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BERTA VOLVERÁ Y SERÁ MILLONES
2 de marzo del 2019
Hoy se cumplen 3 años del asesinato de nuestra querida Berta Isabel Cáceres Flores, quien fuera la Fundadora y Coordinadora de Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Berta fue una mujer singular; amorosa, solidaria, amiga, hija, madre, maestra, feminista, siempre con la mirada en la vida, protectora de la naturaleza, luchadora permanente. Su vida la dedicó a todo eso, por ello siempre enfrentó proyectos de muerte relacionados con el modelo extractivo, no sólo contra empresas nacionales y transnacionales, sino en contra a su propio gobierno, el mismo que desde hace años se arrodilló ante el sistema capitalista, racista y patriarcal, que finalmente terminaron por acallarla al asesinarla cobardemente, al mismo tiempo que, por fortuna, nuestro compañero Gustavo Castro, de la organización Otros Mundos Chiapas/REMA y hermano de lucha de Berta, salvo su vida durante los hechos en los cuales se desarrolló la tentativa de asesinato contra él.
Desde hace muchos años, tanto a Berta como a las y los integrantes del COPINH, los estuvo y continúa asediando el gobierno hondureño y los sicarios comandados por los empresarios que desean quedarse a toda costa con los bienes naturales del pueblo Lenca. Desde hace años la procuración de justicia no existe para los integrantes del COPINH, y la impunidad más rampante los aguarda permanentemente.
Desde la década de los 90´s del siglo pasado, se dio en Honduras un proceso de privatización de varios sectores (electricidad, telefonía, salud), acompañado de firmas de distintos tratados de libre comercios y reformas estructurales financiadas por organismos como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En este contexto, a lo largo y ancho de los territorios del país se ha desplegado un abanico de empresas que buscan hacer negocios a partir de la exploración y la prospección de megaproyectos constituidos bajo el modelo extractivo (proyectos mineros, eléctricos, agroindustriales, etc.), en donde no media el interés público, sino el interés privado que les permite grandes acumulaciones de capital a cambio del despojo de los pueblos. Un modelo que no procura conciliar los proyectos locales y nacionales de “desarrollo” sino imponer proyectos implementados mediante engaños u omisiones.
Con el golpe de Estado de 2009 se incrementó de manera drástica el otorgamiento de concesiones para proyectos mineros, eléctricos o agroindustriales, se creyó la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), llamadas también «Ciudades Modelo», y se disparó la violencia a lo largo del país.
En Honduras hoy en día 207 proyectos de generación eléctrica, de los cuales 59 están en operación, 12 en construcción y 135 en proyecto. A partir del asesinato de Berta y la organización del COPINH y grupos acompañantes, se logró suspender el proyecto de hidroeléctrica Agua Zarca, al cual se oponía Berta y el COPINH, sin embargo, a pesar de esta lucha incansable contra los megaproyectos, a la fecha existen 88 otras hidroeléctricas en proyecto al nivel nacional..
A esos proyectos eléctricos se suman a 332 concesiones mineras actualmente en trámite, 39 Zonas Francas y varios proyectos de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), más de 165,00 hectáreas de siembra de palma africana, múltiples proyectos turísticos y varios proyectos de corredores logísticos.
Para visualizar los megaproyectos en Honduras se puede consultar e mapa interactivo siguiente:
http://geocomunes.org/Visualizadores/Centroamerica/
A la imposición constante todos esos proyectos se suma la permanente opacidad en el acceso a la información sobre dichos proyectos. Así por ejemplo, el gobierno de Honduras declaró en agosto de 2018 como información confidencial y reservada todo lo relativo a licencias ambientales de proyectos energéticos (ver Diario Oficial de la República de Honduras, del 17 de agosto de 2018). Entonces ¿es o no un proyecto para los pueblos? Si es para los pueblos ¿por qué se hace lo posible para ocultar la información de estos proyectos? ¿por qué no se reconoce la libre autodeterminación de los pueblos para decidir sobre su territorio?
Esta opacidad del gobierno hondureño es muy notable también en el caso de acceso a la justicia. En el caso de Berta Cáceres, la justicia hondureña faltó al proceso e hizo lo posible para ocultar a los autores materiales y sobre todo intelectuales del crimen, se alteraron pruebas, se inventaron testigos, se hicieron perdedizos expedientes y se redobló el acoso al COPIHN y a todos los testigos protegidos de ese crimen, al grado que otra de las víctimas de esos atentados, Gustavo Castro, se le intentó imputar como acusado.
Las hijas de Berta Cáceres han sido perseguidas, amenazadas e incluso se han registrado intentos de asesinato en su contra y, por si esto fuera poco, el gobierno hondureño, en 2018, llamó a juicio oral sin haber solucionado los amparos y prohibió la publicidad de dicho juicio, mismo que fue realizado sin la presencia de miembros del COPINH.
El asesinato de Berta Cáceres lamentablemente no es un caso aislado en la historia de lucha del COPINH, también han sido criminalizados, amenazados y asesinados otras compañeras y compañeros de la organización.
Tampoco es un caso aislado a nivel nacional, según investigaciones de la organización Global Witness, en Honduras fueron asesinados 127 defensoras y defensores del territorio desde el Golpe de Estado en 2009 hacia finales del año 2017.
Y para menos es un caso aislado al nivel continental, según el informe “A qué precio” de Global Witness, en el año 2017 América Latina fue de lejos el continente más peligroso para quién defiende su territorio, sus derechos y la naturaleza concentrando más de la mitad (el 58%) de todos los asesinatos registrados el nivel mundial (115 de 197 asesinatos registrados).
A pesar de las publicaciones de esas cifras y de la firma del acuerdo de Escazú, entre 15 países de América Latina y del Caribe (Perú, Antigua y Barbuda, Santa Lucía, Costa Rica, México, Panamá, Uruguay, Guatemala, Argentina, Ecuador, Brasil, República Dominicana, Guyana y Haití) para la defensa de los derechos ambientales, la situación sigue igual en todos esos países. El recién asesinato de Samir Flores en México relacionado con la imposición de un proyecto de termoeléctrica en el estado de Morelos, es una prueba más que las promesas electorales, firmas de acuerdos o otros actos políticos partidistas no generan ningún cambio o mejoramiento de las condiciones de seguridad para quién defiende su territorio y sus derechos.
¡BASTA DE IMPOSICION DE MEGAPROYECTOS Y DE ASESINATOS
A DEFENSORAS Y DEFENSORES DEL TERRITORIO!
¡JUSTICIA PARA BERTA Y CASTIGO PARA TODOS
LOS AUTORES INTELECTUALES!
¡BERTA NO MURIÓ, BERTA SE MULTIPLICÓ!
Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería
Para información sobre el contexto Hondureño ver:
Para información del caso Agua Zarca y del asesinato de Berta Cáceres, ver https://berta.copinh.org/
Para información de los proyectos de generación eléctrica en Centroamérica, ver: http://geocomunes.org/Visualizadores/Centroamerica
