11/12/2013
Tapachula, Chiapas – El 10 de diciembre del 2013 se movilizaron e hicieron un acto político 56 comunidades, ejidos y organizaciones de los municipios de Tapachula, Motozintla, Huehuetán, Cacahoatán, Mazapa, Comalapa, Chicomuselo y Tuzantán. Ejerciendo su libre autodeterminación y al precepto jurídico del derecho al consentimiento libre, previo e informado, declararon sus territorios libres de represas y extracción minera, a través de un acta colectiva firmada y sellada por sus representantes.
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La firma de dicha acta, avalada por un notario público, está dirigida al presidente de la república Enrique Peña Nieto, al gobernador del estado de Chiapas Manuel Velasco Coello, demás autoridades de los tres niveles del gobierno y al pueblo de México, y se llevó a cabo entre denuncias, no sólo de la entrada ilegal y sin permiso comunitario de empleados de empresas a los territorios, sino también contra la reforma energética y hacendaria, la plaga de la rolla, las altas tarifas de la energía eléctrica y el abuso de poder y corrupción de funcionarios públicos.
Entre diferentes tensiones durante la marcha y en el acto público en el Parque Central Miguel Hidalgo, y la falta de presencia de la autoridad municipal, las comunidades decidieron tomar la presidencia municipal de Tapachula para intentar dialogar con el alcalde y hacer que firmara el compromiso de no dar licencia alguna a empresas nacionales y extranjeras para los proyectos que amenazan a los pueblos.
Aunque el presidente municipal tenía conocimiento de la movilización, no se presentó, sino envíó al secretario de gobierno y al síndico municipal a intentar convencer a la gente de que el gobierno local, estatal y federal no tienen conocimiento de ningún tipo de estos proyectos en la zona. Ante esto, se les exigió y logró que firmaran de recibida el acta colectiva y que se comprometieran a salvguardar a las comunidades ante la entrada de maquinaria y personas ajenas que han estado interviniendo en la zona.
Las comunidades movilizadas y organizadas se han unificado en su diversidad con la consigna de que la voz del pueblo es la única que puede decidir sobre el presente y destino de sus territorios y se han comprometido a defender sus tierras, cultivos y forma de vida, ante cualquier imposición o proyecto que ponga en riesgo a las futuras generaciones.
El proceso de resistencia y articulación de los pueblos, en la esquina sur de nuestro país, lleva ya un tiempo de irse construyendo, pero a partir de este acto público toma una nueva dimensión y hace responsable a las autoridades correspondientes de que cualquier tipo de conflicto generado por el intento de seguir impulsando estos proyectos de represas y minas en la región.
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