Un estudio reveló que en las zonas de la selva amazónica donde se practica la minería, tanto legal como ilegal, hubo mayor pérdida de bosques entre 2000-2015 respecto de las tierras indígenas sin minería. Crédito de la imagen: Vinícius Mendonça/Ibama/Wikimedia Commons, bajo licencia Creative Commons 2.0.
De un vistazo
- Estudio analizó el impacto de la minería legal e ilegal en la selva amazónica
- Halló que la deforestación fue entre dos y tres veces mayor donde se practica la minería
- Las concesiones mineras industriales cubren más de 18 por ciento de la Amazonía
Por: Martín de Ambrosio
En las zonas de la selva amazónica donde se practica la minería, tanto legal como ilegal, hubo mayor pérdida de bosques entre 2000-2015 respecto de las tierras indígenas
sin minería, reveló un trabajo interactivo de la World Resources
Institute (WRI) y la Red Amazónica de Información Socioambiental
Georreferenciada (RAISG).
“En Bolivia, Ecuador y Perú, la tasa de deforestación
fue al menos tres veces mayor; y en Colombia y Venezuela la tasa fue de
una a dos veces mayor en tierras indígenas con minería que en tierras
indígenas sin minería”, dijo a SciDev.Net Patricia Quijano
Vallejos, consultora legal y coautora del estudio titulado “Derechos
minados: las tierras indígenas y la minería en el Amazonas”.
La minería cubre más de 20 por ciento de los territorios indígenas en la cuenca, con una superficie total de 450.000 km2.
“Las concesiones mineras industriales cubren aproximadamente 1,28 millones de km2
(más de 18 por ciento) de la Amazonia” añadió Quijano Vallejos. Junto
con las áreas de minería ilegal afectan a 1.131 (31 por ciento)
territorios indígenas. De esas áreas, 370 son ilegales y muchas están en
Brasil, donde se usa mercurio, un tóxico con alto impacto en ríos y
suelo.
Si bien el estudio se terminó antes del comienzo de la pandemia de coronavirus,
el hecho de que la crisis internacional haya aumentado el precio del
oro más de 25 por ciento hizo crecer la demanda en estos meses con el
consiguiente daño a comunidades y ecosistemas.
El estudio también analizó la situación legal en el Amazonas, donde “las
leyes nacionales otorgan a los pueblos indígenas determinados derechos
sobre sus tierras, pero un número reducido de derechos sobre los
minerales existentes en ellas”, dijo Quijano Vallejos.
“En Bolivia, Ecuador y Perú, la tasa de deforestación fue al menos tres veces mayor; y en Colombia y Venezuela la tasa fue de una a dos veces mayor en tierras indígenas con minería que en tierras indígenas sin minería”.
Patricia Quijano Vallejos, consultora legal y coautora del estudio
Solo en Guyana, otro de los países de la Amazonia, los pueblos indígenas
tienen el derecho al consentimiento previo al inicio de actividades
mineras a cargo de terceros, y solo en Colombia cuentan con el derecho
de prelación para realizar minería en sus tierras antes de que un
tercero pueda hacerlo.
“El reporte encontró que aunque las leyes de Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Guayana y Perú reconocen algunos derechos a los indígenas (los gobiernos)
no proveen la protección legal necesaria para asegurar sus tierras y
hacerse cargo del desarrollo”, afirmó en el prólogo del trabajo Andrew
Steer, presidente de la WRI.
“En la práctica, la ley no es cumplida adecuadamente por los mineros.
Por ello, los pueblos indígenas emplean diversas estrategias, como
protestas, marchas y litigios, para proteger sus tierras de la minería”,
añadió Quijano Vallejos.
A diferencia de la minería artesanal a pequeña escala que durante
generaciones practicaron las comunidades, la minería industrial genera
conflictos sociales.
“Cuando llega la minería industrial aumenta el alcoholismo, la
prostitución y las drogas; y destruye las comunidades”, mencionó Michael
McGarrell, coordinador de derechos humanos de la Coordinadora de las
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y representante
de la Asociación de Pueblos Amerindios de Guyana, durante la
presentación en conferencia de prensa del informe este miércoles 7 de
octubre, vía Zoom.
Además, en la minería, los asesinatos de defensores del ambiente son más altos que en cualquier otro sector. Un informe
de Global Witness señala que hubo 50 asesinatos en todo el mundo, y más
de las mitad de ellos en comunidades de América Latina donde se
practicaba la minería.
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Respecto de posibles soluciones, el informe de la WRI, de 136 páginas,
presenta cinco recomendaciones para controlar la situación, y “empoderar
a los indígenas (…) y asegurar que la minería en tierra indígena genere
un saldo positivo y a la vez no dañe de manera irreparable el
ambiente”, señala.
Entre ellos pide más derechos legales para los indígenas, establece salvaguardas ambientales y crea capacidades en los territorios.
Eleodoro Mayorga, ex ministro de Energía y Minas de Perú, señaló en la
conferencia de prensa que “hubo un avance desde fines del siglo pasado,
cuando no había estudios de impacto ambiental”. “Hoy, en Perú, por
ejemplo, la mayor falla es en la aplicación, entre gobiernos nacionales,
regionales y municipales”, agregó.
Mayorga también anotó que faltan instituciones en la región que incluyan al sector privado, público y comunidades.
Por su parte, Silvana Baldovino, directora del programa de biodiversidad
y pueblos indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, que no
participó en el estudio de WRI, dijo que “es importante contar con
información que pueda generar mejoras en los niveles de protección de
los derechos de los pueblos indígenas, de sus territorios y de los
defensores ambientales”, dijo a SciDev.Net por correo electrónico.
> Enlace al informe completo
Referencias
> Mapa interactivo
https://www.scidev.net/america-latina/medio-ambiente/noticias/mineria-otro-factor-para-la-deforestacion-amazonica.html
