Un grupo de académicos, asistentes al Coloquio de Estudios de Cultura Nahua de la Huasteca y Sierra Norte de Puebla, exigió cancelar “los proyectos de muerte” que se desarrollan en esta región, así como justicia por los recientes homicidios de activistas.

Mediante un pronunciamiento publicado este lunes, antropólogos, historiadores, lingüistas, arqueólogos, artistas y promotores culturales denunciaron que las comunidades y ecosistemas de 35 de 65 municipios que integran la Sierra Norte han sido violentadospor múltiples proyectos extractivos que causan daños “irreversibles” al medio ambiente.

Esta zona de Puebla –remarcaron– se caracteriza por su biodiversidad, así como por su pluralidad lingüística, étnica y cultural, constituida históricamente por totonacas, otomíes, tepehuas y nahuas, pueblos para quienes el medio ambiente tiene un papel fundamental dentro de la subsistencia, cosmovisión y dinámica cultural.

Entre estos proyectos, destacan la minería a cielo abierto, pozos petroleros, hidroeléctricas, gasoductos, destrucción del patrimonio cultural, explotación por fractura hidráulica (“fracking”) y procesos asociados y firmado en Huauchinango, donde.

Estas empresas –señalan– se desarrollan al amparo de la Reforma Energética, impulsada durante el actual sexenio de Enrique Peña Nieto, a quien acusaron de mostrarse “servil al gobierno de Estados Unidos y a merced del capital trasnacional”.

Compran a autoridades y engañan a pueblos

De acuerdo con los signatarios, las empresas extractivas, principalmente de capital extranjero, entran a las comunidades comprando a las autoridades locales y engañan a las poblaciones al ocultarles los daños que causan en sus tierras.

Los daños a las poblaciones –refirieron– incluyen desplazamientos, contaminación, enfermedades, conflictos interétnicos, violencia,mayor desigualdad social y apropiación de los recursos naturales y los bienes comunes.

Asimismo, denunciaron que estas empresas niegan los pueblos originarios la pertenencia a un territorio, a una tradición histórica e identidad, los cuales son reconocidos como derechos fundamentales e inalienables.

Como ejemplo de estas violaciones a derechos humanos, este medio reportó, en abril pasado, la preocupación de activistas por la posible biopiratería a cargo de la organización Wild Forest Consulting, que estudia la flora y fauna de ocho municipios de la Sierra Nortesin el consentimiento de las comunidades originarias.

Demandan verdad y justicia

Por otra parte, los académicos no dejaron referirse a los homicidios de Manuel Gaspar Rodríguez, el pasado mayo, y de Antonio Esteban Cruz, en 2014, ambos integrantes del Movimiento Independiente Obrero, Campesino Urbano y Popular (Miocup), para quienes exigieron “verdad y justicia”.

Estos dos activistas fueron opositores a la construcción de la planta hidroeléctrica de Cuetzalan, argumentando que causaría devastación de hectáreas de bosque de montaña, de cafetales y en la producción de miel de abeja.

A este caso se suma el de Adrián Tilihuit, opositor a la construcción de una hidroeléctrica en el río Apulco, cuyo cadáver fue hallado con impactos de bala en Zacapoaxtla, a principios de junio.