Por Martín Hernández Alcántara
Leonardo Duran Olguín
Por segunda vez en la historia de México, la lucha de pueblos indígenas en contra de empresas mineras será dictaminado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). No obstante, quienes defienden el territorio frente al embate de las compañías tienen poca confianza en que el máximo tribunal del país defienda los intereses de las comunidades.
Este fin de semana se supo que un Tribunal Colegiado de Apelaciones se declaró incompetente para definir sobre la apelación que hizo la Minera Gorrión -filial de la transnacional de origen candiense Almaden Minerals- del amparo que en primera instancia el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en el estado de Puebla otorgó a la comunidad de Tecoltemi, perteneciente al municipio de Ixtacamaxtitlán, contra la instalación de una mina a cielo abierto en ese territorio.
Dicho juicio de garantías mantiene desde abril suspendidas las actividades de Minera Gorrión, debido a que el Juzgado Segundo de Distrito consideró que Tecoltemi es una comunidad indígena nahua a la cual le fue violado su derecho a ser consultada sobre la instalación de la mina. – Anuncio –
Por tal razón las condiciones de consentimiento previo, libre e informado y determinando de las concesiones a Almaden Minerals “devienen ilegales, porque fueron otorgadas sin tomar en cuenta la opinión de la comunidad indígena afectada”.
La compañía apeló y en segunda instancia el Tribunal Colegiado de Apelaciones se declaró incompetente para conocer del asunto y lo turnó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Al respecto, Leonardo Durán, integrante del Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (Cotic), recordó que a finales de enero del presente año, la Corte avaló la constitucionalidad de la Ley Minera, al resolver un amparo que el Pueblo Maseual de la Sierra Norte, ubicado en los municipios de Tlatlauquitepec, Yaonáhuac y Cuetzalan, presentó en marzo de 2015 argumentando que la normativa viola sus derechos de autodeterminación y control de sus recursos naturales.
El defensor del territorio recordó como desde distintos sectores -académicos campesinos, líderes ambientales, sociales, culturales e incluso políticos y dependencias gubernamentales- dentro y fuera del país, se argumentó para convencer a los ministros de que la ley minera vigente es violatoria de los derechos de las comunidades, pero en la mayoría hubo oídos sordos.
Ahora, abundó en entrevista Leonardo Durán, es muy probable que la SCJN repita el yerro de enero y le dé la espalda a los pueblos indígenas nuevamente, esta vez negando el amparo de la justicia a la comunidad nahua de Tecoltemi.
