Sergio Sarmiento Fernández
Es una de esas causas políticamente correctas que se ponen de moda. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió el 5 de octubre una recomendación en la que reclama a diversas dependencias la violación de derechos del pueblo wixárika.El movimiento #YoSoy132 ofreció en su grito alterno del 15 de septiembre una ovación al pueblo wixárika en resistencia por defender el lugar sagrado de Wirikuta. El 26 de mayo se llevó a cabo el Wirikuta Fest en el Foro Sol de la Ciudad de México con luminarias musicales como Julieta Venegas, Café Tacvba, Enrique Bunbury y Caifanes.
Se dice que una empresa extranjera viene a violar los derechos del pueblo wixárika al proponer una mina cerca de un punto de peregrinación. La verdad es que la tierra sagrada del pueblo wixárika, o huichol, se extiende por 140 mil hectáreas en San Luis Potosí y Zacatecas, mucha de lo cual está en manos privadas y tiene una explotación económica normal.
Son cinco los puntos de la ruta sagrada de los wixárikas desde San Blas, Nayarit, hasta Wirikuta en Real de Catorce, San Luis Potosí. Si realmente se quisiera impedir la actividad en ese polígono, se paralizaría la economía en una parte muy importante del país.
El cerro El Quemado, al que llega la peregrinación wixárika en Real de Catorce, se encuentra a siete kilómetros de la mina La Luz de Mineral Real Bonanza, propiedad de First Majestic Silver Corporation. Ésta es una empresa creada en México, pero que ha recurrido a inversión canadiense ante las dificultades de obtener financiación en nuestro país.
First Majestic es una firma respetada que se adhiere a todos los lineamientos éticos y ambientales de Canadá y México. Cuatro años ha sido considerada como empresa socialmente responsable por el Centro Mexicano de la Filantropía.
Su director operativo, el mexicano Ramón Dávila, fue nombrado “minero del año” este 2012 por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C. La mina San Martín en Jalisco recibió el Certificado de Industria Limpia de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa).
Las concesiones han sido obtenidas con apego a la legislación vigente. La zona ha sido minera desde hace 200 años. La última mina en el lugar dejó de operar apenas en 1991, cuando se desplomaron los precios de la plata.
Minera Real Bonanza ha cedido una parte de sus concesiones, 761 hectáreas, al gobierno federal para la protección de los sitios sagrados. La empresa cuenta con 4,976.69 hectáreas de las cuales solamente unas 100 serán utilizadas para la mina, que tendrá una operación subterránea.
La empresa sí llevó a cabo una consulta con líderes wixárikas, quienes accedieron a la mina. La empresa ha ofrecido la construcción de un centro cultural que promovería el turismo e incluiría una escuela de joyería y un taller de artesanías.
Los grupos opositores, sin embargo, están en contra de cualquier actividad minera. Piensan que puede haber un mundo sin minería. Algunos dueños de hoteles locales se han opuesto también por razones económicas. Pagan sueldo mínimo a su personal y lo emplean solamente los fines de semana.
La mina pagaría de tres a cinco veces el mínimo y los repartos de utilidades podrían ser muy importantes si se mantienen los actuales precios de la plata. Los hoteleros no quieren esa competencia.
El movimiento contra la mina se ha convertido en causa célebre. Nadie se atreve a presentar el otro lado de la moneda. La verdad, sin embargo, es que el proyecto es sensato y beneficiará a una zona que necesita inversión y empleos.
Impedir su operación no hará más que mantener a la región sumida en la pobreza. Y ésa es la peor violación a los derechos humanos y culturales.
POLICÍAS
La Procuraduría de Coahuila ha detenido a 39 elementos de la policía municipal de Acuña. Habrá que ver si esta decisión lleva efectivamente al esclarecimiento del homicidio de José Eduardo Moreira.
