La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) en Chiapas, registró el deceso de una persona que defendía las montañas de la Sierra mientras que pobladores de la misma zona denunciaron el hostigamiento de una compañía contra hombres y mujeres que han defendido los cerros ante la explotación.
En los últimos seis años, en diversos estados del país se ha contabilizado un total de 20 asesinatos de activistas ambientales que defendían los bosques, montañas y ríos. Con base en información publicada por el periódico «El País», en la mayoría de los casos no se ha hecho justicia.
El medio internacional describe que «las explotaciones mineras, la tala de árboles y la defensa de los ríos son los principales focos de lucha de los ambientalistas»; lo explica para el periódico antes citado, Jesús Robles Maloof, abogado especializado en derechos humanos: «Si revisamos los casos vemos que son gente que mayoritariamente defiende sus tierras frente a compañías con intereses económicos que compran voluntades políticas».
El asesinato de Mariano Abarca -en 2009-, cuando denunció la contaminación del corporativo minero Blackfire en el municipio de Chicomuselo, incluye a Chiapas entre los estados con atentados contra ambientalistas.
Pobladores del municipio de Escuintla -en los límites de la Costa y Sierra de Chiapas- denunciaron ser víctimas de hostigamiento por parte del negocio minero Nueva Francia y de manera particular de Héctor Silva Camacho, concesionario y directivo de la mina.
Las represalias se debieron a que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente en Chiapas, clausuró de manera temporal las actividades mineras de la empresa propiedad de Silva Camacho.
Rema señaló que existe desinformación ante los proyectos de hidroeléctricas para los ríos chiapanecos. Las comunidades se han reunido en foros con la finalidad de manifestar su oposición contra las iniciativas que privatizarían sus ríos.
Las acciones contra ambientalistas se acumulan. Tal es el caso documentado por «El País» acerca de Aldo Zamora defensor de los bosques del Estado de México quien fuera apaleado hasta la muerte por cuatro «talamontes», como se conoce a los traficantes ilegales de madera.
El fallecimiento de María Edy Fabiola Osorio ambientalista de Pie de la Cuesta, Acapulco se cree está directamente relacionado con su oposición a la construcción de un muelle en una laguna, proyecto impulsado por el gobierno de Guerrero.
Otro caso el de Cherán, Michoacán que en abril de 2011 se levantó en armas contra las mafias locales. Los habitantes se negaron a producir aguacate y marihuana para los cárteles y protegieron los cerros para prevenir la explotación de minas y tala de árboles. Además, se agregan a las pruebas la muerte de Teodoro Cabrero y Rodolfo Montiel, torturados por el Ejército por su defensa de los bosques.
En Nayarit -al oeste del país-, los defensores de los manglares se enfrentaron a continuas amenazas, al oponerse la construcción de la presa «Las Cruces», tras saber del potencial peligro al que se sometería dicho espacio natural.
