Estas empresas se dedican principalmente a la extracción de minerales como oro, plata, cobre, zinc, plomo y estaño; es decir se llevan toda la riqueza del país, contaminan el medio ambiente y dejan migajas en impuestos.

Las empresas mineras, la mayoría en manos extranjeras, se llevan toda la riqueza del país.

Y es que en el Senado se impulsa una reforma del artículo 27 de la Constitución y la Ley Minera, que, según el proyecto, tiene el fin de expandir la riqueza que genera a las zonas más pobres del país, con el objetivo de garantizar los derechos de los trabajadores y la protección del medio ambiente, afirmaron los integrantes de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, que encabeza la petista Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, quien sostuvo que en 2017, la industria generó recursos por 12 mil 398 millones de dólares, equivalentes a 700 millones de pesos diarios.

El senador Napoleón Gómez Urrutia, quien por años fue protegido en Canadá y gracias a que ganó una senaduría plurinominal pudo regresar a México, se pronunció por cambiar la relación obrero patronal, en pro de los derechos de los mineros que desarrollan su labor en condiciones de alto riesgo, sin que ello se refleje en una mejor calidad de vida de sus familias.

Asimismo las senadoras Lilly Téllez y Angélica García Arrieta, de Morena, destacaron la urgencia de lograr que la legislación obligue a las empresas a resarcir los daños al medio ambiente, así como a establecer la tecnología suficiente para evitar la contaminación de ríos y tierras.

El senador Napoleón Gómez Urrutia se pronunció por cambiar la relación obrero patronal, en pro de los derechos de los mineros.

Evaden impuestos

Dichas empresas evaden o no pagan impuestos y por si fuera poco, exigen se les devuelvan.

El impacto ecológico de esta industria extractiva es mayúsculo en las 18 mil 874 minas activas, muchas de ellas a cielo abierto.

En el informe “Las Actividades Extractivas en México: Minería e Hidrocarburos Hacia el Fin del Sexenio. Anuario 2017” que presentó Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.,  se establece que esta irregular situación prevalece pese a que dos de las cinco mineras más importantes de América Latina, son mexicanas.

El aporte tributario se precisó es simbólico al considerar que México, a pesar de su importancia minera, es el país que menos impuestos cobra a ese sector, comparado con otros países mineros de América Latina: en el periodo 2010-2014, en México apenas el 1 por ciento de los ingresos fiscales provinieron de esta actividad, mientras que en Chile, Perú y Bolivia la proporción fue de 13.8 por ciento, 6.4 por ciento y 2.8 por ciento, respectivamente.

Entre las causas que se reconocen que favorecieron a los bajos impuestos pagados por las mineras, se encuentran “la evasión fiscal, la existencia de privilegios e incentivos fiscales injustificados, o la ausencia de políticas tributarias que graven de manera efectiva la riqueza de personas y empresas”, señala el informe.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó que en el 2017 la industria minera pagó por concepto de ISR (Impuesto Sobre la Renta) un total de 28 mil 805.6 millones de pesos, pero su contribución tributaria al erario en realidad fue menor, debido a que las industrias mineras lograron deducir saldos de IVA e IEPS (Impuestos Especial sobre Producción y Servicios), para dejar el monto de pago en solo 4 mil 973.2 millones de pesos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó que en el 2017 la industria minera pagó por concepto de ISR solo 4 mil 973.2 millones de pesos.

Mineras dejan migajas al país

Durante el periodo del 2006 al 2015 las mineras en su conjunto obtuvieron ingresos por el orden del Billón 714 mil 342.7 millones de pesos, pero solo pagaron de impuestos la suma de 22 mil 397 millones de pesos, esto debido a condiciones tributarias permitidas por la autoridad federal.

Otra de las razones que reconoce Fundar como la causa de la baja recaudación de impuestos mineros es la desorganización que en el sistema federal existe para saber siquiera quienes y donde están los depositarios de las concesiones mineras.

Además la Secretaria de Economía (SE) no cuenta con un registro actualizado que relacione de manera precisa a los concesionarios mineros con sus concesiones, lo que ha imposibilitado el trabajo de fiscalización del SAT.

Hasta octubre del 2017 el Sistema de Administración Tributaria únicamente pudo ubicar a 3 mil 227 contribuyentes mineros, a quienes pertenecen 19 mil 174 concesiones de un total de 24 mil 961 registradas por la SE, lo que significa que el gobierno federal no sabe con exactitud a quién le pertenecen, ni cuáles son las características del 23.1 por ciento de las concesiones mineras que ha otorgado.

El gobierno federal, sostuvo, ha sido omiso en el cobro del derecho adicional sobre minería, el que resulta en multas que van desde los diez a los 2 mil días de salario mínimo o la cancelación del permiso cuando los concesionarios no han realizado obras o trabajos de exploración durante dos años continuos sobre las minas entregadas.

En ese sentido la Secretaría de Economía no ha cumplido en sancionar a los titulares de mil 918 concesiones mineras que se encuentran en ese parámetro, en donde Fundar señala que esa misma dependencia “incluso omitió entregarle al SAT la información básica de los concesionarios que se encontraban en esta circunstancia”.

Por si fuera poco, la devolución de impuestos es una queja recurrente de las empresas que operan en México por eso no es extraño que las mineras canadienses levanten la voz para exigir al fisco mexicano 360 millones de dólares.

Por lo menos seis compañías de capital canadiense solicitaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el reembolso de esa cantidad, incluyendo 230 millones de dólares que corresponde a Goldcorp, según la agencia Reuters, quien asegura se basa en documentos oficiales que ha visto y fuentes cercanas al asunto.

Contaminan el medio ambiente

El reporte de “Survey of Mining Companies 2018” (Encuesta de Compañías Mineras 2018) que realizó el Instituto Fraser, que tiene la finalidad de calificar la libertad económica, se presentó un avance en la posición global de 44 al 29 por ciento, porque difícilmente se les multa por contaminar y destruir el medio ambiente y cuando eso sucede, las multas son tan ridículas que las pagan y siguen haciendo lo mismo.

Por su parte el centro de investigación canadiense difundió que México escaló en el índice de atracción de inversión, que analiza las políticas que regulan al sector y el potencial minero, de 63.0 a 73.9, en una escala de 0 a 100.

Al tercer trimestre de 2018, había en el sector minero unas 176 compañías canadienses, 45 empresas son de Estados Unidos, 13 firmas de capital chino y 10 más australianas, según el prontuario de la Industria Minero Metalúrgico de la Secretaría de Economía (SE) a cargo de Graciela Márquez Colín.

Asimismo el índice de percepción política, el país subió su puntuación de 65.1 a 71.3, con relación al año pasado y el de potencial minero tuvo un incremento significativo al pasar del lugar 41 al 17, y su puntuación subió de 65.6 a 71.6 puntos entre 2017 y 2018.

Conforme al subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, Francisco Quiroga, que encabezó a la delegación mexicana en el México Mining Day,  las reuniones con los inversionistas son necesarias para reforzar la confianza en el país. Tanto del capital nacional como extranjero, porque la inversión pública no alcanzaría para crecer como lo necesita el país, reconoció.

Pierre Alarie, Embajador de Canadá en México, aseguró que hay preocupación por las reformas al marco legal, propuestos por Morena en el Senado de la República, para endurecer la vigilancia del Estado en las concesiones mineras.

“Todo lo que toca a las mineras nos preocupa bastante y es importante tenerlo claro”, y es que de cristalizarse esta situación la bonanza de estas empresas disminuirá.
“Prefiero esperar el texto final (de las reformas), pero Canadá tiene entre 65 y 70 por ciento de toda la inversión extranjera (del sector minero) en México”, reconoció.

Después de Estados Unidos, desde 2017 Canadá se convirtió en el segundo inversionista más grande en México, precisó el embajador y quien estuvo presente en la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre de 2018.

“Estamos dentro de los cuatro inversionistas más importantes de México. Sin embargo hay que formalizar más la arquitectura y vamos a ver cómo vamos a traer más inversionistas a México y viceversa”, puntualizó Alarie.

Las mineras de Canadá invirtieron en México aproximadamente 914 millones de dólares de enero a septiembre de 2018, según el padrón de inversión extranjera de la Secretaría de Economía. Y desde 1999 a la fecha, esas compañías han traído capitales por unos 15 mil 588 millones de dólares.

Iniciativa para regular su voracidad

A mediados de noviembre de 2018, la senadora Angélica García Arrieta, de Morena propuso realizar cambios a la Ley Minera del país para aumentar la vigilancia del Estado de las concesiones que otorgue a empresas de ese sector y obligar a que las compañías atiendan el impacto social que tienen en las comunidades.

Senadoras de Morena destacaron la urgencia de lograr que la legislación obligue a las empresas a resarcir los daños al medio ambiente

La integrante de la fracción parlamentaria con mayoría en ambas cámaras, destacó que es necesario que las compañías interesadas en obtener una concesión minera debían hacer estudios de impacto ambiental y social, además de realizar consultas con los pueblos posiblemente afectados por esa actividad económica.

«Se trata de un descuido jurídico e institucional de la Secretaría de Economía y del Servicio Geológico Mexicano», destacó la senadora de Hidalgo, una de las entidades con mayor actividad minera en México.

«Es muy importante atender a las pequeñas colectividades donde se extraen los minerales porque pasa esto: se extraen, se causan daños y no se deja beneficio de la explotación minera; no privilegiemos el interés económico de unos cuantos por encima de los derechos sociales de la población que está siendo vulnerada», puntualizó.

A finales de año el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió a diputados y senadores de Morena, PT y PES, grupos aliados en el Congreso de la Unión para pasar una serie de iniciativas, construir un ambiente de confianza, estabilidad y certidumbre.

“Como ocurrió con las iniciativas sobre la eliminación de las comisiones bancarias y las modificaciones que se proponen a la Ley Minera, esta propuesta provocó una pérdida millonaria para inversionistas, así como una mayor desconfianza en el país”, agregó el organismo.

En ese momento dicha iniciativa durante  tres sesiones seguidas provocó una baja en las acciones de las mineras ante las expectativas de que la nueva legislación pueda afectar sus operaciones.

Los títulos de Grupo México, uno de los principales productores de cobre del mundo, perdieron el casi 5 por ciento vendiéndose a 38.86 pesos. Durante la sesión llegaron a caer más de un 7.0 por ciento.

Industrias Peñoles, que opera Fresnillo, la mayor productora de plata refinada del mundo, se devaluó más de un 12.0 por ciento a 205 pesos para después recortar pérdidas y cerrar con una baja de un 3.5 por ciento.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, Peñoles destacó: “La compañía considera que este es un movimiento propio del mercado en reacción a algunos anuncios de iniciativas de ley que generan incertidumbre, particularmente la propuesta de modificaciones a la Ley Minera”.

Grave polución ambiental

Al cumplirse el 11 de marzo un año de que “Primero Empresa Minera SA de CV”, subsidiaria del grupo canadiense Primero Mining Corporation, vertió 200 litros de solución cianurada al río Piaxtla en San Dimas, Durango, la población aledaña estuvo a punto de ser envenenada de manera masiva, no se diga los peces y demás animales, quienes perecieron.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para paliar la situación, informó que el derrame se dio a causa “de un descuido en el cierre de la válvula de una pipa que transportaba remanente de solución cianurada, la cual se quedó sin combustible en un terreno con pendiente, ocasionando que drenara la solución hacia el río Piaxtla”.

Especialistas en materia ambiental alertaron que la impunidad juega un papel importante en el tema de los desastres ambientales que provocan las mineras en el país, ya que esas compañías –la mayoría extranjeras–, al no hacerse acreedoras a sanciones justas por parte de los gobiernos federal y local, continúan con la destrucción.

Y es que como se precisó las mineras, principalmente las extranjeras provocan daños ambientales, sociales, económicos y de salud, en México operan con total impunidad, ya que tanto el Gobierno federal, estatal y local favorecen los intereses de las compañías y no los de la población, denunciaron especialistas en materia.

El doctor Rodolfo García Zamora, académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), y Gustavo Lozano, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), alertaron que la impunidad juega un papel importante en el tema de los desastres ambientales que provocan las mineras en el país, ya que, las empresas –la mayoría de procedencia extranjera–, al no hacerse acreedoras a sanciones justas, continúan con la destrucción.

“Esta gente que provoca desastres ambientales en México lo hace porque difícilmente será sancionada y, en caso de que sea sancionada, el castigo o la pena puede ser pagada fácilmente, por lo que esas grandes corporaciones pueden seguir operando; es decir, no hay incentivos por parte de las autoridades federales y locales en la aplicación de la Ley para que las empresas dejen de actuar abusiva y descuidadamente”, puntualizó el académico.

La planta de la minera canadiense Primero Minings en San Dimas, Durango, donde se produce solución de cianuro, ha sido denunciada por la Red Mexicana de Afectados por la Minería.

Al respecto, Gustavo Lozano urgió a la Profepa a investigar exhaustivamente de qué manera ocurrió el derrame y en caso de ser necesario sancione a la empresa.

“Lo que sigue es que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente indague sobre el nivel de daño que ha ocurrido, establezca responsabilidades y sancione conforme a la Ley. Además, debe haber una sanción de remediación para limpiar la tierra y el agua de contaminantes”, exigió.

En el documento “Cianuro. La Cara Tóxica del Oro”, realizado por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (Ocmal), se lee que la minería de oro es “la fuente de mayor contaminación de las aguas por cianuro”.

El texto plantea que la exposición crónica al cianuro por periodos extensos en dosis pequeñas tiene “efectos considerables” en la salud, entre ellos se encuentran la pérdida de apetito, migrañas, nauseas, irritación de los ojos e incluso puede atacar las fibras musculares del corazón o afectar al funcionamiento de la tiroides. Sin embargo, la investigación indica que en dosis mayores, el cianuro llega a ser letal.

En los peces, el cianuro suele ser fatal en corto tiempo. De hecho, en el caso del río Piaxtla, en el municipio de San Dimas, Durango, la Profepa dio a conocer que “un número indeterminado de peces” murió a causa de la solución derramada el pasado 11 de marzo que, una vez que alcanzó la corriente del río, se desplazó aproximadamente 245 metros lineales, causando la muerte de  peces, en su mayoría especies juveniles de uno a cinco centímetros de talla.

Respaldo oficial a planta de cianuro

Por si fuera poco, se pretende construir una planta de cianuro que cuenta con el apoyo del Gobernador de Durango, el panista José Rosas Aispuro, y la Presidenta Municipal de Gómez Palacio, Durango, la priista Leticia Herrera Ale.

La estadounidense Chemours Company, de acuerdo a Gustavo Lozano, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA),  presentó una Manifestación de Impacto Ambiental que contiene un montón de irregularidades, de falsedades y mentiras, lo que los obligó a interponer una demanda de nulidad ante la resolución de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, misma instancia que permitió la instalación de esa empresa.

Entre las irregularidades, Lozano destaca que Chemours afirmó que el proyecto “no se ubicará en las cercanías de zonas habitacionales, comerciales y/o de servicios, dado que se encuentra a una distancia de 7 kilómetros localidad de Brittingham y a 8 kilómetros de la localidad de Martha, así como a 1.6 kilómetros del complejo minero Dinamita”. Cuando la realidad es que el ejido El Siete, donde habitan unas mil personas –muchos de ellos pensionados y jubilados–, se encuentra a menos de un kilómetro.

Además sostuvieron que en zona no existe fauna y flora registrada en la Norma Oficial Mexicana 059, que tiene que ver con especies altamente protegidas, cuando, la realidad planteada por la REMA es que existen cactus propios de la región, aves y animales de suelo que están incluidas en la NOM y reconocidas en los ordenamientos territoriales.

Además, pobladores de El Siete y el integrante de REMA afirman que no sólo esta comunidad se podría ver afectada por la contaminación del cianuro, sino también otros poblados como Abisinia, La Aurora, Martha, Numancia, el Volado, Las Américas, entre otras.

En síntesis, sostuvieron los afectados, el Gobierno es cómplice a nivel nacional del ecocidio, de la destrucción de los territorios, de la destrucción de las comunidades. Es una complicidad en la economía de la muerte. La minería destruye la estructura productiva, la tierra, el agua, la cohesión social y de alguna manera subordina totalmente los poderes judicial, legislativo y ejecutivo de acuerdo a sus intereses”,

Por si fuera poco en el país la minería es considerada como una actividad preponderante, tal como lo establece el Artículo Sexto de la Ley Minera.

“Prácticamente se le invita a la inversión extranjera a destruir, extraer la riqueza sin que existan consecuencia y eso está muy cerca del tema de la corrupción, de la complicidad y de la destrucción del Estado mexicano en términos de un Estado que ha claudicado en defender los intereses de la mayoría de la población, para salvaguardar simplemente los intereses de la acumulación de capital por todos los medios”.

En octubre de 2017, cuatro trabajadores de la empresa First Majestic murieron intoxicados con dióxido de carbono, según información que la minera entregó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

En Chicomuselo, Chiapas, como se sabe, Mariano Abarca Roblero se oponía a la empresa minera Blackfire Exploration. Fue asesinado el 27 de noviembre de 2009.

Desde ese año su hijo José Luis Abarca Montejo comenzó una lucha para encontrar justicia que lo ha llevado hasta Canadá, luego de que en México los empleados de la minera detenidos por el homicidio fueran liberados.

Hace algunas semanas, entregó una denuncia administrativa ante el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá para exigir que se lleve a cabo una investigación sobre “las acciones y omisiones” de la Embajada canadiense en México en el crimen, ya que acusó que el asesinato se perpetró por órdenes de la compañía.

En Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, un proyecto de minería de oro y plata de la empresa Minera Gavilán, subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals, pone en riesgo la salud de los pobladores, el medio ambiente e incluso el acceso al agua.

Por ese tema, en diciembre pasado, un grupo de pobladores, acompañados de activistas, visitó Canadá para instar al Gobierno del país norteamericano y a los inversionistas a prevenir más violaciones de derechos humanos y daños ambientales asociados con dicho proyecto, así como muchos otros y mientras tanto, dichas mineras hacen y deshacen a su antojo ante la complicidad y pasividad de las autoridades.

 https://laverdadnoticias.com/mexico/—Mineras-las-mayores-huachicoleras-del-pais-20190321-0145.html