23/09/2020
- Opinión
Miriam MirandaFoto: Giorgio Trucchi
–Dos meses de la desaparición forzada de Snaider, Milton, Suami, Gerardo y Junior
El
pasado 18 de septiembre se cumplieron dos meses de la desaparición
forzada de cuatro activistas de la comunidad garífuna de Triunfo de la
Cruz, entre ellos el presidente del patronato Alberth Snaider Centeno, y
de una quinta persona.
Tanto Centeno como Milton Martínez
Álvarez, Suami Mejía García y Gerardo Róchez Cálix son miembros de la
Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y del Comité de Defensa
de las Tierras Triunfeñas. Junior Rafael Juárez Mejía, la otra persona
secuestrada y desaparecida, es un allegado de la comunidad.
Los
cinco fueron secuestrados de sus casas por hombres fuertemente armados
que vestían uniformes de la Policía Militar y de la Dirección Policial
de Investigaciones (DPI).
Días después, a inicios de agosto, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) exigió al Estado de
Honduras adoptar todas las medidas necesarias y adecuadas para
determinar el paradero de los jóvenes activistas.
Asimismo, instó a proteger los derechos a la vida e integridad personal de los integrantes de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, así como coordinar las medidas de protección con los mismos beneficiarios.
Finalmente,
la CorteIDH ordenó al Estado de Honduras presentar, a más tardar el 24
de agosto, un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo
dispuesto en la resolución.
Por su lado, el Comité contra la
Desaparición Forzada de la Oacnudh exigió a las autoridades hondureñas
“establecer una estrategia integral que incluya un plan de acción para
la búsqueda exhaustiva e inmediata y para la investigación imparcial de
las desapariciones forzosas”.
Dos meses después, no sólo no ha
habido avances en la búsqueda de los líderes comunitarios garífunas,
sino que las respuestas de las autoridades hondureñas ante las
exigencias de las familias, la comunidad y las instancias nacionales e
internacionales de derechos humanos, han sido insignificantes.
Estado indolente
«La
respuesta ha sido ridícula. Hasta usaron la pandemia como pretexto para
deslindar responsabilidades. Por eso la CorteIDH fijó un nuevo plazo
(28 de septiembre) para que el Estado entregue información veraz, y diga
qué está haciendo para determinar el paradero de los compañeros.
También ratificó la urgencia de garantizar la seguridad de los miembros
de las comunidades de Triunfo (de la Cruz) y Punta Piedra.
Nos
preocupa sobremanera que estén manteniendo la investigación bajo la más
estricta secretividad y que no permitan que participemos. Lo mismo
hicieron cuando asesinaron a Berta (Cáceres) y sabemos perfectamente
como manipularon la investigación y ocultaron pruebas para proteger a
los autores intelectuales», dijo Miriam Miranda, coordinadora de la
Ofraneh.
– ¿Cómo las comunidades garífunas y las familias de los compañeros desaparecidos están llevando esta situación tan dolorosa?
–
«Tanto las comunidades como las familias siguen en pie de lucha y no
han perdido la esperanza. Todos y todas estamos exigiendo el retorno y
la aparición con vida de los compañeros. No tenemos la menor duda de que
este nuevo ataque es parte del plan genocida contra el pueblo garífuna,
que se ha venido orquestando en los últimos años».
Agresión permanente
Son
20 los miembros de las comunidades garífunas hondureñas asesinados el
año pasado, varios de ellos comprometidos con la defensa de los
territorios ancestrales y los bienes comunes.
El pueblo garífuna
sufrió otros ataques en el transcurso de este año. El 20 de mayo fue
asesinado Edwin Fernández, miembro de la Ofraneh y encargado de la
vigilancia del portón de entrada a la comunidad de Río Tinto. Un mes
después, el líder comunitario Antonio Bernárdez, oriundo de la comunidad
de Punta Piedra, cayó a manos de desconocidos.
Para la Ofraneh,
tanto la desaparición forzada de los jóvenes como la ola de asesinatos
están relacionados con el expolio de territorios ancestrales garífunas a
manos del gran capital nacional y transnacional, coludido con
autoridades políticas y estatales, y con la lucha comunitaria de
resistencia al extractivismo.
¡Cumplir el fallo de la CorteIDH ya!
Es
en este contexto de agresión permanente que la organización garífuna
volvió a exigir el cumplimiento del fallo a favor de las comunidades de
Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. emitido en 2015 por la CorteIDH.
En
aquella ocasión, los jueces ordenaron al Estado de Honduras demarcar
las tierras ancestrales sobre las cuales se otorgó la propiedad
colectiva a la comunidad, en dominio pleno y en garantía de ocupación.
Buena
parte de estas tierras han sido usurpadas por empresarios y grupos de
poder con el objetivo de desarrollar megaproyectos turísticos y expandir
el cultivo de palma africana y otros cultivos.
Cinco años después, el Estado sigue negándose a cumplir la sentencia.
«Como
Ofraneh estamos muy claramente convencidos que detrás de todos estos
ataques están los intereses de grupos y personas con mucho poder
económico y político, que están interesados en controlar y manejar los
territorios garífunas. Quieren desalojarnos para adueñarse de nuestras
tierras».
– ¿La desaparición de los compañeros es el resultado de una represión generalizada o de un ataque selectivo?
–
«Las dos cosas, es decir que es parte de este plan genocida contra el
pueblo garífuna, pero también es un ataque contra jóvenes líderes
comunitarios que se han involucrado en la lucha.
Snaider
(Centeno) es un joven con mucho arrastre que asumió la presidencia del
patronato de Triunfo de la Cruz, y lo hizo en un contexto muy
complicado, exigiendo públicamente el cumplimiento de la sentencia de la
CorteIDH y el respeto de los territorios ancestrales y las áreas
protegidas.
Sobre la Bahía de Tela hay grandes intereses. Son
territorios codiciados y la sentencia de la CorteIDH afecta a gente
poderosa, que pretende negar a las comunidades lo que les corresponde
ancestralmente.
Además no se trata de un hecho aislado. Todo es
parte de un plan, de un modelo acaparador y destructor. Mira lo que está
pasando en estos días en Islas de la Bahía, en Roatán, donde pretenden
desarrollar una Zona de empleo y desarrollo económico (Zede) a espaldas
de las comunidades locales[1]. Mira lo que pasa en el sur del país.
Pero, pese a todo, seguimos en pie de lucha y no vamos a parar».
Notas
[1] https://contracorriente.red/2020/09/03/roatan-una-micro-nacion-a-la-venta/
Fuente: LINyM https://www.alainet.org/es/articulo/209021