La Paz  

El Sudcaliforniano 17 de mayo de 2012   Elías Medina P. La Paz, Baja California Sur.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente interpondrá denuncia penal en contra de quien o quienes resulten responsables por los delitos ambientales en una mina clandestina de tajo a cielo abierto en el Valle Perdido, a unos kilómetros del ejido El Rosario, en el municipio de La Paz, que estuvo operando durante varios meses, e iniciará una investigación interna para descartar que en este ilícito esté coludido personal de la dependencia, informó la delegada Laura Pimentel. En entrevista, la funcionaria señaló que un día después de que fueron colocados los letreros de cancelación del tajo a cielo abierto -el 4 de mayo- se presentó a esa oficina el propietario del terreno en mención, para denunciar que le habían invadido su predio en donde estaban extrayendo material con oro de un tajo a cielo abierto, aunque declinó dar a conocer el nombre de esta persona. Laura Pimentel aseguró que la Profepa no tenía conocimiento de la operación de esta esta mina clandestina y que aun cuando sea o no creíble la versión del propietario del predio, se tendrán que interponer las denuncias correspondientes, tanto de tipo civil, penal y ambiental, y que en todo caso el propietario del terreno también tendría responsabilidad. Vamos a investigar estos hechos, incluyendo a la minera Mexin y su planta La Testera, así como otras personas físicas y al propio dueño del terreno, abundó. En torno a los señalamientos de vecinos de El Rosario y San Antonio en el sentido de que la Profepa estuviera protegiendo a La Testera y afectando a minera Pitalla, a quien le clausuró los trabajos de exploración, Laura Pimentel refutó tales aseveraciones e informó que esta clausura tuvo como origen la negativa de la Semarnat a la solicitud de cambio de uso de suelo, y porque en una de las visitas de inspección se detectó desmonte en 9 hectáreas, el pasado 20 de abril. Sin embargo, en entrevista por separado, el delegado de esa dependencia, Marco Antonio González Vizcarra, aclaró que Pitalla sí cumplió con el aviso que la ley marca para dar inicio a los trabajos de exploración y que el cambio de uso de suelo solo aplica para la fase de explotación de la minería; no para esta etapa, en donde su manifestación de impacto ambiental está en proceso de análisis; aclaró que la dependencia a su cargo efectivamente negó a Pitalla el cambio de uso de suelo de forestal a minero, pero para su fase de explotación, reiteró. En entrevista por separado, Antonio Manríquez Riecke, presidente del comisariado del ejido San Antonio, hizo un llamado a las dependencias federales que tienen que ven con la regulación del medio ambiente, para que tomen en cuenta la opinión de la población local, particularmente la voz de los nativos de la región que tienen sus expectativas de mejorar sui nivel de vida con la llegada de esta actividad. A los pueblos mineros nos tienen marginados, no sabemos qué intereses oscuros hay detrás de todo esto, dijo. El hecho de que el proyecto pueda ser cancelado sería una verdadera desgracia, porque aún con la suspensión de la Profepa la minera mantiene con trabajo a cuando menos 30 familias de ese centro de población ejidal y nos siguen pagando a los 144 socios del ejido por el usufructo de nuestras tierras en esta fase de exploración. http://www.oem.com.mx/elsudcaliforniano/notas/n2544766.htm