AGOTAREMOS TODAS LAS INSTANCIAS JURÍDICAS HASTA QUE NUESTRA DECISIÓN SE HAGA VALER: EJIDATARIAS Y EJIDATARIOS DE EL POTRERO.
PRESA MILPILLAS
Jueves 29 de noviembre del 2018
En el año 2015, Miguel Alonso Reyes, exgobernador del Estado de Zacatecas anunció la autorización por parte del Gobierno Federal para la construcción del proyecto denominado “Presa Milpillas en el Municipio de Jiménez del Teul”. A tres años del suceso, el gobierno actual continua en su pretensión de imponernos el proyecto que abarca 19 ejidos distribuidos en cinco municipios, que nos afectará a todos y en especial en Atotonilco, donde se construiría la cortina y El Potrero en donde se construiría el embalse en el Municipio de Jiménez del Teul.
En lo que va del año, a nuestro ejido, El Potrero, han llegado personas a querer mandarnos en el territorio que nuestros padres nos heredaron y nos enseñaron a amar y a cuidar. Al principio no sabíamos de qué se trataba todo esto, nos dijeron que habría desarrollo para nuestros ejidos y trabajo para nuestra gente, que nos darían dinero a cambio de ceder el uso de nuestras tierras de uso común. Nunca falta quién se llegue a deslumbrar por unos pesos, pero la mayoría pensábamos, desde el primer momento, que no queremos dinero, no queremos una negociación porque el río Atenco, que el Gobierno llama Milpillas, es la fuente de vida para nuestras familias, y fuente de trabajo para los ejidos y comunidades que conforman nuestro municipio. Ante la imposición del Gobierno del Estado de Zacatecas, en los ejidos de Atotonilco y El Potrero, así como personas de la cabecera municipal de Jiménez del Teul, en junio de este año iniciamos la organización para la defensa del territorio, que poco a poco ha ido sumando a más ejidatarias y ejidatarios, entre ellos los de Estancia de Guadalupe. Entre todos buscamos al Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac) que pertenece a la Red Mexicana de las y los Afectados por la Minería (REMA), quienes nos acompañan en esta lucha.
Antes de este proceso por la defensa de nuestro territorio, no tuvimos ninguna información sobre el proyecto en tres años, sólo un trato discriminatorio por parte del gobierno quien considera que porque somos como gente del campo no sabemos nada y pueden llegar a hacer lo que quieran con nosotras y nosotros, a tal grado que han estado atropellando nuestra dignidad, han violado nuestros derechos humanos y nuestros derechos colectivos que como ejidatarias y ejidatarios tenemos, además de iniciar una campaña en medios para criminalizarnos, generando en la opinión pública confusiones porque les dicen que “tenemos intereses políticos y personales”. Esa es la forma de actuar del gobierno en sus tres niveles: municipal, estatal y federal. Nos han denostado porque creen que no pensamos, que no sentimos, que invisibilizándonos pasarán por encima de nosotros, que nuestra opinión no vale nada y sólo debemos ser obedientes y sumisos como ellos sí lo son a los capitales empresariales que están detrás de este proyecto.
Hoy salimos a decirles que estamos en resistencia, que estamos de pie y que defenderemos nuestros derechos de forma organizada, pacífica y haciendo el uso correcto de las leyes, que estamos seguros a varios de ellos, por sus abusos cometidos, les podría costar el empleo.
Desde el 15 de octubre, un día después de la Asamblea Ejidal donde el Gobierno Estatal violentó el debido proceso y vulneró la libre determinación y tradición de nuestro ejido, a través del uso de la fuerza con más de 100 efectivos de la policía estatal, emprendimos varias acciones legales que tienen como propósito hacer valer nuestros derechos y que los usaremos para evitar la imposición de la Presa Milpillas:
Hasta la fecha, ya hemos interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, en el Módulo de Atención Temprana del Distrito Judicial de Sombrerete, Zac. Con folio: 344/2018 por amenazas e intimidaciones en contra de quienes resulten responsables, por los hechos delictivos cometidos en agravio de nuestras personas y el ejido El Potrero en la Asamblea del 14 de octubre, en donde la fuerza pública nos agredió físicamente, se entrometió en nuestro ejido que es propiedad colectiva y tomó el control de la Asamblea Ejidal, violentando toda la Ley Agraria, con tal de garantizar que se llevara a cabo la autorización para otorgar la ocupación previa a expropiación de una superficie de 126 ha. a través de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), además de imponer la autorización de un convenio de colaboración, así como el consentimiento forzado para que se lleve a cabo el cambio de uso de suelo por parte de Gobierno del Estado y/o la empresa Cristal S.A de C. V., ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Toda la narrativa de su abuso y violación ya fue documentado y denunciado.
El 20 de octubre, solicitamos al Comisariado ejidal, encabezado por Fidel Domínguez, con base en el Artículo 8° Constitucional, se nos entregue un ejemplar de la Acta de Asamblea y el convenio que se leyó en dicha Asamblea. Respondió por escrito “No contamos con ese documento”.
El 23 de octubre, interpusimos la Queja ante la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), Ma. de la Luz Domínguez Campos por la intervención de autoridades estatales y municipales en la Asamblea del Ejido El Potrero, municipio de Jiménez del Teul, en donde participaron funcionarios y/o servidores públicos de Gobierno. Desde el ámbito municipal, la señora Victorina Espinoza Sánchez, Alcaldesa de Jiménez del Teul; del ámbito estatal, el señor Alfonso Carlos del Real López, Subsecretario de Concentración y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno y quien se ostentó como representante del Gobernador Alejandro Tello Cristerna, así como el señor Luis Fernando Maldonado, titular de SAMA.
El lunes 26 de octubre a las 10:30 hrs en las oficinas de la CDHEZ en Sombrerete, se nos llamó para realizarnos peritajes psicológicos sobre los daños que nos causó el evento y acudimos. Actualmente, seguimos esperando alguna respuesta.
Con fundamento en el mismo Artículo 8° Constitucional, el 30 de octubre, solicitamos a la Alcaldesa de Jiménez del Teul, Victorina Espinoza Sánchez nos entregue un ejemplar de los permisos otorgados por el municipio y la información que en el municipio se tenga sobre la Presa Milpillas, pero tampoco hemos recibido respuesta.
Las y los compañeros del ejido Atotonilco, han solicitado la misma información por la invasión a su ejido desde el día 20 de octubre. En su caso, les presentaron como permiso para entrar a su ejido un documento emitido por la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento que dice; “Autorización interna para construcción modificación por la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) de obras en causes o zonas federales” que dice ser un extracto del resumen ejecutivo del proyecto aprobado… pero ¿Por qué nos siguen tratando de ignorantes?, lo que queremos son los documentos que respalden lo que dice el Gobierno estatal de que tienen los permisos de los ejidos. Ellos dicen tener todos los permisos emitidos por Gobierno, pero es mentira, porque no los tienen ni de forma legal, ni de forma legítima, porque no han sido otorgados por nuestras Asambleas. Se escudan al decir que nuestros Comisariados ya firmaron, pero sabemos que la asamblea es nuestra autoridad y en ese sentido, la que tiene la decisión legal para hacerlo. Por esos hechos también seguimos esperando respuesta.
El día 26 de octubre interpusimos una Queja quedando registrada bajo el folio 96192/2018, dirigida a María Eréndira Cruz Villegas, Presidenta de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por la intervención de autoridades federales en la Asamblea del Ejido El Potrero, municipio de Jiménez del Teul, ante la presencia y manipulación de información hecha por Francisco Godoy Cortés, Delegado Federal de la Procuraduría Agraria, entre otros miembros de la misma, como apuntan las pruebas que recabamos de la Asamblea del 14 de octubre. En la misma Queja, solicitamos que se emitan las medidas cautelares correspondientes para atender la urgencia del caso. Estamos a la expectativa de la reunión que sostendremos con el visitador adjunto José Baltazar Orea, con quien se canalizó la queja.
El mismo día se presentó la ampliación y aportación de la queja ante la CNDH por nuevos hechos, registrada bajo el folio 96259/2018 por la invasión de la propiedad colectiva del ejido Atotonilco, causada por la intromisión de dos máquinas para la construcción de la Presa Milpillas el 25 de octubre. Esta máquina la enviaron ilegalmente y con la finalidad de abrir camino a la zona federal en donde se pretende construir la cortina de la presa, también arribó la policía, al parecer de los tres niveles de Gobierno. Seguimos esperando respuesta.
El 26 de octubre también se levantó una Queja en la Quinta visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dirigida al Dr. Rodrigo Santiago Juárez, Director General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, a donde acudimos con el objetivo de buscar protección por parte de la Institución ante los agravios, amenazas y las acciones ilegales cometidas por la autoridad el 14 de octubre y durante los meses de acompañamiento en contra, tanto para personas pertenecientes al Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, la Red Mexicana de Afectad@s por la Minería y de nosotros ejidatarias, ejidatarios, ciudadanas y ciudadanos de El Potrero, porque fuimos vulnerados, sometidos, amedrentados por parte del Gobierno en sus tres niveles. Somos conscientes del peligro que corremos al trastocar los intereses de los poderosos que nos están criminalizando como personas conflictivas y nos quieren confrontar con la población de la ciudad, aduciendo que nosotros los queremos dejar sin agua. Sabemos, gracias a las investigaciones realizadas por académicos, que el déficit de agua de la zona es del 260% y que el agua que pretenden transportar dejaría el déficit en 214%. Actualmente, estamos en evaluación para ingresar al programa. Es decir, la presa está muy lejos de ser una solución real a la problemática que la ciudad de Zacatecas vive actualmente.
En este mismo sentido, el 24 de octubre en la CNDH se hizo la solicitud a través de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida, para ingresar al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el área de Recepción de Casos y Atención de Acuerdos de Junta de Gobierno del Mecanismo, dirigido por Alejandro López Herrera, para que se brinden las medidas necesarias ante la vulneración de los derechos de nosotras y nosotros y de quienes nos acompañan en la lucha por el territorio.
El pasado 22 de noviembre, interpusimos la queja ante el Órgano Interno de Control de la Procuraduría Agraria Nacional, denunciando por abuso de autoridad al Sr. Arnoldo A. Rodríguez Reyes, Delegado Federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) en el Estado de Zacatecas; también al Sr. Francisco Godoy Cortés, Delegado Federal de la Procuraduría Agraria en el Estado de Zacatecas; a Elías Ortiz González, Subdelegado Jurídico de la Procuraduría Agraria en el Estado de Zacateas; y a Loreto Ordaz García, Jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria en Río Grande, Zacatecas; además de quienes resulten responsables, en virtud de que con sus actuaciones violaron nuestros Derechos Agrarios definidos en términos generales en la Ley Agraria en su Artículo 9º que cita; “Los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título”.
El día de hoy 29 de noviembre, acudimos ante el Tribunal Unitario Agrario, Dto 1- Guadalupe, Zacateas, con fundamento en la Ley Agraria y lo establecido en la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, a demandar la nulidad del Acta de Asamblea Ejidal que se llevó a cabo el día 29 de abril de 2018 en el ejido de El Potrero, Mpio. de Jiménez del Teul, Zacatecas, convocada por el Comisariado Ejidal del mismo, el día 16 del mes de Abril del año 2018; el acto incluye las demandas contra; Fidel Domínguez Pineda, Román Solís de la Rosa y Tomás Herrera Solís, Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente del Comisariado Ejidal de El Potrero; Ramiro Domínguez Pineda, Manuel Ochoa Herrera, Gumaro Hernández Hernández, Presidente y Secretarios del Consejo de Vigilancia respectivamente; Francisco Godoy Cortés, Delegado de la Procuraduría Agraria en Zacatecas; Arnoldo A. Rodríguez Reyes, Delegado de SEDATU; Elías Ortiz González, Subdelegado Jurídico de la Procuraduría Agraria en el Estado de Zacatecas; Loreto Ordaz García, Jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria en Río Grande, Zacatecas; Alejandro Martínez Guerrero, Subsecretario de SAMA del Gobierno del Estado de Zacatecas, así mismo demandamos a la Delegación del Registro Agrario Nacional (RAN) en Zacatecas, por la inscripción de la convocatoria y acta de asamblea ilegal y manipulada, de la cual pedimos su nulidad por todas las irregularidades cometidas en dicho acto.
Las acciones legales que hemos emprendido son acompañadas desde REMA Jurídica.
Con todas estas acciones jurídicas y la organización de nuestros pueblos queremos decirle al gobierno federal, estatal y municipal que no descansaremos hasta que el proyecto de la Presa Milpillas se cancele.
¡Ya basta de pisotear nuestros derechos!
¡Nuestro territorio no está en venta!
¡No a la Presa Milpillas!
A T E N T A M E N T E,
Ejidatarias y ejidatarios del Ejido El Potrero
en Jiménez del Teul, Zacatecas.