Bolivia
José Manuel Loza Oblitas
viernes 9, septiembre 2011
Una de las leyes más controvertidas y discutidas en este período de adecuación de las mismas a la nueva Constitución Política del Estado, es, sin duda alguna, la nueva Ley Minera, que se encuentra en etapa de redacción a cargo de una comisión compuesta por los tres actores mineros, es decir el estatal, el privado y el cooperativismo.
En esta etapa, que ya tiene más de cinco meses de debates y discusiones, es el sector estatal el que tiene la mayoría de los representantes, ya que el mismo está integrado por el Ministerio de Minería y Metalurgia, la Corporación Minera de Bolivia y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros.
El proyecto de Ley en el que se basa es precisamente uno de los que ya se conoció el pasado año, elaborado por el Ministerio del rubro, al mismo que se trata de adecuarlo a las diferentes concepciones sobre lo que debe ser la minería en el futuro y su real contribución a la economía del Estado y, por lo tanto, del pueblo.
En el trabajo existen tres puntos esenciales que preocupan al Cooperativismo minero, y son el tema de que las Comunidades son consideradas como «sujetos de derecho minero», el problema de la Consulta Pública, y la parte tributaria impositiva para ese sector, los mismos que han originado que la Federación Nacional de Cooperativas Mineras y la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas, se declaren en emergencia y movilización.
Según los cooperativistas, al declararse a las Comunidades como sujetos de derecho minero, éstas aducirán que el territorio que detentan legalmente, será el área que les corresponde explotar, y, por lo tanto, cualquier contratista o concesionario, por más que tengan derechos pre-constituidos, debe retirarse de esas zonas, para dar paso, es casi seguro, a la conformación de Empresas Mineras Comunitarias. Una continuación del avasallamiento que puede ser más grave de lo que sucede actualmente, especialmente en el área aurífera.
En lo que se refiere a la Consulta Previa e Informada a las Comunidades para el emprendimiento de proyectos mineros, los originario-campesinos tienen la seguridad de que un simple no les da derechos a la explotación del subsuelo y no a lo que se debe buscar, el resguardar y garantizar el medio ambiente, tema esencial de este derecho que se considera en la Carta Magna.
El tercer punto es el tributario, el que debe estar adecuado a lo que señala la Ley de Sociedades Cooperativas, es decir que debe tener características especiales y no la que se pretende, el que las cooperativas tengan el mismo tratamiento que la empresa privada y sean sometidas al régimen tributario general.
Estos problemas, que han sido objeto de discusión y debate, han inducido al sector cooperativo minero a solicitar a sus autoridades buscar una entrevista con el Presidente del Estado Plurinacional, a fin de que a ese nivel se dilucide las pretensiones del sector, negociación que si tiene características negativas debe obligar al cooperativismo minero a retirarse de la mesa de negociaciones, planteamiento que aún no se lo hizo conocer al Jefe de Estado, lamentablemente.
Sin embargo, en las últimas horas el Vicepresidente de la República, que asistió al aniversario y fiesta patronal de la población de Guanay, en la Provincia Larecaja, abrió las puertas a este propósito, ya que enfatizó que la Ley Minera de ninguna manera será considerada en la Asamblea Legislativa Plurinacional si no existe pleno consenso entre los actores mineros y a los intereses de cada uno de ellos.
Esperemos que esto sea verdad y que los planteamientos que tiene el cooperativismo sean atendidos, ya que de qué serviría que éstos tengan facilidades, cero tributación o venta directa del mineral al Banco Central, si no van a contar con seguridad jurídica y áreas de trabajo que serán reclamadas por las Comunidades, por su condición de «sujetos de derecho minero».
Lógicamente que la negociación con el Presidente del Estado debe ser inmediata, antes que se termine el proyecto de la nueva Ley Minera, ya que en el seno de la Comisión las presiones son duras por parte del Estado, el que a través del Ministerio de Minería quiere imponer la creación de empresas comunitarias por medio de un artículo en el que da rienda suelta a esta pretensión.
