Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería, condenamos la desaparición forzada y asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz, Indígena Nahua-Otomí de la comunidad de Ayotitlán, Jalisco, quien el viernes 24 de noviembre del presente fue citado a la presidencia municipal de Cuautitlán de García Barragán, en la costa sur de Jalisco y no se supo de él harta que el sábado 25 de noviembre fue localizado sin vida a la altura del puente Arroyo, en el tramo carretero de Cuautitlán de García Barragán a la localidad Las Marías.

Higinio Trinidad era defensor del territorio contra la minería, el despojo de tierras en su comunidad de Ayotitlán y la tala ilegal en la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán.

A comunidad indígena de Ayotitlán tiene una historia de casi 90 años de violencia y despojo, desde que por los años 30s, el General García Barragán permitía y solapaba la tala inmoderada de los bosques en territorio indígena y luego se incrementó con la llegada del Consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada que comenzó a operar en 1967, primero como una paraestatal y luego privatizada en el periodo de Salinas de Gortari.

Esto aunado a la falta de seguridad jurídica sobre los límites territoriales entre Calima y Jalisco, que ha dado por resultado que ninguno de las dos Estados se haga cargo de seguridad, servicios, bienestar y salud de las y los habitantes de la zona. Muy por el contrario, los dos Estados han estada apoyando fuertemente al Consorcio Peña Colorada, una asociación entre las empresas siderúrgicas Ternium y ArcelorMittal, y dejando en total indefensión a la comunidad indígena. Los dos estados han otorgado todo el apoyo con la fuerza pública, pero solo para reprimir a las y los defensores indígenas que siguen defendiendo su territorio, como lo hicieron sus antepasados.

Condenamos también al Gobierno Federal, Estatales de Jalisco y Colima, así como a los Municipios de Cuautitlán de García Barragán y Minatitlán que han sido omisos ante la flagrante violencia que se ha desatado en la zona con el crimen organizado que opera para la empresa minera y los talamontes. La falta de atención a las denuncias realizadas por las comunidades de La Astilla, Puertecito de las Parotas, Mameycito, Las Pesadas, El Naranjal, entre otras, así como la denuncia por desaparición de Celedonio Monroy Prudencio (2013), que no han tenido ninguna respuesta y ni justicia, sin embargo, el etnocidio continúa impunemente, tal parece que es un objetivo de los tres niveles de gobierno.

Exigimos atención inmediata, un alto total al despojo, la contaminación y la violencia contra la comunidad indígena de Ayotitlán y el esclarecimiento del cobarde asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz. A sus familiares y amigos, les enviamos toda nuestra solidaridad.

ALTO AL ETNOCIDIO PERMITIDO EN AYOTITLÁN

!BASTA DE IMPUNIDAD PARA EMPRESAS MINERAS!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

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