JULIO CÉSAR RAMÍREZ
sáb 25 abr 2020, 7:35am
Yo río libre
Más de 190 agrupaciones civiles, colectivos y comunidades, así como medio centenar de académicos y defensores del medio ambiente denuncian que el gobierno federal aprovecha la pandemia para avanzar con sus megaproyectos, y expresan rechazo a que continúe la construcción del Tren Maya en la Península de Yucatán en medio de la contingencia sanitaria por COVID-19. Por su parte, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) alerta el inicio ilegal, en plena Fase 3 de contagios, de una obra en el Corredor Transístmico que no cuenta con Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y es parte del megaproyecto del Corredor Transoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Los firmantes del pronunciamiento sobre el Tren Maya llaman al gobierno federal a respetar la libre determinación de las comunidades, pues consideran que la consulta a pueblos originarios no cumplió con los criterios internacionales.
El martes 21 de abril -día en que entró la Fase 3 del coronavirus en México-, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la asignación de la construcción y explotación por 50 años del Tren Maya a la empresa paraestatal Fonatur -Fondo Nacional de Fomento al Turismo- Tren Maya.
Al respecto, las comunidades y organizaciones defensoras de los pueblos indígenas denuncian: «Pareciera ser que el gobierno federal se aprovecha de la actual coyuntura para avanzar, sin el riesgo de oposición, en la continuación de un proyecto que ha sido cuestionado por diversos sectores y cuya opacidad incluso ha generado la emisión de una orden de suspensión por parte de un Juez Federal ante un amparo presentado por comunidades de Calakmul y Candelaria», critican las organizaciones, entre las que se encuentra la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C. (Frayba), Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas DESMI A.C. y Greenpeace México.
Son 12 mil indígenas en Chiapas los que respaldan la lucha jurídica contra el Tren Maya.
El miércoles 22, el presidente López Obrador reiteró que los proyectos que considera prioritarios de su gobierno continuarán como medidas para mitigar las consecuencias derivadas del COVID-19, entre ellos el Tren Maya.
«Resulta preocupante que frente a la emergencia sanitaria que se ha generado a nivel mundial por la aparición del COVID-19, el gobierno federal pretenda mantener las actividades relacionadas con el proyecto denominado Tren Maya, a pesar de que su construcción y el desalojo de personas no es esencial en el contexto de la actual pandemia», señala el pronunciamiento de comunidades y organizaciones.
Quienes rechazan el Tren Maya quedan indefensos debido a que los tribunales no funcionan con normalidad.
El jueves 23, Fonatur informó que el consorcio encabezado por Mota-Engil México, China Communications Construction Company, Grupo Cosh, Evasa y Gavil Ingeniería, ganó la licitación pública internacional para la construcción del Tramo 1 del proyecto Tren Maya, que recorrerá 227 kilómetros desde Palenque, Chiapas, hasta Escárcega, Campeche.
En Oaxaca, por su parte, Ucizoni solicitó al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo, cancelar y suspender toda obra que realiza la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) S.A. de C.V. debido a que, asegura, es ilegal, toda vez que la evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fue suspendida en torno al Proyecto de Modernización y Rehabilitación de la vía férrea en el Istmo de Tehuantepec como parte del megaproyecto del Corredor Transoceánico del Istmo de Tehuantepec.
La cancelación de la MIA se efectuó debido a que no hubo un proceso de consulta a los pueblos indígenas por donde abarcará dicha obra de rehabilitación, además de que el proyecto original consta de 132 kilómetros que comprende de Medias Aguas, Veracruz, a La Mata, Oaxaca; sin embargo, la MIA sólo cubría la distancia de 63 kilómetros que abarcan de Medias Aguas, Veracruz, a Tolosita, Oaxaca, dejando fuera 69 kilómetros, es decir, la mitad del trayecto.
También señala que es ilegal, porque debido a la contingencia de COVID-19, se suspendió y aplazó el proceso de consulta indígena que se realizaría a los pueblos originarios de la zona norte del Istmo de Tehuantepec y en la que también participarían los pueblos del sur de Veracruz.
@kardenche
https://elsiglo.mx/noticia/1697163.megaproyectos-y-pandemia.html
