Los desastres ambientales de grandes proporciones que han sucedido en los dos países evidencian las consecuencias de un modelo de actuación común de los agentes privados del mercado. En abril de 2021, un lugar de almacenamiento de mina de fosfato amenazó con lixiviar material radioactivo hacia la Bahía de Tampa, en Florida; algunas semanas antes, una represa de mina de oro en Brasil se rompió, contaminando el lugar de abastecimiento de agua potable de 4.000 personas en el estado Maranhão. En febrero y marzo, habitantes de los estados Mississipi y Texas (EE.UU.) enfrentaron apagones de electricidad y falta de agua potable. En noviembre de 2020, en Brasil, el estado Amapá sufrió con la falta de energía eléctrica por 3 semanas, que afectó a 765 mil personas, durante la pandemia de la Covid-19. En Brasil, desde el año 2000 ya ocurrieron por lo menos 12 rupturas en represas, lo que en promedio sería una ruptura de represas a cada 2 años. En el estado Minas Gerais, el segundo en producción del mineral de hierro del país, fueron 7 rupturas de represas de residuos mineros en 13 años.
Por: Caitlin Schroering (Comitê de Solidariedade ao Movimento dos Atingidos por Barragens de EEUU) y Letícia Oliveira (Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens)
A
primera vista, esos sucesos no parecen relacionados. Profundizando un
poco más, sin embargo, podemos constatar algunas evidencias comunes en
estos acontecimientos de la realidad. El colapso de represas, desastres
de minería, la falta de agua y los apagones de energía no son solo
desastres «naturales», sino resultados provocados por la acción de los
agentes privados del mercado. Esas situaciones son el resultado de
centenas de años de imperialismo y colonialismo, seguidos por décadas de
reformas neoliberales con privatizaciones, especulación financiera
desenfrenada, y falta de responsabilización y reglamentación por parte
de las empresas y de los gobiernos.Finanzas globales y minería
Globalmente,
85% del fosfato extraído es usado para hacer fertilizantes; el estado
americano de Florida actualmente es responsable por 25% de la producción
mundial de fosfato. Una de las mayores fábricas de fertilizantes del
mundo existe en Pool County, Florida, de propiedad de Mosaic, la mayor
empresa privada de fosfato del mundo. Inclusive frente a una masiva
oposición popular, el gobierno local aprovó la expansión de las
operaciones de las plantas. Una de las razones de esa oposición es que
las minas de fosfato y las fábricas de fertilizantes producen un residuo
denominado fosfoyeso, que es radioactivo. Mientras la industria de
fosfato continúa haciendo lobby para usar esos residuos para
construcción y material de construcción de carreteras, la Agencia de
Protección Ambiental de los EE.UU (EPA). Ésta no recomienda su uso
porque lo considera un material peligroso para la salud. Entonces, la
industria lo almacena. Uno de esos lugares de almacenamiento de
residuos, Piney Point, se tornó noticia internacional al inicio de
abril, cuando el reservatorio de almacenamiento estaba en riesgo de
colapso, y equipos de trabajo bombearon millones de galones de esa agua
contaminada (radioactiva) en la Bahía de Tampa, un área ambientalmente
delicada.
Como relató un artículo en The Guardian, el lugar tiene una
larga historia de polución, aunque los propietarios del lugar hayan
cambiado a lo largo de los años. El gobernador de la Florida, Rick
DeSantis, anunció que está haciendo una planificación para cerrar Piney
Point y limpiar el área afectada por el emprendimiento y sus
consecuencias. El gobierno todavía quiere responsabilizar la empresa HRK
Holdings, empresa que ahora posee un local. Pero la población del sitio
tiene dudas acerca de si esa planificación será de hecho cumplida por
el gobierno. La HRK Holdings posee accionistas en común con la empresa
canadiense Xemplar, que explota una mina de uranio en Namibia.
Brasil
es el segundo productor de mineral de hierro del mundo y el principal
comprador de Brasil es China. El mineral de hierro fue el tercer
producto más exportado por Brasil en 2019. Los dos estados con mayor
producción de mineral de hierro en el país son Pará y Minas Gerais.
Ambos estados sufrieron con recientes rupturas de represas de residuos
mineros. La empresa responsable por las últimas dos rupturas de represa
en Minas Gerais es Vale.
La
Vale es la segunda mayor empresa minera del mundo, con sede en Brasil,
pero con capital siendo negociado en las principales bolsas de valores
del mundo. Más del 45% de los accionistas de Vale son internacionales,
incluyendo algunas de las mayores empresas de manejo de inversiones del
mundo, con sede en los Estados Unidos. Por ejemplo, BlackRock y Capital
Group, cada una, detenta cerca del 5% de las acciones en Vale, y el
grupo Vanguard también posee acciones en la misma. La Vale ejecuta una
maniobra llamada de triangulación, que es realizada por otras empresas
también, a modo de reducir el pago de impuestos. Ella vende su
producción de mineral de hierro en Brasil a su subsidiaria en Suiza, a
precios más bajos que los del mercado y con eso paga bajos valores de
impuestos en Brasil. Después, la Vale de Suiza revende el mineral para
China a precio de mercado. Con esa maniobra Vale dejó de pagar al Estado
brasileño 12,4 billones de dólares de 2009 a 2015.
La explotación de
oro por la empresa minera Aurizona Mineração que integra el grupo
canadiense Equinox Gold, en Maranhão existe desde 2010, pero las
investigaciones minerales en esa región datan de la década de 1970 y la
minería ilegal de oro existe allí desde el siglo XIX. El nombre Aurizona
que es también el nombre de la comunidad donde se ejecuta la
explotación de oro, significa «zona del oro». La empresa ya registra una
recurrencia de problemas en sus operaciones. En 2014 hubo filtración
del material del área de la zona minera que provocó una mortandad de
peces, en 2018 hubo un deslizamiento de la pila de estéril, bloqueando
carreteras e impactando una región de manglares y ahora en marzo de 2021
ocurrió la ruptura de la represa que afectó el lago de Juiz de Fora.
Este lago es usado por la población de la comunidad de Aurizona para su
abastecimiento de agua. Con la ruptura de la represa las personas de la
comunidad están sin acceso al agua. Las cerca de 4 mil personas
consiguieron que la empresa les suministrara agua, pero el agua ha
venido con olor y coloración fuertes. La Equinox Gold es fruto de la
fusión de varias empresas canadienses como Luna Gold y Trek Mining y la
misma también posee relaciones con Pan American Silver, a través del
presidente de ambas empresas.
Esas
rupturas son intrínsecas del modelo de minería vigente. En plena crisis
del capitalismo, para recuperar y elevar sus tasas de lucro, las
empresas aumentan la producción de mineral cuando el valor del mineral
de hierro en el mercado internacional sufre caída y reducen gastos con
la manutención de las estructuras de contención de residuos. Las
empresas gastan aún menos en seguridad, para garantizar la continuidad
de los exorbitantes lucros. Así, con el aumento de la producción de
mineral se produce también el aumento de la producción de residuos y el
colapso de las represas. Con eso, al final de cada ciclo de aumento y
caída del valor internacional del hierro, hay una gran probabilidad de
un nevo desastre. Todas la empresas responsables por los desastres son
empresas privadas pero es la población y el medio ambiente quien sufre
los daños. Las empresas continúan teniendo un aumento de sus beneficios,
como es el caso de la Vale, que en 2 años luego de su ruptura en
Brumadinho, tuvo una valorización de 119,8% en sus acciones.
Los fracasos de la privatización y la desregulación
En
febrero de 2021, una tempestad de invierno barrió Texas, dejando 4
millones de personas sin energía en uno de los períodos más fríos de la
historia reciente. Este no fue apenas un desastre «natural». El estado
de Texas tiene un mercado desregulado, en el que los defensores
prometieron suministrar energía más confiable y barata; sin embargo, en
vez de eso, desde la década de 2004, las personas en verdad pagaron
28.000 millones de dólares más. Texas es el único estado no conectado a
las redes en otros estados. Los apagones en Texas fueron causados por la
desregulación y privatización —el sistema internacional del
neoliberalismo, que es promovido como una solución para los males del
mundo, cuando la verdad es que los perpetró. Mientras que las personas
sufrieron, y algunas hasta murieron— durante la tempestad de invierno,
los ejecutivos de las empresas de combustibles fósiles se lucraron. Y
las tarifas, en pleno apagón, llegaron a ser más caras, llegando a
19.000 dólares por MWh en estos lugares, un paraíso para el capital
financiero que controla y especula estos negocios.
Aunque la
tempestad de invierno y la caída de energía en Texas recibiesen atención
nacional e internacional, menos atención fue atraída hacia los efectos
del mismo frente de invierno en Mississippi. Debido a las caídas de
energía en la capital de Mississippi, Jackson, los habitantes quedaron
sin agua por un mes entero. Más de 82% de los residentes de Jackson son
negros. El racismo y la falta de inversión del gobierno conllevaron a
esta situación.
Nuevamente: un desastre «natural» no es la raíz del problema.
En vez de eso, una crisis de infraestructura alimentada por décadas de
desregulación, austeridad y reformas neoliberales, junto con el racismo
histórico y estructural, son la causa raíz. Más de 743.000 millones de
dólares son necesarios para reparar la infraestructura hídrica obsoleta
en los Estados Unidos. El presidente Biden propuso un paquete de
infraestructura de 2 billones para eliminar las tuberías de plomo y
mejorar «la salud de los niños y de las comunidades negras de nuestro
país», de acuerdo con la página web de la Casa Blanca. Aunque ésta sea
una buena noticia, también debemos ser cautelosos: hay esfuerzos
(inclusive por parte de los demócratas) de usar este proyecto de ley
para conceder licencia a la industria privada y promover las «alianzas
público-privadas», que a su vez se probaron desastrozas para el pueblo,
en cualquier país en el que ocurrieron.
Los Estados son cómplices de
las empresas en esas violaciones de derechos, una vez que son ellos los
responsables por fiscalizar las actividades de éstas. Pero el Estado
bajo el dominio de la doctrina neoliberal sufre lo que llamamos de
captura corporativa que no es más que la influencia directa que las
empresas ejercen en las decisiones que deben ser tomadas por el poder
público. La captura completa de las agencias reguladoras es la prueba de
eso. Eso ocurre porque en la sociedad actual las grandes empresas
tienen más poder que los Estados y negocian con ellas lo que ellos
podrían dejar de ganar si actuaran contra los intereses de las empresas.
En Brasil, los intereses de las empresas hacen que el Estado no se
organice para fiscalizar las represas. No hay estructuras adecuadas y
tampoco disponibilización de recursos necesarios para el área de
fiscalización. La Agencia Nacional de Minería (ANM) debe fiscalizar 816
represas pero posee sólo un tercio de los técnicos necesarios para
ejecutar las inspecciones en las estructuras y su presupuesto viene
disminuyendo a cada año. Hoy, en Brasil son más de 45 represas en riesgo
extremo, sin estabilidad probada. De ellas, 42 están en el estado
Minas Gerais. En los EE.UU., la regulación de seguridad de represas
también es dejada a los estados y no es regulada federalmente.
En
Brasil, en 2021, la población sufrió con un gran racionamiento de
energía eléctrica en todo el país. Ese apagón, como fue llamado, fue
resultado del modelo neoliberal que fue implementado en el país en los
años anteriores y que privatizó las empresas de energía, así como,
redujo la planificación y la inversión del Estado hacia el sector
eléctrico. El resultado fue un colapso nacional. En 2020, el estado
Amapá sufrió con la falta de energía eléctrica. La empresa responsable
era la española Isolux que cambió de nombre en 2019 para Gemini Energy, y
no consiguió encontrar una solución para el problema de la falta de
energía. Una estructura que debería tener una vida útil de 30 años,
colapsó en menos de 10 años bajo control privado. Quien actuó para
resolver la crisis energética en Amapá fue Eletrobrás, empresa estatal
que el gobierno de Bolsonaro quiere privatizar. Bajo esa misma política
neoliberal, el estado de São Paulo, en 2014, sufrió con la falta de agua
debido a la lógica de la tasa de lucros máxima, en el menor tiempo y de
gasto mínimo para garantizar la calidad del servicio. No es sólo falta
de planificación y de inversión del gobierno en el sector, es la esencia
de la lógica privada en los servicios públicos. Mientras la población
racionaba agua en São Paulo, cerca de 500 grupos privados eran
privilegiados con bajos precios para el agua, por la Compañía de
Saneamiento del estado de São Paulo (SABESP), entre ellos industrias,
centros comerciales, condominios y grandes hoteles. En Brasil, el sector
del agua y saneamiento es formado en su mayoría por empresas estatales
(90%), pero la privatización se avecina con el aumento de las alianzas
público-privadas en esa área.
Las fuentes de energia eléctrica en
Brasil son en su mayoría (64%) de fuente hídrica. Esa fuente de energía
es una de las que presenta menor costo de producción pero el precio
pagado por el consumidor brasileño es uno de los más altos del mundo.
Las altas tarifas de agua y energía son otra característica y
consecuencia de la privatización. Para empeorar, el gobierno pretende
privatizar lo que resta, efectivar la privatización de Eletrobrás que es
la empresa estatal de energía del país. Hoy las hidroeléctricas de
Eletrobrás venden energía a 65 reales por Megawatt/hora, siguiendo las
reglas de precios de mercado. Ese aumento en el valor de venta de
energía será cobrado en las cuentas de los consumidores finales.
Todas
esas situaciones muestran como bienes naturales que deberían estar al
servicio de la población están, a decir verdad, siendo apropiados por
las empresas privadas y siendo usados como mercancía para generación de
lucro. Apagones, desastres en la minería, falta de agua, entre otros, no
son eventos naturales. Todas esas situaciones relacionadas al agua, a
la energía y a la minería tienen como origen el control privado de las
empresas, formado por el capital financiero que dicta cuáles son las
prioridades de las mismas: presentar altas tasas lucros para sus
accionistas, altos rendimientos para los bancos y grupos financieros que
invierten en ellas, siendo que muchos de esos grupos son comunes entre
las empresas.
Quien sufre con la prioridad de lucro de las empresas es la población más pobre, principalmente porque necesita pagar las altas tarifas, recibe servicios de baja calidad y ejecutados sin seguridad, que afectan áreas adyacentes y provocan contaminación ambiental. Los gobiernos aceptan esas situaciones y no consiguen fiscalizar ni castigar al estar orientados por una política neoliberal que estimula la relación corrupta entre estados y empresas. Es el Estado siendo capturado por el capital para servir a las empresas, como un agente al servicio de la clase dominante.
Mala para la mayoría del pueblo, esta realidad es común en los Estados Unidos, en Brasil y en el mundo. Sólo queda entonces a las personas afectadas por esa realidad organizarse colectivamente para enfrentar todo ese aparato que se propone destruir sus formas de vida en nombre del capital.
Fuente: https://aplaneta.org/2021/07/20/7333/#more-7333 – Traducción: Ciro Casique Silva
http://bloglemu.blogspot.com/2021/07/evidencias-comunes-en-la-ruptura-de.html