Vania Pigeonutt
Este ensayo es parte del proyecto Democracia entre balas
El 27 de octubre de 2015, un poco más de un año después de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, el priista Héctor Astudillo, tomó protesta como el gobernador 83 de Guerrero, en un contexto de violencia, reacomodo criminal, e inestabilidad política. El gobernador previo, Ángel Aguirre, había renunciado después de los eventos en Iguala y un gobierno interino dirigido por Rogelio Ortega gobernó el estado hasta la elección de Astudillo.
Estas situaciones no eran nuevas en el estado. En 1996, Aguirre había reemplazado a Rubén Figueroa Alcocer quien había renunciado tras la masacre de Aguas Blancas en 1995. Pero si la violencia tenía un costo político, las dinámicas parecían estar cambiando.
Tras los hechos del 26 de septiembre en Iguala, municipio de la región Norte a sólo una hora y media de Chilpancingo la capital, Guerrero fue el epicentro informativo nacional y figuraba en la escena internacional como un estado convulso. El caso Ayotzinapa exhibió la colusión del crimen organizado con la política local ante la presencia de un Ejército inerte en defensa de la población. El ex alcalde perredista de Iguala en ese entonces, José Luis Abarca, fue señalado junto a su esposa, Ángeles Pineda como líderes del grupo criminal Guerreros Unidos. Integrantes de esa agrupación junto a policías de Iguala y Cocula desaparecieron y mataron a estudiantes. El PRD pagó la factura en urnas.
En 2015 el argumento de la violencia política- social sumó a la violencia criminal. Los actores identificados como los generadores de la violencia sostenidos hasta entonces, luego de cacicazgos de décadas postrevolucionarias, tales como la familia Figueroa en la zona Norte o los Aguirre en la Costa Chica, fueron cada vez más en número y más visibles en su accionar. La violencia política se perfilaba desde entonces hasta ahora como un recurso para ganar territorios donde la protesta social mantiene su exigencia de justicia.
Ayotzinapa hizo visible el matrimonio de la política con la criminalidad, y el gobierno del estado tambaleaba. En ese contexto se empezaron a fortalecer nuevos cacicazgos, y el Guerrero armado creció: desde 2013 hubo un nuevo boom de policías civiles autollamadas comunitarias que, con los años se han mimetizado con los sicarios del crimen organizado o pasado para ese bando. En esas condiciones sumamente difíciles se llevó a cabo la elección de 2015.
En 2015 varios sucesos ocurrieron en el estado previo y durante las elecciones del 7 de junio. Uno de los más impactantes fue en mayo, el asesinato a 15 tiros de Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI a la alcaldía de Chilapa—municipio de la zona Centro con alta tasa de homicidios, desapariciones y asesinatos políticos—. El reto para ganar las elecciones era no morir en el intento.
Ayotzinapa representó un hito determinante para las elecciones futuras: terminó por romper la credibilidad del PRD, un partido nacido de izquierda y cuya militancia fue asesinada sobre todo por gobiernos priistas, aunado a un gobierno federal que hizo un “pacto por México” con los partidos incluido el del Sol Azteca, ya desgastado y deslegitimado encabezado por Enrique Peña Nieto. Para el gobierno federal, ese desplomo de legitimidad ocurrió precisamente cuando intentaba llevar a cabo las elecciones.
El rechazo popular al proceso electoral en el estado fue amplio. El Movimiento Popular Guerrerense (MPG) a la par, intentaba cancelar los sufragios hasta que los 43 fuesen presentados con vida. Este conjunto de organizaciones estaba compuesta por la disidencia magisterial, entre otras que habían participado en procesos históricos del estado. A lo más que llegaron las protestas es a cancelar los votos de la elección local en Tixtla, de donde son 14 de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.
En el libro: “La democracia no se construyó en un día”, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova y el periodista político Ernesto Núñez, recuerdan parte de la crónica de esos días.
“El 26 de marzo de 2015, al cumplirse seis meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una representación de los padres de familia, sus abogados, estudiantes y activistas se presentaron en las instalaciones del INE. Llegaron en autobuses que estacionaron en las inmediaciones del edificio de Viaducto Tlalpan y Periférico Sur, bloquearon las vialidades y exigieron que una comitiva fuera recibida para entregar un documento en el que exigían la cancelación de las elecciones en el estado de Guerrero”.
La carta que el movimiento entregó a los consejeros electorales demandaba cambios fundamentales: “Primero se debe trabajar en restaurar el tejido social, alejándolo de los procesos clientelares de tipo electoral, lo que implicaría la muerte de los partidos, porque ya no habría votos por despensas.” Además, sugirió que, en lugar de celebrar comicios convencionales, se nombraran consejos populares municipales bajo el régimen de usos y costumbres. Pero la propuesta no se implementó.
En Guerrero hubo decenas de protestas tanto en la junta local del INE, como en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC); funcionarios electorales retenidos, decenas de anuncios electorales intervenidos con frases como “Fue el Estado” “Nos faltan 43”.
Aun con un Peña Nieto desgastado, Astudillo pudo ganar de manera contundente en 2015. La gubernatura que le perdió a su partido en 2005 contra el perredista Zeferino Torreblanca, luego de 72 años de PRI al frente del gobierno de Guerrero, Ayotzinapa se la devolvió con un PRD completamente desacreditado y vinculado a la delincuencia organizada.
Conforme los ciudadanos de Guerrero se preparan para votar en 2021, Ayotzinapa sigue siendo un recordatorio indeleble de impunidad y la violencia política generalizada en el estado.
Foto: Félix Márquez
2021. Alto riesgo en 31 de los 81 municipios de Guerrero
Por mucho tiempo Guerrero ha sido uno de los estados más armados y militarizados a nivel nacional. También está marcado por una pobreza estructural que afecta a muchas áreas rurales y generalmente indígenas como La Montaña. Hasta el cultivo ilícito de la amapola y marijuana no ha mejorado las condiciones de vida de más de 150 mil familias dedicadas a ello. La resolución de la pobreza estructural en Guerrero siempre es tema en las promesas de campaña de los candidatos. Con los comicios del 2021 cada vez más cerca y los partidos políticos del estado en desaliño, la justicia social no es un tema central para los candidatos.
Los candidatos a la gubernatura punteros son: Evelyn Salgado de Morena, hija de Félix Salgado Macedonio, a quien su partido decidió no otorgarle finalmente la candidatura tras señalamientos de delitos sexuales y Mario Moreno por el PRD aliado del que fuese su verdugo en épocas pasadas, el PRI. Ni ellos ni los candidatos a las 80 alcaldías, 28 diputaciones locales y las nueve federales pueden hacer campaña libres por el estado.
Del 2015 al 2018, se registraron 25 asesinatos y cuatro desapariciones forzadas de dirigentes políticos y de organizaciones sociales, una línea que se mantuvo hasta la fecha, donde han sido asesinados al menos cuatro aspirantes a alcaldías y otros han recibido atentados y amenazas, como Avelina López candidata a la alcaldía de Morena en Acapulco y Erick Ulises Crespo en Cocula, zona Norte colindante a Iguala, por mencionar algunos.
Guerrero representó en 2018 el estado con más asesinatos políticos. La consultora Etellekt, un mes antes de la elección, en mayo, contó 20 homicidios que, para los 90 candidatos a alcaldes y diputados locales asesinados en todo México en los últimos nueve meses desde esa fecha, posicionaron a la entidad, en regiones como la Tierra Caliente y la Centro, como la más peligrosas para hacer campaña. Ese año siete políticos, entre precandidatos y candidatos a un cargo de representación popular fueron asesinados sólo en la zona Centro: Chilapa, Chilpancingo, José Joaquín Herrera, Tixtla.
En 2018 el gobierno del estado realizó un mapa de riesgos en este año, donde marcaba en rojo 18 municipios, 17 de alerta media y 46 tenían alerta baja. En 2021, el panorama violento no sólo permanece, se diversificó. El mapa de riesgo de 2021 marca 31 municipios en rojo. Los problemas de antaño parecen regresar en ciclo. Actores armados como los guerrilleros lejanos en este contexto, regresan aunque en figuras como el sicario, policías comunitarias y civiles armados.
Para esta elección sólo el abanderado de Movimiento Ciudadano (MC), Erick Ulises Ramírez Crespo, a la alcaldía de Cocula y la candidata de Morena a la diputación local por el distrito 25 de Chilapa, Diana Itzel Hernández, cuentan con seguridad las 24 horas del día. Tienen medidas cautelares que consisten en acompañamiento de policías estatales todos los días.
En el caso de Ramírez Crespo, ex alcalde de Cocula vinculado con la delincuencia organizada en 2015, pistoleros irrumpieron en un acto de campaña y abrieron fuego sin que hubiese heridos. Diana Hernández, es hija del luchador social Ranferi Hernández Acevedo, férreo crítico del caciquismo figueroista, fundador del PRD, exiliado en Francia y asesinado cruelmente en 2017, su sola presencia representa un mensaje contra la delincuencia.
El distrito que se disputa está controlado desde 2015 por el grupo delictivo “Los Ardillos” de acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE) y es el mismo que mantiene una confrontación con lo que queda de “Los Rojos” que han perdido fuerza, según las mismas autoridades, desde 2015.
Entre los 31 municipios de alto riesgo, están Tlepehuala, Arcelia, Coyuca de Catalán y Zirándaro en donde opera la organización de la Familia Michoacana. En Zirándaro, otro municipio con alta incidencia en desplazamientos forzados internos, presencia de grupos armados y siembra de amapola, mantiene una disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Por ese contexto, Gregorio Portillo Mendoza, alcalde de Morena de Zirándaro, renunció a la diputación local aunque fuese plurinominal; es decir, no tenía que ser electo en urnas, tras el secuestro exprés que sufrió por un grupo de la delincuencia aun estando con dos de sus ecoltas de la Guardia Nacional, a quienes también retuvieron.
El mapa actual también muestra a los municipios de Iguala, Cocula, Huitzuco, Teloloapan y Apaxtla de Castrejón y Cuetzala del Progreso en rojo. En los seis municipios de esta región Norte del estado, el grupo de Los Tlacos disputan el territorio con La Bandera que es una escisión de Guerreros Unidos, de acuerdo a análisis ofrecidos por algunos portales como Amapola: Periodismo Transgresor.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Seguridad Pública Estatal, Secretaría de Marina (Semar) Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) ubican entre estos 31 municipios de alto riesgo a Taxco de Alarcón, Buenavista de Cuéllar Tetipac y Pilcaya. Los tres colindan con el estado de Morelos y el Estado de México, donde opera la organización de la Familia Michoacana.
En estos sitios varios políticos como el ex alcalde de Taxco, Salomón Majul o la candidata de la coalición PRI-PRD a diputada local por el distrito 21 con cabecera en Taxco, Flor Añorve Ocampo, han recibido amenazas y agresiones por supuestos integrantes del crimen.
La historia electoral reciente de Guerrero es la historia de dos demandas en constante tensión. Por un lado, una lucha por la justicia social y por otro, la presión, muchas veces letal, generada por el crimen organizado.
La historia es cíclica y Guerrero debería aprender de su pasado, considera el ex guerrillero,historiador y académico de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Fernando Pineda Ochoa.
Él nació en Zirándaro, uno de los municipios considerados foco rojo por el esquema de seguridad en las elecciones. En su opinión, desde su experiencia en la organización guerrillera, el compromiso de los militantes hacia una causa, en su caso era derrocar al sistema dictatorial que se presentaba como democrático, debería ser homogénea en el sentido de buscar desde las trincheras de cada quien, una mejor sociedad. Dice que si la sociedad en su conjunto, como ocurrió con la guerrilla, no retoma el proceder de un movimiento y lo respalda, el Estado siempre irá un paso adelante. Habría que exigir al unísono justicia por todas las masacres históricas, de lo contrario, ninguna elección cambiará el argumento de la política social y la desigualdad. No habrá candidatos idóneos, la gente tiene que recuperar su poder de agencia.
“No hay que perder de vista la democracia que no es propiedad de nadie, ni de los comunistas ni de los gobernantes. La democracia es una forma de participación que permite que la gente de abajo participe opine”. Es una construcción con exigencia al Estado del pago de sus deudas históricas.
Vania Pigeonutt es fundadora y editora de Amapola Periodismo. Su trabajo enfoca en temas sociales y políticos en Guerrero.
https://www.mexicoviolence.org/votingamidviolence/guerrero-ganar-territorios
