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Exigimos a los gobiernos de Chiapas y de México, Justicia para Mariano Abarca
Firma aquí
A Miguel Ángel Osorio Chong
Secretario de Gobernación;
A Manuel Velasco Coello
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas;
A Raciel López Salazar
Fiscal General del Estado de Chiapas.
El asesinato del luchador social chiapaneco Mariano Abarca Roblero significa una grave violación al derecho a la vida, a la seguridad, a la integridad personal, al derecho a la reunión y al acceso a la justicia.
El Estado mexicano falló en su obligación convencional de defender y proteger la vida de este destacado líder comunitario asesinado el 27 de noviembre del 2009 en Chicoumuselo, Chiapas, como consecuencia de sus denuncias de los efectos negativos de la mina La Revancha, explotada por la empresa minera canadiense Blackfire Exploration en este municipio.
Antes de su asesinato, y durante todo el proceso de su lucha, Mariano Abarca fue víctima de un largo proceso de criminalización, intimidación, hostigamiento, estigmatización y amenazas que incluyeron el levantamiento de cargos falsos interpuestos por la empresa que lo llevaron a pisar la cárcel.
A pesar de haberse abierto varios expedientes de averiguación, por el robo y lesiones a la familia y después por el asesinato de Mariano, hasta el día de hoy, la investigación por parte del estado mexicano se ha paralizado.
Después de haber estado detenidos varios implicados -todos ellos con algún vinculo de trabajo con la empresa Blackfire-, y después haber sido sentenciado uno de ellos en el 2010, hoy todos se encuentran en libertad, incluyendo al sentenciado. No hay nuevas líneas de investigación orientadas a la búsqueda de los autores intelectuales y materiales que den certidumbre tanto a la familia de Mariano Abarca, como al resto de sus compañeros de lucha.
Exigimos que la Secretaria de Gobernación (SEGOB), el gobierno de Chiapas y la Fiscalía General de Chiapas asuman y atiendan con seriedad el asesinato del defensor ambiental mexicano. Se requiere de una investigación objetiva, que esclarezca plenamente los hechos y castigue a los responsables materiales y autores intelectuales. La investigación debe señalar la responsabilidad de la Blackfire Exploration en su asesinato y de los funcionarios del gobierno del Estado de Chiapas implicados.
