* Es una burla, el anuncio de que se destinarán 60 millones para los municipios con extracción minera, considera

HERCILIA CASTRO /

Acapulco, 6 de noviembre. La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), respondió que el anuncio de los 60 millones de pesos destinados para obras en municipios con extracción minera, es la muestra del desprecio que el gobierno federal le tiene a los derechos colectivos, pues no se les toma en cuenta a pesar de lo que regula la ley.

A través de un comunicado, la organización puntualizó que el anuncio es la aplicación de lo dictaminado en las reformas estructurales con relación al cobro del 7.5 por ciento de las regalías mineras o derecho especial sobre minería y que por primera vez en la historia del país se le cobrará a las empresas mineras de capital nacional, extranjero y trasnacional que operan en México.

Además, de que un 0.5 por ciento adicional sobre los ingresos generados por la enajenación de oro plata y platino, este último sin deducción alguna y que supuestamente pagaran cada año.

Abundó que la instalación del Comité de Desarrollo Regional para las zonas Mineras, encabezado por encabezaron la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga y el gobernador Héctor Astudillo Flores, es un pequeño grupúsculo de quienes definen a los diferentes representantes de ese comité, pero excluyendo a los pueblos originarios donde se encuentra el mineral a explotar.

Criticaron las declaraciones del gobernador Héctor Astudillo, de que en Carrizalillo los dividió la riqueza pues no es verdad esa afirmación ”sobre todo porque usted conoce perfectamente que la violencia en la zona y en el estado y en toda la nación, se debe a la instalación del narco estado”.

“Sería un gran paso reconocer ello en vez de caer en las falsas visiones que ya ponderaba el gobernador anterior, porque a estas alturas ya está más que investigado el tema de la violencia en Guerrero como para que usted de manera fácil simplifique como causal de la violencia en Carrizalillo a la división comunitaria. Tenga respeto por los cerca de 70 asesinados en Carrizalillo que ni siquiera tienen un expediente abierto, los cuatro o seis desaparecidos que igual no existen en el Ministerio Público o de las decenas familias que han sido desplazadas y abandonadas a su suerte, además de las extorsiones, pagos de piso y demás canonjías que los grupos delictivos aplican gracias al apoyo que les proporciona el Estado, tal como lo han manifestado los propios habitantes de Carrizalillo”, enfatizó Rema.

Resaltaron que Astudillo Flores tiene una oportunidad histórica de reorientar la política del estado y empujarla desde una perspectiva social y participativa, así como dar la procuración de justicia que falta a la entidad.

Señaló que hay cientos de investigaciones sobre la minería y por ello en varios países ya se ha estado prohibiendo, al igual que en todo el país existen cientos de pueblos organizados que están defendiendo y definiendo sus territorios para que no entre.

“Esa minería denominada a cielo abierto, esa que usa cianuro de sodio, tal como la Gold Corp y la Torex Gold, lo hacen en el estado”, recordó.

Entre los datos, Rema mencionó que tan sólo el año pasado solamente la trasnacional minera Gold Corp dueña del proyecto llamado Los Filos y que opera en Carrizalillo y Mezcala extrajo más de 300 mil onzas de oro, además de una muy buena cantidad de onzas de plata que por cierto, no se reportan al fisco mexicano.

El valor de esas 300 mil onzas significó poco más de 4 mil 780 millones de pesos, apuntó.

Señaló que solamente la población de Carrizalillo gasta en promedio 27 millones de pesos anuales para medio atender los daños que les ocasiona la empresa Gold Corp, “aunque también deben saber que en algunos pobladores los daños a su salud son ya irreversibles y sobre los daños al ambiente ni al caso mencionarlos porque son devastadores”.