Los contratos otorgados a estas compañías han sido por adjudicación directa. Muchas de ellas tienen en común que fueron creadas solo pocos meses antes de ser contratadas y haber sido fundadas por hijos de políticos.
Por Nayeli Roldán y Zedryk Raziel 29 de agosto, 2022
Durante la dirección de Manuel Bartlett, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha comprado miles de toneladas de carbón por adjudicación directa a 51 empresas primerizas que —pese a no haber sido proveedoras del gobierno previamente— obtuvieron 3 mil millones de pesos en contratos en 2020 y 2021. Sus dueños son familiares de políticos de Coahuila o son compañías con los mismos representantes legales o accionistas veinteañeros.
Se trata de pequeñas compañías que fueron creadas apenas ocho meses antes de las contrataciones y otras, con más antigüedad, cambiaron el objeto social relacionado con la explotación de carbón para lograr ser proveedoras. Una de las primerizas en contratos fue Cia Minera El Pinabete, dueña de la mina que colapsó el 3 de agosto en Sabinas, Coahuila, donde quedaron atrapados 10 mineros que aún no han sido rescatados.
De acuerdo con registros oficiales, la CFE ha diversificado la contratación entre pequeños extractores en comparación con el sexenio pasado. En 2017 y 2020, la compañía estatal hizo el mismo número de contratos: 53. La diferencia fue el número de empresas contratadas: mientras en 2017 fueron 39, en 2021 sumaron 61.
Esto se debió a una indicación del presidente Andrés Manuel López Obrador para que la CFE comprara carbón a pequeños productores para ayudar a la “reactivación económica” de la zona carbonífera durante la pandemia de COVID. Sin embargo, “una orden del titular del Ejecutivo relacionada con la gestión de una empresa estatal es una intervención no prevista por la ley” e “indebida”, advierte el Estudio de caso: la compra de carbón en Sabinas, Coahuila, realizado por la organización México Evalúa.
Cristina Auerbach, activista de la organización Familia Pasta de Conchos, explica en entrevista: “En la minería no pueden haber microempresas porque no estamos hablando de tortillerías, estamos hablando de modelos extractivos en los que se requiere una gran inversión. No son pymes, son los mismos que tienen las concesiones: Rogelio Montemayor, exgobernador; Armando Guadiana, senador de Morena; Régulo Zapata, exalcalde”.
“En los contratos, siempre aparecen nuevos nombres de empresas, pero siempre son los mismos dueños. Es tan corrupto el sistema de la compra de carbón que siempre dicen que lo van a hacer bien, y para hacerlo bien no van a contratar a las empresas que fueron denunciadas por corrupción, pero solo son otros nombres de empresas”, agrega.
Diversificar la compra en una industria como la extracción de carbón se convirtió en un incentivo para explotar pequeñas minas de carbón conocidas como pocitos, minitas de rastro y cuevas, para obtener el mineral lo más rápido posible aun en detrimento de la seguridad del lugar y, por ende, de los mineros, cuyas vidas están en peligro permanente. Sin embargo, esto no es nuevo, pues “se trata del mismo modelo que empezó con la privatización de Carlos Salinas de Gortari, solo que se esperaba más de Morena y todo sigue igual”, advierte Auerbach.
Animal Político preguntó a la CFE la razón por la que se contrató a estas empresas primerizas, pero no hubo respuesta.
Los políticos, las redes, los primerizos
Este medio revisó los 182
contratos adjudicados de forma directa por la CFE entre 2003 y 2020
—según respondió la empresa estatal en la solicitud de información con
folio 330007722001052— y a las empresas beneficiadas. En el análisis, se
detectó que 51 compañías no habían tenido contratos previos con la CFE. El periodismo libre necesita de sus lectores.Sigamos contando las historias que importan.Suscríbete
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La empresa Coal de Sabinas, SA de CV, ha sido la más beneficiada, con 274 millones 861 mil pesos solo en dos contratos. El primero de ellos, por 26 millones, lo consiguió el 20 de agosto de 2020, apenas ocho meses después de haber sido creada, pues su fecha de constitución es el 12 de diciembre de 2019, según datos del Registro Público de Comercio.
La representante legal y accionista es Yolanda Villarreal González, quien tenía 23 años cuando constituyó la empresa. En 2021, consiguió el segundo contrato por 274 millones.
Villareal aparece como comisaria de la empresa El Volcán Consorcio RC, SA de CV, creada el 17 de febrero de 2020, y 15 meses después, el 10 de mayo de 2021, consiguió su primer contrato por 206 millones de pesos.
Régulo Zapata Morales creó la empresa Beneficios Carboneros AJ, SA de CV, en enero de 2019, y al año siguiente recibió un contrato de la CFE por 15 millones por la compra de carbón, mientras que en 2021 se le adjudicó otro de mucho mayor monto: 171 millones.
Zapata Morales es hijo de Régulo Zapata Jaime, quien fue presidente municipal de Sabinas de 1999 a 2002, y su esposa, Carolina Morales Iribarren, ocupó el mismo cargo de 2005 a 2009 y luego fue diputada local por Movimiento Ciudadano.
El exalcalde Régulo Zapata Jaime también es dueño de las empresas Minera Catamaco y Minera Magenta, de acuerdo con una investigación del medio El Coahuilense. Cuando ocurrió la inundación y el posterior colapso en la mina El Pinabete, versiones periodísticas apuntaban a Zapata Jaime como dueño de la empresa, pero él se desmarcó.
Zapata Morales sí constituyó la empresa Cia Minera El Pinabete, aunque vendió sus acciones antes de que ocurriera el derrumbe del 3 de agosto.
La empresa Minera Flores de la Carbonífera fue creada en diciembre de 2017 por Tania Vanessa Flores Guerra, excandidata a la alcaldía de Múzquiz por el PAN y Movimiento Ciudadano en 2018. El 27 de septiembre de 2020, la CFE le entregó por primera vez un contrato por la compra de carbón por 16 millones de pesos y el año siguiente consiguió otro por 131 millones. En enero de 2021, vendió sus acciones.
Sin embargo, su hermano, Antonio Flores Guerra, es dueño de la empresa Minerales Don Chilo, SA de CV, que ha recibido contratos de la CFE desde 2017, aunque en 2021 la CFE dio uno por 806 millones. Su esposa, Mariana Paola Marroquín Marroquín, es dueña de la empresa Minerales Amarani, SA de CV, una de las compañías primerizas, creada en diciembre de 2019 y que recibió su primera adjudicación directa ocho meses después.
Corporativo El 88, SA de CV, es propiedad de Ramón Oglaer Falcón Guerra, quien es hijo de de Ramón Oglaer Falcón Álvarez, extitular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad en Múzquiz. La empresa ganó 16 millones de pesos en 2020 en su primer contrato con la CFE.
Consorcio Oasis Minería y Transporte, SA de CV, recibió un contrato de 16 millones en 2020 y es propiedad de José Ponciano Buentello Múzquiz, quien fue responsable de programas en la región carbonífera dentro de la Secretaría de Gobierno de Coahuila, en la administración del gobernador Miguel Riquelme, y también fue colaborador del exgobernador Rubén Moreira.
Las empresas CIC Corporativo Industrial Coahuila, Comercializadora Jomagga del Norte, Minera Carbonífera, Las Dos Glorias, Minerales y Carbones de México, Regcar Servicios Industriales y Black Fossil, con más antigüedad en su constitución, cambiaron su objeto social para poder explotar carbón y recibir contratos.
Los mineros de Sabinas también explican lo que significa la explotación a través de estas empresas. Plutarco Ruiz, minero de 56 años, relató a Animal Político: “Se invierte mucho más en una mina que en un pozo. Los patrones procuran que las condiciones sean más seguras y que las minas resistan más tiempo por la misma inversión que hacen. En un pozo de carbón no hay tanta inversión porque, además, no tienen mucho tiempo de vida. A lo sumo pueden durar unos dos años”.
Coahuila es la fuente de carbón del país. De acuerdo con el Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2019, México produjo 6 mil 175 millones de toneladas en 2019. El 100% de ese volumen se produjo en Coahuila, lo que dejó sin participación a Sonora y Tamaulipas, que en años como 2017 participaron en conjunto con hasta un 3.4%.
La región carbonífera de Coahuila incluye los municipios de Juárez, Múzquiz, Progreso, San Juan de Sabinas y Sabinas, y este último es el principal. De hecho, de la totalidad de empresas revisadas, casi todas están ubicadas en ese municipio y solo dos fueron constituidas en Nuevo León.
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