al que pertenece Zacualpan. Todas por el actuar de sus respectivas policías. También hubo en contra la Procuraduría Agraria por su parcialidad.

La escala de las agresiones

Hay una fecha que aún enfurece a los integrantes del Consejo Indígena por la defensa del Territorio de Zacualpan: el 13 de marzo del 2014.

De madrugada, por desconocer sus acuerdos en la Asamblea y en protesta contra el gobierno, el Consejo Indígena tomó las bombas de agua que abastecen a los municipios de la zona metropolitana de Colima.

—Vino Rogelio Rueda (entonces secretario general de Gobierno) y le dijimos lo que queríamos: reconocimiento y que se borraran las concesiones mineras. Él dijo que no era quien decidía esas cosas y le dijimos que queríamos hablar con el gobernador Mario Anguiano. Él nos dijo: “¿quieren a Mario? ahorita les traigo a su Mario”. Llegó la tanqueta y con todos los antimotines nos empujaron brutalmente. Nosotros ni siquiera estábamos adentro en la bomba, estábamos afuera de la reja —dice Dilva Ulichet Peña Velázquez, la joven que le pidió ayuda a Bios Iguana.

El secretario de gobierno del Estado, Rogelio Rueda, había sido asignado para atender el caso Zacualpan y había estado en la toma de agua para negociar con los manifestantes. Cuando se retiró, más de cien efectivos antimotines empujaron y agredieron a los comuneros y avecindados de Zacualpan para efectuar el desalojo. Había niños y ancianos ahí.

Esperanza nombra ese año, el 2014, como el punto de ebullición de las agresiones, recuerda que gente desconocida en la calle los llamaba para “felicitarlos” y decirles que sabían dónde vivían y que tuvieran cuidado con sus acciones. No había momento que no se encontraran policías en patrullas saludándolos, e incluso diciendo sus nombres. El 22 de septiembre, Alejandro, otro integrante de Bios Iguana recibió un mensaje intimidatorio, el cual reproducimos tal y como fue escrito por un destinatario anónimo:

“ME ACORDE DE TI Y DECIDI ESCRIBIRTE Y SALUDARTE Y QUE SEPAS KE MAS TE VALE ANDAR CON CUIDADO Y CON PINCITAS CABRONSITO ZACUALPAN NO ESTA EN TODOS LADOS Y LA GENTE SE ESTA CANSANDO DE TI Y DE TUS AMIGOS DROGADICTOS ASI ES QUE MAS LES VALE KE ANDEN CON CUIDADO SI ES QUE KE APRECIAN Y SE RESPETAN A USTEDES MISMOS, YA NO TIENE SENTIDO KE SIGAN DE VALIENTITOS, ESTAN PERDIDOS”. 

—En todos estos meses en Zacualpan compañeros del Consejo indígena fueron detenidos en el camino cuando iban a sus parcelas; les decían que los iban a matar. A una compañera un día la detuvieron y le dijeron que si seguía con ese grupo la iban a ahogar en el Ojo de Agua. No hubo paz en ningún momento, no ha habido, de hecho. Esa misma compañera, llegó un día a su parcela para ver cómo todos sus chivos estaban como alfombra. Se los habían matado. —dice Esperanza.

Ante este panorama, organizaciones internacionales hicieron una Misión de Observación para el caso Zacualpan, fueron 20 organizaciones a Colima, entre ellas Fund for Global Human Rights, Greenpeace, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Mining Watch Canadá. No les permitieron entrar a Zacualpan, el grupo de choque corrió el rumor de que Bios Iguana intentaba que mineros canadienses entraran a ver el territorio. Desde entonces voltearon el discurso: acusaron al Consejo de apoyar la minería. La confusión fue su estrategia.

No más Esperanza para Colima

La última vez que Esperanza visitó Zacualpan fue el día del intento de linchamiento, el 17 de junio del 2015, acompañada de los funcionarios del mecanismo de protección; acontecimiento que como otros, estuvo a punto de ocurrir bajo la vigilancia de policías estatales y ministeriales. El informe del mecanismo detalla que los uniformados no hacían nada por abrir el paso y que, por el contrario, un integrante de la Policía Estatal exigía su identificación. Retenerlos en ese lugar propició que más personas se amotinaran alrededor de los vehículos.

“Se logró constatar que parte de la Policía Estatal como de la Judicial, son responsables de las intimidaciones hacia parte de los integrantes del Consejo Indígena al igual que de los miembros de la organización Bios Iguana”, dice el informe.

Al ver el contexto los funcionarios del mecanismo identificaron un riesgo “Extraordinario”, esta palabra está escrita en mayúsculas y con énfasis en el expediente. Asignaron radios y botones de pánico a algunos integrantes de Bios Iguana y del Consejo Indígena con el fin de alertar a la Policía Federal por eventualidades de emergencia. En la casa de Esperanza además, colocaron cámaras de vigilancia en la entrada y rejas de seguridad.

Aunque el análisis de riesgo lo exigía, Esperanza no se fue enseguida de Colima. La decisión la tomó luego de que tres sujetos sospechosos tocaran insistentemente la puerta de su casa.

El primero llegó en una camioneta negra sin placas traseras; el segundo iba cubierto con sudadera y capucha —30 grados marcaba el termómetro—. El tercero llegó en motocicleta, tocó durante 20 minutos, y en su inspección se acercó a una ventana; entonces Esperanza lo escuchó decir: “Es la casa, son las señas, pero no sale, ¿qué hago?”.

—Me entró miedo —dice Esperanza—, apreté el botón de pánico y me contesta un fulano: “¿Esperanza Salazar?” Sí. “¿Estás en la calle tal y tal?” Sí. “Ah bueno”, y me cuelga. Me dio más miedo, o sea, justo me estaban ubicando. Lo vuelvo a presionar y me contesta; le reclamo que cómo es posible si aún no le he dicho por qué estoy usando el botón y me dijo: “No, es que yo sólo me encargo de la ubicación”. Le pregunto con quién puedo hablar y me da un número para marcar, ahí me contesta una fulana que se llama Columba y le conté en media hora todo lo que me estaba pasando. Cuando terminé, me respondió: “¿Y no me lo puedes mandar por escrito?”.

Lo hizo. Le mandó un escrito a la funcionaria y ésta la llamó para decirle que no entendía lo que estaba pidiendo. Esperanza ya exasperada, le pidió enérgicamente el apoyo del mecanismo para salir a salvo de Colima; la funcionaria le dijo que no podían ayudarla porque el programa en el que estaba inscrita no contemplaba una acción de ese tipo. A cambio le ofreció ponerla en contacto con un funcionario del gobierno colimense amigo de ella; se trataba de Rogelio Rueda, el entonces secretario general de Gobierno.

Se fue ella por sus medios, con ayuda de sus compañeros de Bios Iguana y las redes nacionales.

En marzo de este año les quitaron las medidas de protección a los integrantes del Consejo Indígena en Zacualpan, con el argumento de que ya no existía el problema ahí.

Dentro de tres meses terminará el periodo del actual comisario de Bienes Comunales, Taurino Rincón, un integrante del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan. Esperanza y los integrantes del Consejo temen que las elecciones sean violentas y que el grupo que estaba a favor de la mina vuelva a tener el control de la situación. La concesión minera sigue vigente, lo único que se necesita para que comience el proyecto es que lo acepte la Asamblea; en cualquier momento se puede volver a plantear.

Desde el 2012, año de su aprobación, hasta el mes de mayo del 2017, 667 personas han recibido el apoyo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 394 han sido defensores de derechos humanos y 105 defensores del medio ambiente. 48 personas se han inconformado por su funcionamiento.

Del 2010 a junio del 2016, la ONG Centro Mexicano de Derecho Ambiental registró 303 casos de agresiones contra activistas ambientales mexicanos. En el último informe sólo tuvieron conocimiento de un caso de homicidio. Este año se suman dos más.

La partida

El Partido Revolucionario Institucional ha gobernado sin alternancia desde hace casi 90 años en Colima.

Rogelio Rueda, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y ex secretario general de Gobierno, encargado del asunto Zacualpan en la administración pasada, dijo que lo que pasó en Zacualpan fue: “Falta de información”, “No hay minera”.

—No hay ningún elemento, que no es cierto, y que no hay tal, y que sabiendo los beneficios que te aporta estar inscrito y aceptado en el programa (en referencia al mecanismo de protección), tú solicitas la protección. Yo del caso concreto de Bios Iguana, lo único que digo es que no se soporta la necesidad de que ese Mecanismo diga que protege a nadie porque aquí, en el Estado de Colima, no ha habido ninguna agresión a alguien por su trabajo político, su labor en la defensa de derechos humanos —dice Rogelio Rueda.

Hace apenas unos meses Esperanza Salazar regresó a Colima para recoger sus últimas pertenencias. Esta vez con ayuda del mecanismo viajó con escoltas. Se encontró con algo alarmante: en una de las puertas que daban a la calle, alguien había hecho un hueco para ver al interior.

Esperanza no puede regresar a Colima, ha tenido que salirse de manera permanente. Cuenta que extraña a las mujeres de Zacualpan, las primaveras amarillas, rosas, moradas, y la flor roja de los tabachines y especialmente extraña las parotas. Extraña el sonido del movimiento del bambú por su casa, la vista a los volcanes, las iguanas merodeando por las calles y la cercanía con el mar.

—Yo no me arrepiento de nada de lo que hice —me dice con la mirada caída—, a pesar de los riesgos y que estuve…a punto de que me desaparecieran. Ese es mi trabajo y yo decidí hacerlo, y donde sea que esté lo voy a seguir haciendo.

Esperanza sigue coordinando Bios Iguana, aunque ya fuera de Colima. Forma parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería y viaja con un equipo multidisciplinario a distintas comunidades del país haciendo trabajo de prevención y, como ella lo llama, “blindando” territorios contra proyectos mineros.