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Zacarias Cervantes Chilpancingo
Noviembre 06, 2021
Autoridades comunales de Júba Wajiín (San Miguel del Progreso),
municipio de Malinaltepec, solicitaron ante el Registro Agrario Nacional
(RAN) la inscripción de su Xtàngoo Drìgòò Mbaa (estatuto comunal) en
lengua me’phaa.
En conferencia de prensa, después de haber planteado la petición ante la
dependencia federal, explicaron que la solicitud no tiene precedentes
en el país y que buscan que su estatuto comunal en su lengua me’phaa,
sirva como un instrumento de defensa jurídica ante las mineras, que
desde 2010 han buscado extraer minerales en su territorio.
La gestión fue encabezada por el presidente de los Bienes Comunales,
Crescencio Hilario Solano; el secretario Artemio Flores Solano, y el
presidente del Consejo de Vigilancia, Justino Santiago Amado, con la
asesoría de los representantes del Centro de Derechos Humanos de la
Montaña Tlachinollan, Aaron Díaz Salazar y Armando Galeana.
En conferencia de prensa, las autoridades informaron que es el primer
estatuto en lengua indígena en el país, que se solicita sea inscrito
ante el RAN y demandaron a las autoridades agrarias respuesta afirmativa
a su solicitud.
Hilario Solano informó que les dijeron en el RAN que regresen por la
respuesta en dos meses y llamó al gobierno federal a que atienda su
petición, porque las autoridades agrarias temen que por no haber
antecedentes en el país la respuesta sea negativa.
Informó que su estatuto comunal fue aprobado por la asamblea de
comuneros y que, de hecho, ya lo están ejerciendo como instrumento legal
interno y que ahora lo que solicitan es que las autoridades hagan valer
los derechos que contiene el documento, para que les ayude a fortalecer
el proceso organizativo de San Miguel del Progreso.
El representante agrario explicó que el estatuto comunal contiene “todo
lo que tiene que ver con el derecho a su territorio de los comuneros”.
Aseguró nada de lo que contiene el estatuto está fuera de la ley
agraria, aunque admitió que se incluyen “algunas soluciones”, mediante
los usos y costumbres de los pueblos me’phaa, sobre todo con respecto a
las sanciones y multas, que de acuerdo con lo que explicó en la
conferencia de prensa, son más flexibles en relación con la ley
tradicional.
Por su parte, el secretario de los Bienes Comunales, Artemio Flores
Solano, explicó que con la inscripción en lengua me’phaa de su estatuto
comunal, buscan un instrumento jurídico en contra de las mineras
extranjeras, que desde 2010 han querido entrar a su territorio a extraer
minerales.
A su vez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan,
recordó que el pueblo me phaa de los bienes comunales de San Miguel del
Progreso, como núcleo agrario, inició en 2011 la lucha por la defensa de
su territorio ante las empresas mineras “que pretendían despojarlos”.
Desde entonces, la Secretaría de Economía, sin consulta previa e
informada, otorgó dos concesiones: Reducción Norte de Corazón Tinieblas y
Corazón de Tinieblas, a la empresa Minera Hochschild México SA de CV,
para realizar trabajos de exploración y explotación de minerales en las
tierras de ese núcleo agrario.
Sin embargo, en 2013 la comunidad interpuso una demanda de amparo en contra de esas concesiones.
Tlachinollan, organismo que dio acompañamiento a los comuneros, recordó
que el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde
finalmente la empresa se desistió de las concesiones.
Sin embargo, la Secretaría de Economía emitió la Declaratoria de
Libertad de Terrenos 02/2015, en la que se ofertaban las tierras de San
Miguel del Progreso, para en caso de que alguna otra empresa solicitara o
adquiera las concesiones.
Para revertir ese recurso, San Miguel del Progreso interpuso otro
amparo, que ganó en octubre de 2019, al dejar sin efectos la
declaratoria de Libertad de Terrenos por un tribunal federal.
Pero Tlachinollan explicó en su comunicado que la preocupación del
pueblo me’pha es por el riesgo latente de las empresas extractivistas,
que amenazan con explotar los minerales, “lejos de protegerlos y de
resarcir las condiciones de desigualdad, explotación, discriminación y
despojo, profundizan la pobreza y provocan la destrucción de la vida
comunitaria”, denunció.
Explicó que el estatuto comunal que piden se registre en el RAN, es la
continuidad de la lucha por la resignificación de la vida comunitaria,
que condensa la revalorización de la lengua y fortalecimiento de su
identidad, el pensamiento, sus saberes y relación con el quehacer
cotidiano; entre otros elementos sobre la interculturalidad, “para la
memoria de las hijas y los hijos del fuego”.
“Este estatuto o ley del pueblo en lengua me’phaa regulará y
administrará todo lo que exista para la reproducción de la vida
comunitaria, desde el cuidado y manejo de los bienes naturales, tierras,
animales, ríos, cuevas entre otros; hasta la preservación y continuidad
de los saberes de sus ancestros, donde está presente las prácticas de
sanación, acuden a los cerros, en los caminos, a los ríos, a la iglesia,
al camposanto para realizar los rezos, que en suma se consideran
patrimonios históricos y bioculturales”, explicó.
Agregó que una parte fundamental de esta ley del pueblo es generar las
condiciones para que el territorio esté protegido de saqueos, de daños a
los cerros, a los animales, a los minerales y a las fuentes freáticas
de personas ajenas o de la misma comunidad.
“La gente que destruya los bienes tangibles e intangibles será
sancionada. Además, en las relaciones intracomunitarias se desarrolla la
fraternidad y la armonía, la lógica del apoyo mutuo, mano vuelta o
cambio de brazo, para el crecimiento del pueblo”, detalla el organismo
que ayudó para la elaboración e impresión del documento.
Añadió que también tiene el propósito de que los gobiernos en turno
respeten los derechos de los pueblos originarios, “máxime si ya están
reconocidos en tratados internacionales y la constitución mexicana”.
Para el organismo de derechos humanos, es el momento de mostrar un
rostro diferente a la discriminación, el olvido, la opresión y la
imposición de un pensamiento colonizador, “que continúa socavando las
prácticas y las diferentes expresiones culturales y de identidad de los
pueblos indígenas”.
Dijo que es de suma relevancia que las autoridades agrarias califiquen y
ordenen la inscripción del estatuto comunal de San Miguel del Progreso.
También consideró que este el estatuto “marca un parteaguas en el
ejercicio de los derechos colectivos, sobre todo, los pueblos
originarios como sujetos de cambio, de transformación de su propia
realidad, de su existencia”.
Explicó que el documento es una ley del pueblo que está legitimada por
la asamblea de la gente que habita en Júba Wajiín, pero con su
inscripción, el pueblo me’phaa reafirmará sus usos y costumbres o
sistema normativo comunitario; el ejercicio de los derechos colectivos,
la comunalidad, el tejido comunitario, el derecho a la libre
determinación, a su autonomía y a sus procesos autogestivos.
“Las hijas y los hijos de begó (el fuego), que cuida la tierra,
reflexionan con su mirada profunda sobre la preservación de su
identidad, su lengua y sus prácticas, que se inscriben en el primer
estatuto comunal escrito por los mismos habitantes en lengua me’phaa en
el estado de Guerrero, donde hacen uso pleno de sus derechos como pueblo
indígena reconocido en la Constitución local del estado, en el artículo
2 de la Constitución Federal, en la Ley General de Derechos
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en el convenio 169
de la OIT, entre otras; donde se respeta la autonomía y un gobierno
propio, que permita el desarrollo y el bienestar, y que hacen realidad
un México pluricultural”, explicó el organismo de derechos humanos.
Por ello, insistió en que es importante que las autoridades del RAN
“califiquen de legal” el acta de asamblea de fecha 14 de diciembre de
2019, donde comisionaron a las autoridades del núcleo agrario para la
inscripción del estatuto de San Miguel del Progreso, “porque están
fortaleciendo el sistema normativo y piden que se reconozca ante las
autoridades agrarias”.
Para Tlachinollan “es un precedente histórico en la entidad, que mujeres
y hombres hayan realizado un ejercicio de reflexión en torno a la
organización, solidaridad como motor de la conservación de la
naturaleza, la identidad y, sobre todo, la protección del territorio”.
Agregó que las autoridades comunitarias y las familias de San Miguel del
Progreso han luchado porque “las sabias y los sabios han aprendido que
quedarse resignados, es ver cómo su territorio es condenado
paulatinamente a la muerte”.
Dijo que por eso se resisten a perder sus cerros, ríos, cuevas,
barrancas, piedras, el camposanto, los bienes naturales y los animales,
“porque es donde han construido y significado su existencia, donde
tienen resguardada la memoria, su historia y su devenir”.
