Jueves 30 de abril de 2020
Francisco López Bárcenas
Además de los efectos desbastadores propios de su naturaleza, las crisis también desatan las más bajas pasiones humanas. La pandemia de coronavirus que en estos tiempos padece el mundo no es la excepción. El avance científico no ha servido para potenciar los sentimientos de convivencia entre hermanos, sino para desatar la avaricia a costa incluso de la vida humana. Cual modernos piratas, los países poderosos se apropian los implementos destinados a otros con menos poder que ellos, dejándolos desprotegidos y a su suerte. En el ámbito nacional los empresarios exigen programas económicos para salvar sus empresas, sin siquiera lanzar un gesto humanitario para salvar vidas en peligro. Los políticos regionales y locales no se quedan atrás, los apoyos que ofrecen a los potenciales votantes, los realizan como dádivas de personas de buena voluntad, imprimiendo su imagen o su nombre en los productos que reparten, para que los beneficiarios los recuerden cuando llegue el momento de cobrar el apoyo. Hay excepciones, pero sólo sirven para confirmar la normalidad tan anormal.
Vistos desde el mirador de los pueblos indígenas, los gobiernos quedan muy mal parados. La información que puntualmente se ofrece a la población ha resultado inútil para ellos, pues nadie se ha preocupado por traducirla a sus lenguas; los locutores de las radios indigenistas han hecho un esfuerzo, pero su cobertura no es nacional y no abarcan todas las lenguas indígenas; las necesidades de alimentación, trabajo y salud nadie las atiende, no hay un programa de incentivación a la economía doméstica similar al que se implementa para la pequeña y mediana industria; nadie se ocupa de los migrantes que regresan a estar con sus familias después de que fueron echados de sus trabajos, ignorando su aporte a la economía con las remesas que hacen de Estados Unidos. En materia de salud, cuando acuden a un hospital es por mera intuición de que pueden estar infectados porque no existe personal especializado en sus comunidades, y si los médicos que los atienden coinciden con las sospechas, los envían a otros hospitales donde los atienden sin informarles de su situación.
Hay otros problemas relacionados directamente con la pandemia. En el hospital de Juxtlahuaca, municipio mixteco ubicado en el estado de Oaxaca, una señora murió de hipertensión, pero el personal médico informó que fue por coronavirus y ordenó a sus familiares que su cuerpo fuera enterrado inmediatamente, bajo pena de multa. Nadie explicó el por qué de esa determinación y los vecinos sospechan que lo hicieron para infundir temor entre la población; por esa determinación la difunta quedó sin el ritual de despedida del alma, y por tanto no irá al ñuu ndii –pueblo de los muertos– y andará vagando, mientras ellos cargan con el estigma de no haber cumplido y estar, posiblemente, contaminados. En Pichátaro y Quinceo, comunidades purépechas, se han presentado casos, que han sido trasladados a los hospitales del estado, pero los responsables de esas instituciones no dan información sobre su situación, haciendo desesperar a los familiares. Y así por el estilo.
Aprovechando la situación creada por la pandemia, el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas involucradas usan la inmovilidad ciudadana para impulsar las obras del Tren Maya y del Corredor Transístmico, sabiendo que la oposición a ellas será menor a la que ha venido enfrentando por quienes consideran que violan sus derechos. Lo insólito de esta determinación es que los tribunales competentes de Campeche y Yucatán se han negado a recibir las solicitudes de amparo presentadas por los agraviados, bajo el argumento de que no son asuntos de urgencia. Esta situación configura una suspensión de derechos y sus garantías, la cual, para que sea válida legalmente, requiere que se haga por el Presidente de la República, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente en su caso, cosa que hasta ahora no ha sucedido. La suspensión de los términos en los procesos judiciales no es suficiente para suspender en ejercicio de sus derechos y garantías.
Frente a tanta miseria la grandeza de los pueblos comienza a florecer. Ellos se han organizado para enfrentar el problema y lo hacen con sus propios recursos. La gran mayoría se han encapsulado, ordenando a sus guardias que vigilen la entrada y salida de personas, la alimentación de sus miembros la resuelven entre familiares y si es necesario recurren a la solidaridad comunal, como en las comunidades purépechas de Ihuatzio y Cucuchucho, donde los jóvenes han organizado colectas de despensas que reparten entre quienes las necesitan; en la salud tienen más problemas porque aunque algunos cuentan con médicos, éstos carecen del instrumental para detectar la presencia de letal virus. Lo que les preocupa es lo que viene. Cómo van a ser sus relaciones con un Estado que los excluye de facto, cómo van a resolver la falta de trabajo y alimentos. En fin, cómo van a hacer para construir un mejor futuro. Ese es su reto mayor. Que la miseria humana no le gane a la solidaridad humana.