Aseguran que la investigación sobre Caballo Blanco no se ha llevado a cabo conforme marcan los estatutos
Por: Luis Arturo Gayosso | 2012-03-15 | 13:40
Integrantes de la Alianza de Usuarios y Comunidades en Defensa del Río Nautla-Bobos, denunciaron «incompetencia política» de las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) delegación Veracruz.
Héctor Colío Galindo, aseguró que no recibieron el documento de evidencias de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (La Vida) contra el proyecto minero «Caballo Blanco» con responsabilidad.
«Primero nos dicen que el Delegado de la Profepa nos atendería, a recibir la notificación decían que bajaría el Delegado, baja un envidado diciendo que no bajaría porque tenía reunión con el sindicato, es una falta de respeto», apuntó.
Ante tal situación, el también integrante de La Vida, señaló que dichas acciones demuestran que la Profepa «no sabe qué hacer» ante la denuncia en contra del proyecto minero.
«Tienen que recibirnos pero tienen miedo de que la empresa encargada del proyecto Caballo Blanco se enoje, esto es la incompetencia política».
Colío Galindo, informó que la Ley les da un margen para el otorgamiento de pruebas, lo cual se puede realizar en la delegación, pero descartó que les hubiesen dado el número de averiguación, así como la fecha de inspección.
«Queríamos saber cuándo se hace la inspección y con qué número de averiguación se hace el expediente, la incapacidad de esta gente los incita a hacer este tipo de actos, están hablando a México y en México no saben qué hacer… son las presiones de la empresa».
En ese sentido, aseveró que los funcionarios del gobierno federal han dejado que se quebranten las leyes de protección al medio ambiente, debido a que han dejado de tener interés social.
«El funcionario ya es como un gerente, viene el sector privado, vienen de la derecha, que son conservadores que estaban en los bancos, en las empresas, ahora están del lado del escritorio social, no saben a quién representar si al pueblo que les paga, a las empresas que los corrompe o a la ley, se perdió la responsabilidad social, ya no son funcionarios sociales», culminó.
JB
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