Estimada Alicia Bárcena Ibarra
Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
El 25 de septiembre de este año, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) hizo pública una “nueva” Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) correspondiente a la “Presa Milpillas en el municipio de Jiménez del Teul para abastecimiento de agua potable al corredor Zacatecas–Fresnillo”. Al revisar cuidadosamente este documento —donde se ve en cada página la leyenda “Consulta Pública”— observamos que se trata prácticamente del mismo proyecto promovido por los gobiernos priistas anteriores: una presa con las mismas dimensiones, en el mismo sitio y con el mismo discurso. Más aún, incluye la misma documentación que se presentó en 2015, con cambios mínimos, a pesar de declarar que se destinaría una partida del capital total para los estudios ambientales.
Nosotras y nosotros, las personas y comunidades ejidales directamente afectadas por la infraestructura de este proyecto en el municipio de Jiménez del Teul, hemos luchado en contra de esta presa durante diez años, en defensa de nuestro territorio, del agua y de la vida misma. Lo hacemos no solo por las afectaciones destructivas que esta obra acarrearía en el ámbito local, sino también porque sabemos que se trata de un proyecto técnicamente inviable para resolver la crisis hídrica en la región centro del estado. Por el contrario, responde a una lógica neoliberal perversa, orientada a proteger los intereses de los grandes acaparadores de agua y a facilitar el enriquecimiento de empresas constructoras, cervecera, mineras e intermediarios poderosos.
Reivindicamos nuestros derechos como comunidades campesinas y ejidales a proteger nuestros territorios, reproducir la vida, satisfacer nuestras necesidades básicas y acceder a agua suficiente y de buena calidad tanto para el consumo humano como para nuestras actividades agrícolas de subsistencia. Asimismo, exigimos el respeto a nuestro derecho colectivo a preservar el patrimonio cultural, histórico y espiritual que nos vincula con estas tierras y con el río Atenco fuente de vida para nuestras comunidades.
Por ello, nos dirigimos a usted, a la presidenta Claudia Sheinbaum y a todas y todos los funcionarios honestos y comprometidos, para pedirles que escuchen nuestras voces y tomen en cuenta las críticas fundadas al proyecto de la presa Milpillas, formuladas de manera contundente por académicas y académicos del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), así como las alternativas viables que han sido propuestas.
A continuación, resumimos brevemente nuestras principales observaciones críticas a la más reciente MIA del proyecto Presa Milpillas (2025):
- Ausencia de justificación técnica y ecológica sólida. Aunque la “nueva” MIA reconoce que los acuíferos del centro de Zacatecas presentan un déficit de 262.4 millones de metros cúbicos por año, el estudio no promete su recuperación, sino únicamente “atender su abatimiento”, sin cuantificar el supuesto beneficio. Esto equivale a una justificación vaga e insuficiente, que ignora la magnitud de la sobreexplotación regional y lo poco que el proyecto Milpillas pretende atenderlo, con un aumento en la oferta del agua por 41 millones de metros cúbicos anuales (Mm3/año), equivalente a menos de una sexta parte del déficit.
- Simulación y falta de rigor científico. De sus 445 páginas, una parte considerable está dedicada a la flora y fauna local, esto es, solo del lugar donde se pretende construir el embalse, dejando fuera las especies de diversos ecosistemas río abajo. Así mismo, ignora el problema central: la remoción de 41 Mm3/año, equivalentes al 92 % del caudal del río Milpillas, lo que provocaría afectación a los ecosistemas y un desequilibrio ecológico grave Se trata de una simulación técnica que oculta los impactos reales y reproduce los vicios del hidroextractivismo.
- Omisión del caudal ecológico y de los impactos río abajo. La “nueva” MIA no presenta cálculos sobre escurrimientos medios mensuales del río Atenco ni especifica el caudal ecológico mínimo que debería mantenerse para preservar la vida del ecosistema aguas abajo. Tampoco evalúa los impactos sobre las comunidades y actividades productivas que dependen del río. Esta omisión contradice los principios básicos de la gestión ambiental y viola el enfoque ecosistémico que exige la legislación mexicana.
- Desconocimiento del territorio y de la población afectada. La “nueva” MIA afirma que el área donde se construiría la presa “no tiene un uso actual definido”, reduciendo el territorio a una supuesta terra nullius. Ignora completamente los usos agrícolas, ganaderos y culturales de las comunidades locales, así como su vínculo histórico con el territorio. En lugar de reconocer los impactos negativos, presenta beneficios económicos hipotéticos, lo cual constituye una forma de simulación técnica y política.
- Falta de transparencia financiera. El costo estimado asciende ahora a 8,899 millones de pesos, casi tres veces más que el presupuesto original (2015), sin incluir los costos de operación, los requerimientos energéticos para bombear el agua ni las fuentes de financiamiento. El documento tampoco aclara los procesos de licitación ni la identidad de las empresas participantes en la elaboración de la MIA, que como ya dijimos es básicamente la misma de 2015, lo que genera serias dudas sobre la transparencia del proyecto.
- Inexistencia de una evaluación real de alternativas. El estudio plantea solo tres escenarios: construir la presa, no construirla o construirla con medidas paliativas mínimas. No considera opciones orientadas a reducir la demanda de agua, mejorar la eficiencia en su uso ni priorizar el acceso equitativo al agua de calidad para consumo humano, lo que contraviene los principios de sustentabilidad y gestión integral del recurso hídrico.
En cuanto a las verdaderas alternativas, éstas han sido elaboradas con detalle en una publicación reciente de la Universidad Autónoma de Zacatecas, titulada “Hidroextractivismo en la región centro de Zacatecas, la presa Milpillas y las alternativas”, disponible en línea. Dichas propuestas se organizan en seis ejes:
- Ordenamiento y vigilancia del sistema de concesiones;
- Agroecología y reconversión productiva hacia cultivos menos demandantes de agua;
- Recarga de acuíferos y restauración de ecosistemas agrícolas;
- Uso más eficiente del agua y aprovechamiento de fuentes alternativas;
- Priorización del agua subterránea de mejor calidad para satisfacer necesidades humanas básicas; y
- Participación ciudadana y comunitaria en la gestión de los recursos hídricos.
Como se demuestra en dicho libro, estas alternativas — asociadas con el camino suave del agua y la justicia hídrica — prometen ser mucho más efectivas y holísticas para superar la crisis hídrica en la región centro de Zacatecas, de manera sostenible en los planos ecológico, social y económico. Requerirían una inversión pública significativamente menor que la destinada a la presa Milpillas, pero un compromiso político mucho mayor con los principios que supuestamente guían a la Cuarta Transformación: justicia social, austeridad, agroecología, soberanía alimentaria y sustentabilidad ecológica.
En este sentido, reiteramos nuestro exhorto a cancelar definitivamente este proyecto —herencia del neoliberalismo— y a aplicar con determinación las verdaderas alternativas. SEMARNAT puede dar el primer paso atendiendo los argumentos técnicos, ambientales, sociales y legales expuestos y, en consecuencia, no autorizar la MIA, con el fin de garantizar nuestro derecho a proteger el territorio.
Mientras el proceso siga vigente, y conforme al artículo 34 del Reglamento en materia de Impacto Ambiental, exigimos la inmediata convocatoria a una Reunión Pública de Información, dado que el proyecto generará desequilibrios ecológicos graves, daños a los ecosistemas y riesgos a la salud pública que no están siendo considerados ni correctamente dimensionados en la MIA. Cabe agregar que su omisión constituiría una violación a nuestro derecho a la información y participación ambiental, reconocido por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y por tratados internacionales. Asimismo, dicha reunión debe cumplir con todos los requisitos que garanticen el ejercicio efectivo de este derecho: que el promovente explique de manera clara los impactos reales del proyecto ante las comunidades afectadas; que se atiendan las inquietudes fundadas que estas expresen; y que, una vez concluida, los asistentes puedan presentar observaciones que se integren al expediente antes de la resolución final del procedimiento de evaluación.
Desde luego, podemos evitar todo lo anterior y vivir en paz si SEMARNAT rechaza inmediatamente la MIA de este proyecto —de innegable sello neoliberal— y se pronuncia por su cancelación definitiva, en concordancia con la protección ambiental, los derechos de las comunidades y el interés público.
Atentamente
Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco
Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería REMA
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