Por Efraín Núñez
Julio 26, 2021
En Ixtacamaxtitlán la población ha sido víctima del despojo por parte de la empresa canadiense Almaden Minerals porque aunque la firma señala que compraron esas tierras a los campesinos, al final estos recibieron poco dinero y ahora ya no viven en un territorio en el que estaban arraigados, sostuvo Yuritzin Flores Puig, directora de la oficina del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, también conocido como Rimisp.
En entrevista con La Jornada de Oriente, la especialista afirmó que otra consecuencia de la instalación de este megaproyecto, detenido por el activismo de los opositores, es la separación de la población entre quienes están a favor y en contra de la mina que representa un grave riesgo ecológico para esta zona de la Sierra Norte de Puebla.
La también politóloga recordó que el Rimisp realiza en territorio poblano el estudio denominado Retos y oportunidades para el Programa Territorios en Diálogo, en los municipios de San Jerónimo Tecuanipan e Ixtacamaxtitlán.
Respecto a la segunda de estas demarcaciones afirmó que hasta el momento se habla poco del despojo del que fueron objeto los pobladores por la instalación de la minera Almaden.
“La minera dice que compraron pero las familias recibieron muy poco por estos terrenos y ahora ya no viven en un territorio en el que estuvieron arraigados toda la vida, eso es una forma de despojo”, expuso.
Refirió que la comunidad de Santa María es la que resultaría más afectada si llegara a consumarse la operación de la minera, sin embargo un total de 13 comunidades también tendrían graves consecuencias con la contaminación del agua, en particular en el río Apulco que se extiende por toda la Sierra Norte de Puebla y desemboca en el Golfo de México en Veracruz.
“Los pobladores están haciendo una gran lucha defendiendo la vida, el agua y el territorio. Esta lucha es legítima. Esperemos que logren avanzar hacia el declive”, indicó.
El otro hallazgo hecho por el Rimisp en Ixtacamaxtitlán con su investigación es que la minera ha dividido a la población para lograr su cometido, convenciendo a pobladores que el proyecto de extracción traería consigo trabajos para la gente.
“Vemos división en las familias. De los que están a favor y en contra del proyecto. Sin embargo, los activistas defienden sus derechos al territorio y a la consulta, debido a que nunca se les tomó en cuenta para aprobar la concesión”, expuso.
Por esta razón, manifestó que las principales preocupaciones de la población en el municipio son la gestión del agua, la instalación de la minera, la seguridad que se ha visto afectada con una ola de asaltos, así como la construcción de carreteras, caminos y vías de comunicación.
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