Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la minería denunciamos y condenamos enérgicamente las estratagemas que utiliza el Estado en la criminalización de la protesta de las defensoras y defensores de los territorios y de los derechos colectivos.
Sin importar el color de quien gobierne, históricamente ha sido una tarea de Estado sofocar todo intento de organización comunitaria que no responda a sus intereses, organización y a lo ya establecido, en un ejercicio de imposición que no respeta la autonomía y autoorganización de los pueblos y comunidades originarios. Para hacerlo, se vale de distintas argucias: la deslegitimación, la criminalización, la violencia y hasta el asesinato o desaparición forzada de quienes se atreven a desafiar la lógica del Estado; todo ello en un contexto de persecución selectiva, uso desmedido de la fuerza pública y del sistema penal, e impunidad frente a agresiones sistemáticas.
Sólo una muestra de ello, es lo ocurrido recientemente en Tlapa Guerrero, con el defensor de derechos colectivos Ubaldo Segura Pantoja, integrante del Frente Popular de la Montaña de Guerrero, quien fue detenido el 18 de marzo de 2026 por Agentes de la Policía Federal Ministerial en la ciudad de Tlapa, sin que inicialmente la familia supiera sobre su paradero. Posteriormente se confirmó su detención en el Registro Nacional, siendo trasladado fuera de Guerrero y recluido en el Penal de máxima seguridad de Villa Aldama Veracruz y sometido a enfrentar un proceso judicial de carácter federal.
Solo en el estado de Guerrero podemos enumerar en el período de los últimos años, las detenciones de Jaime Morales, Noel Silva y Policarpo Patriarca Agustín, de Evodio Pérez Malpica, de Arnulfo Cerón, desaparecido, y Kenia Hernández, presa política desde 2020; así como el asesinato de Marco Antonio Suástegi, líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras al proyecto hidroelectrico La Parota. ¿Sus delitos? Haber sido parte de la policía comunitaria o protestar y luchar por los derechos colectivos y la defensa del territorio.
Desde la REMA, exigimos a la autoridad federal la liberación inmediata de Ubaldo Segura Pantoja, en condiciones que garanticen la protección a su integridad física y el respeto a sus derechos humanos.
Exigimos un alto a la violencia perpetrada desde el Estado, en complicidad con corporaciones que representan la peor cara del extractivismo voraz que impacta en territorios y personas.
